En su cuenta pública, la jefa de Estado dijo que se trata de un entramado que «lesionó la fe pública, el buen nombre del servicio público y de la actividad empresarial”, y dio cuenta de las medidas adoptadas por su gobierno para no esconder estas irregularidades «debajo de la alfombra».
El tema de la corrupción no estuvo ausente en la última cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet, quien recalco la decisión de su administración de “no esconder bajo la alfombra” las malas prácticas derivadas del “abusivo entramado entre política y negocios”, el que “lesionó la fe pública, el buen nombre del servicio público y de la actividad empresarial”.
“Esta grave situación no acepta postergaciones ni arreglos a medias. Exige respuestas contundentes, que vayan a la raíz de los problemas, que nos permitan reconquistar la confianza de la ciudadanía. Y así hemos actuado: con la profundidad y decisión que requería la situación. No hemos aceptado que se esconda la basura debajo de la alfombra”, sostuvo.
Ante esto recordó que “convocamos a inicios del 2015 una comisión asesora presidencial imparcial y transversal, la llamada Comisión Engel, que propusiera nuevas reglas para una mejor democracia, y que, derechamente, pusieran freno a la corrupción en el ámbito público y privado”.
Dijo que ese trabajo sirvió para la elaboración de la Agenda de Probidad y Transparencia en la Política y los Negocios. “Hemos implementado casi todas sus medidas. Y ya vemos resultados que permitirán frenar la corrupción, y castigar severamente las faltas a la fe pública. Ya hemos promulgado 9 leyes y hay 7 más en trámite, además de múltiples medidas administrativas que ya están operando”, detalló.
Bachelet agregó que además de elevar las exigencias a la función pública, “hemos fortalecido el sistema de Alta Dirección Pública, reduciendo los cargos de exclusiva confianza y contribuyendo a la profesionalización de nuestro Estado”, y también “establecimos nuevas reglas para los partidos políticos, en especial nuevas exigencias de democracia interna y normas de financiamiento para su funcionamiento y para las campañas, con lo cual dejamos fuera a las empresas. Porque llegó el tiempo de separar definitivamente la política de los negocios; la opinión de los ciudadanos debe medirse en votos y no en plata”.
