La paradoja de Aleuy

Una de las polémicas más publicitadas durante el último Censo fue el rechazo de algunos grupos de personas a participar del proceso. Y aunque todos coincidían en su repudio al actual gobierno, el origen de ese descontento variaba. En el caso de los pobladores de la Reina y de Santa Olga se trataba de cuestiones coyunturales: falta de agua potable y demora en la reconstrucción, luego de los incendios forestales, respectivamente. Para la comunidad autónoma de Temucuicui, en cambio, el Censo constituía “un instrumento más de sometimiento y asimilación hacia el Estado chileno de las comunidades mapuche”.

Se ha hablado ya, durante estos últimos días, sobre las cuestiones derivadas de la pregunta del Censo que indagaba en torno a la pertenencia a algún “pueblo indígena u originario”. Solo agregar un par de comentarios. Se agradece la referencia a “pueblo” en la encuesta, no obstante que la ley indígena nos defina como “etnias” o que para el Tribunal Constitucional aquello no nos alcance para reclamar autodeterminación política. Sin embargo, metodológicamente, ¿de qué sirve autoidentificarse como indígena en Chile? La respuesta más obvia nos dirá que los datos recogidos permiten elaborar políticas públicas para los pueblos originarios. Ok, está bien. El problema es que contando ya el Estado con estos datos -desde hace años- las políticas sugeridas, diseñadas e implementadas por los diferentes gobiernos, además de asimilacionistas, ni siquiera han atendido a dichas estadísticas para elaborar sus planes en la materia. Más bien, haciendo pasar el todo por la parte, han unificado el territorio chileno, y los distintos pueblos originarios que los habitan, para aplicar una política indígena elaborada en base a la particular realidad experimentada en algunas zonas rurales de la IX región, soslayando la evidente plurinacionalidad o que la mayoría de los mapuche, desde hace muchos años, nace y trabaja en la región metropolitana. Por otra parte, aunque derivado también de la autoidentificación indígena, está el notable aumento de quienes dicen sentirse tales, ya por solidaridad o aprecio por los pueblos originarios, o sencillamente por razones miserables. En este último sentido, conozco personas que una década atrás, estando en heredados puestos académicos y hasta de cierto poder, eran abiertamente discriminadores -clasistas, racistas, misóginos, etc.-, pero que ante la actual oportunidad de negocios que brinda la “cuestión mapuche” fueron a buscar su ascendencia indígena hasta lo más profundo de su árbol genealógico, y hoy -sin ningún pudor- le anuncian al mundo entero que también forman parte de un pueblo originario. Ni antes, ni hoy, tuvieron que lidiar con el racismo chileno, pero igual se declaran indios para todos los efectos legales. Bueno, será. El “mapuchómetro” nos habrá de juzgar.

Al margen de lo dicho, el Censo también vino a ponernos frente al espejo cuando el subsecretario Mahmud Aleuy, fría y hábilmente, sentenció: “la situación en el caso particular de Temucuicui es por decir lo menos sui generis, en cuanto a su conducta. Porque cuando se trata de recibir tierras, en el caso de ellos más de 1.200 hectáreas, o subsidios, beneficios estatales o instalaciones como postas o colegios como en el caso de esta comunidad, ellos no tienen ningún problema en tener un contacto con el Estado. Pero resulta que cuando el Estado o el resto del país requieren que se haga una operación de esta naturaleza como el Censo, ellos se restan”. La paradoja de Aleuy podría enunciarse así: “viven del Estado, pero no quieren ser censados”. Con esta declaración, el subsecretario puso el dedo en la aún abierta herida que dejó la guerra colonizadora y en donde el Estado reclama, por derecho de ocupación bélica, todo lo que existe sobre este territorio llamado Chile. Tierras y personas, todo. En la actualidad, aunque cueste asumirlo o entenderlo, es precisamente el Estado el que nos define como indígenas y dicta nuestras formas de vida. Evidentemente bajo su cosmovisión, su religión, su moral, sus leyes, su “chilenidad”. Fue Gendarmería la que obligó a parir engrillada a Lorenza Cayuhan. Son los carabineros quienes siguen violentando niños y jóvenes mapuche. Es el Ministerio Público y los tribunales de justicia quienes piden y decretan indiscriminadamente prisiones preventivas contra imputados mapuche. Sin embargo, es el mismo Estado chileno el que nos otorga subsidios de tierra y becas de estudio. Es la Defensoría Penal Pública la que asume la defensa de los mapuche, y es la misma Corte Suprema la que -reconociendo el racismo con que operó Gendarmería- acogió el recurso de amparo a favor de Lorenza Cayuhan y declaró: “así las cosas, se estima que en el caso sub judice hay una situación paradigmática de interseccionalidad en la discriminación, donde se observa una confluencia de factores entrecruzados de discriminación que se potencian e impactan negativamente en la amparada, pues ésta recibió un trato injusto, denigrante y vejatorio, dada su condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a la etnia mapuche”.

