Tras demanda de la PUC por eliminación del AFI
La decisión de eliminar el aporte fiscal indirecto era un compromiso del Ejecutivo dentro del proyecto de ley de la reforma de Educación Superior que se ingresará en junio. Ahora, este acuerdo que considera una cantidad de recursos para que las universidades que conforman el Consejo de Rectores puedan recibir financiamiento abre una nueva arista en la principal promesa de gobierno de Michelle Bachelet.
En enero del presente año la Universidad Católica demandó al Estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por la no incorporación en la Ley de Presupuestos del año 2017 de los fondos para el otorgamiento del aporte fiscal indirecto (AFI).
Con ocasión de dicha demanda, se inició una serie de conversaciones entre los Ministerios de Educación y de Hacienda, por un lado, y la referida Casa de Estudios por otro, y este martes han informado su aprobación al compromiso del Ejecutivo de ingresar al Congreso, durante junio, un proyecto de ley que considere una cantidad de recursos para que las universidades puedan recibir un aporte fiscal indirecto.
Asimismo, han tomado la decisión de eliminar el AFI como mecanismo de financiamiento a la educación superior, iniciativa que era hasta ahora parte del proyecto de ley de la reforma de educación superior que se encuentra en discusión en el parlamento.
Además, esta definición, en la que ha tomado parte el Ministerio de Hacienda, revoca el fantasma del poder que tiene el ministro Valdés y el rol que este ha jugado en la reforma a la Educación Superior, «el que ha sido de constantes cortafuegos a las propuestas que intentan erradicar el mercado de la educación», señala una fuente desde el Congreso.
Cabe mencionar que el acuerdo entre la PUC y el ministerio de Hacienda se da en el marco de una serie de compromisos que obtuvieron los rectores de universidades estatales con el Mineduc, en el que se determinó el ingreso de un proyecto de reforma especial para las instituciones estatales, el cual prontamente debía ser ingresado al Senado, acuerdo del que quedaron fuera las instituciones del G9, conformado por universidades tradicionales privadas, una jugada que causó descontento entre los rectores de dicha institución, que ha sido dirigida históricamente por el rector Ignacio Sánchez.
«Lo que no me queda claro es si es sólo para este presupuesto, porque señala que es para esta ley, pero marca un precedente en el marco de la reforma a la Educación Superior», señaló Marjorie Cuello, especialista en Educación Superior de Fundación Crea.
Por su parte, el Ejecutivo se refirió al conjunto de instituciones de educación superior que conforman el Consejo de Rectores, y reconociendolas como un aporte, señaló que como tal «requieren apoyo financiero, el que se seguirá otorgando sobre la base de criterios generales que garanticen de manera efectiva la promoción de la calidad y eficiencia del sistema de educación superior. En particular, creemos que es importante, a partir del próximo Presupuesto de la nación, evitar restricciones que puedan afectar la distribución de recursos del Convenio por Desempeño hacia universidades específicas».
La especialista de Fundación Crea señaló que «se comprende y nadie niega el aporte de la universidades tradicionales o de las universidades estatales del CRUCH al desarrollo de la educación superior chilena, sin embargo, la restitución de un aporte indirecto que no tenga relación con un proyecto de financiamiento de las universidades del estado o aquellas universidades mixtas, es una solución compleja. Creemos que este tipo de aportes lo que hace es fomentar la competencia entre instituciones y no necesariamente vela por la calidad de la educación».
«Un aporte indirecto que sede a las presiones además de la PUC es una mala señal en la lógica del fortalecimiento de las universidades chilenas», concluyó Cuello.
