Natalia Compagnon es una de las principales imputadas junto a su ex socio Mauricio Valero. La decisión del fiscal se conoce pocos días después de abrir una causa paralela contra el síndico de quiebras Herman Chadwick y el operador inmobiliario Juan Moya, y de suspender condicionalmente el procedimiento de otros cuatro imputados.
El Ministerio Público solicitó el cierre de la investigación del caso Caval, que estalló el verano de 2015 cuando salieron a la luz pública las gestiones de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet que le permitieron obtener un millonario crédito de 10 millones de dólares junto a su socio, Mauricio Valero, para la obtención de predios en Machalí, y cuya reventa, con la promesa de que el uso del suelo dejaría de ser agrícola, le significó a dicha sociedad una ganancia de alrededor de tres mil millones de pesos.
El escándalo significó la salida del hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, y se tradujo en una importante baja de la popularidad de la actual administración.
La solicitud de cierre la presentó el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, ante el Tribunal de Garantía de esa ciudad. En esta causa Compagnon está formalizada por el supuesto delito de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas. También ha sido investigada por uso de información privilegiada y tráfico de influencias. Y aunque Dávalos no ha sido imputado, la Corte de Apelaciones rechazó hace pocos días otorgarle el sobreseimiento definitivo.
El anuncio se conoce pocos después que Moya separara el caso y abriera una nueva causa conta el gestor inmobiliario Juan Díaz y el síndico de quiebras Herman Chadwick, quienes ya estaban formalizados por delitos tributarios reiterados. Este último irá a juicio oral tras negarse a un juicio abreviado que lo habría convertido en el primer condenado en este caso.
Ambos, en representación de la familia Weissner Rifart, fueron los encargados de vender en $6.500 millones los terenos a Caval que posteriormente fueron revendidos en $9.500 millones.
El fiscal también había resuelto no perseverar en el procedimiento contra de Pauline Besserer Esquerrer, imputada por infracción al Código de Comercio, y de Daniel Huerta Cordero, imputado como encubridor de infracción a la ley de quiebras. Asimismo, el Juzgado de Garantía de Rancagua acogió la solicitud de Moya para la suspensión condicional del procedimiento contra los también formalizados Pablo Ovalle Andrade, Andrés Orchard Vergara, Mariclara González Lozano y Patricio Cordero Barrera.