La paradoja denunciada por Aleuy nos empuja, a todos los mapuche que procuramos autodeterminación, a definirnos. Desconozco si la comunidad que acusa el subsecretario efectivamente usa aquel doble discurso, mas no por ello vamos negar que existen muchísimos indígenas que viven de las regalías estatales, clientelismo fomentado, por lo demás, por el mismo gobierno al que Aleuy representa. En efecto, son varios los mapuche, rapa nui, aymara, quechua, etcétera, que se han sumado al aparato estatal y muchos más lo que sueñan con ser parlamentarios, alcaldes o concejales “indígenas” a partir de su militancia en la Nueva Mayoría, en la Alianza y, últimamente, en el taquillero Frente Amplio. En verdad, es esta actitud la paradojal y que obliga a aquellos indígenas autodeterministas que militan en partidos políticos chilenos, y que disfrutan de sus cuotas de poder en la estructura estatal, a demostrar que esas formas de participación o “gobernaza local indígena” son también expresiones de autonomía. Para los autodeterministas que no buscamos acceder a algún escaño en el congreso, ni tampoco ostentamos cargos ni nos desempeñamos en la administración pública, la cuestión a resolver, en cambio, es si acaso las concesiones o beneficios estatales que recibimos o alguna vez hemos percibido constituyen justas “recuperaciones” o “reivindicaciones” frutos de largos años de lucha de nuestro pueblo, o si, por el contrario, son otra expresión más del clientelismo fomentado, durante las últimas décadas, por los gobiernos chilenos.

Avanzar hacia una auténtica autodeterminación mapuche implica hacerse cargo de aquello y, de paso, demostrar que la paradoja de Aleuy no es tal o, al menos, no aplica en estos casos. Es la única manera de justificar el eterno diálogo Estado chileno-pueblo mapuche, si no ¿para qué insistir en el cuento de la autonomía política y territorial? ¿por qué tentar con procesos constituyentes especiales para indígenas si, al final del día, la chilena es la única nacionalidad? Las paradojas, entonces, son muchas por eso que conformarse con preguntar si me siento chileno o mapuche no va a resolver la violencia actual, más aún si el diálogo se construye a partir del velado dogma que dice que nosotros vivimos en aisladas comunidades rurales y que basta un par de antropólogos para interpretar lo que anhelamos, y otro par de balazos para acallar a los más suspicaces y fastidiosos. Ante ese escenario, más efectivo resultaría cambiarse derechamente el apellido y enrolarse en algún movimiento obrero campesino o adscribirse en alguna batalla aspiracional citadina, y desde ahí reivindicar derechos, evidentemente en cuanto chilenos, no como indios. O, aun mejor, aceptar el “equilibrio” que propone el multiculturalismo, el interculturalismo u otras formas similares de paternalismo y patronato indígena, importar algún modelo canadiense o neozelandés, invitar a los indígenas a formar parte de las industrias extractivas y que el marco Ruggie nos ampare: win-win.