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Con votos de la oposición el Gobierno espera despachar la iniciativa a fines de septiembre

Otro proyecto de Educación al banquillo: desmunicipalización en la medida de lo posible

por 13 septiembre, 2017

Otro proyecto de Educación al banquillo: desmunicipalización en la medida de lo posible
Los principales nudos que complican la aprobación del proyecto apuntan a que no elimina el sistema de voucher, además de implementar la reforma en un “largo periodo”, que podría abrir una brecha entre los estudiantes que van a colegios bajo el nuevo sistema y los que se mantendrán en el actual. Para el año 2021, solo se habrán implementado 11 de los 70 “Servicios Locales” que considera la iniciativa en total. A esto, se suma la posibilidad de que los municipios con buena administración puedan restarse del proceso de reforma, generando un sistema público híbrido entre colegios municipales y otros dependientes del nuevo sistema. Un panorama que –según algunos especialistas– solamente beneficiaría a los colegios particulares subvencionados y profundizará la crisis del sistema.

El proyecto de “Desmunicipalización de Colegios y Fortalecimiento de la Educación Pública” parece estar en su recta final. La Moneda dio como plazo máximo para su aprobación la última semana de septiembre, tarea que al interior del Congreso parece compleja, ya que parte importante de los diputados oficialistas rechazarían una serie de modificaciones que abrirían la puerta a no terminar con el sistema municipalizado de la educación, las que fueron aprobadas este martes en la Cámara Alta.

El proyecto lleva dos años en un complejo proceso de tramitación en el Parlamento. Ha recibido críticas por incorporar la mirada economicista global del proceso, y por mantener la lógica del voucher y perpetuar el sistema de oferta y demanda en la educación pública. Además, desde el Colegio de Profesores plantean que este proyecto no se hace cargo de mejorar la calidad de la educación, sino que solo fija su atención en la administración del sistema.

La ley tiene como objetivo crear un Sistema Nacional de Educación Pública, con “organismos altamente especializados”, llamados Servicios Locales de Educación, los que administrarán los colegios y que inicialmente serían implementados en “un proceso gradual de instalación de seis años”. Tras la intervención del Ejecutivo, por medio de una indicación presentada en la Comisión de Educación del Senado, el proceso de implementación se aplazó y cambió desde tener 70 servicios implementados para el 2015, a comprometer 11 para fines del 2022, con un ítem de “revisión” en el año 2021, lo que abriría una puerta a que la desmunicipalización fracase, según señalan los especialistas.

A principios de agosto, la denominada “cocina del Senado” volvió a operar. La ministra Adriana Delpiano ingresó a la Comisión de Educación una serie de indicaciones que, además de aplazar el proceso de implementación de la desmunicipalización, permiten que los municipios –que cumplan ciertos requisitos– mantengan la administración de los colegios públicos. Cambio que, según fuentes del Congreso, fue producto de un acuerdo con la derecha, para asegurar su aprobación en el Senado y en una posible Comisión Mixta.

Pacto que, a juicio de los senadores de la Nueva Mayoría, fue realizado a sus “espaldas” con la oposición. “Hubo un acuerdo del cual yo no fui parte”, indicó el senador Jaime Quintana, en la sesión de este martes en la Cámara Alta. La única mano amiga que encontró el acuerdo fue de senadores de la Democracia Cristiana: Ignacio Walker aprobó y respaldó la iniciativa en la Comisión de Educación, misma línea que siguieron los senadores falangistas en la votación en Sala.

Para gran parte de la bancada de la Nueva Mayoría los cambios marcan un “desdibujamiento de la reforma”, implementada en un proceso “en extremo gradual”, el que comenzará a implementarse en el año 2018, con la creación de un Servicio Local que incluirá a las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, además de un Servicio Local en la Región de Coquimbo, el que comprenderá a las comunas de Coquimbo y Andacollo.

Para el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, este aplazamiento en su implementación intensifica aún más la brecha educacional en Chile, debido a que, además de la competencia con los colegios particulares subvencionados, habrá una competencia entre los colegios públicos que sean parte del nuevo sistema y los que no. Aguilar sostiene que “evidentemente el acuerdo del Gobierno con la derecha es el más claro reflejo de la vieja política, en que unos pocos deciden entre cuatro paredes. El Gobierno tenía mayoría parlamentaria, la campaña decía 'un Parlamento para Bachelet', pero mire, usted, en lo que ha terminado: pasando por encima de sus propios parlamentarios y negociando con la derecha”.

Para gran parte de la bancada de la Nueva Mayoría los cambios marcan un “desdibujamiento de la reforma”, implementada en un proceso “en extremo gradual”, el que comenzará a implementarse en el año 2018, con la creación de un Servicio Local que incluirá a las comunas de Lo Prado, Cerro Navia y Pudahuel, además de un Servicio Local en la Región de Coquimbo, el que comprenderá a las comunas de Coquimbo y Andacollo.

El senador socialista Carlos Montes tampoco vio con buenos ojos el acuerdo con la oposición e indicó que el proceso de implementación “requiere más densidad”, pero que sea “más consistente con nuestros objetivos de una nueva educación pública”. El senador PS recalcó que la implementación de la Comisión Revisora “va a depender del próximo Gobierno”, lo que pone en jaque la finalización del proceso de desmunicipalización. Por su parte, el senador Jorge Pizarro, miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que estuvo de acuerdo con “la perfección de la gradualidad”, ya que “es importante tener conciencia de los problemas que vamos a tener en el proceso de implementación”.

Para la senadora Ena von Baer (UDI), “la gradualidad es buena noticia”, pues da un espacio para revisar el proceso de implementación. “Al final del próximo Gobierno va a haber una evaluación y una Comisión Evaluadora, es una buena noticia para Chile que no se aplique una política pública sin evaluación”, comenta. Aunque explica que “hay temas que no tienen claridad en el proceso de gradualidad”, principalmente respecto a las deudas y los inmuebles adquiridos por los municipios para las escuelas.

Para el presidente de Educación 2020, Mario Waissbluth, este “es un proyecto esencial, que está bastante bien formulado y que debiéramos esperar que se tramitará relativamente rápido en el Congreso”. Respecto a su implementación, señala que “a nosotros nos bastaría con que el próximo año se iniciara en dos servicios de los 70, de manera de poder ir graduando y calibrando en el camino. No por mucho madrugar se amanece más temprano en temas de educación”, apunta.

Una mirada distinta tiene el doctor en Educación y académico de la Usach, Jaime Retamal, quien califica al proyecto como “bodrio neoliberal”. Más allá de las críticas a la forma de implementación de la iniciativa, el especialista asegura que “el proyecto debe ser rechazado y debe ser replanteado nuevamente”, al tiempo que añade que “es una simple reforma gerencial, de management, de cambio de gestión, desde una municipalidad a un ente con más brazos técnicos y operativos”.

Reviviendo la sombra de la desmunicipalización

A pesar de que el proyecto logró ser aprobado en el Senado con los votos de Chile Vamos y la Nueva Mayoría, en la Cámara se pinta un panorama distinto. Gran parte de los diputados oficialistas afirman que el proyecto “fue destrozado en el Senado” y se quebrantó el principio básico del mismo: terminar con la desmunicipalización, razón por la cual comunistas, radicales, socialistas y militantes del PPD podrían rechazar los artículos del Ejecutivo, incluidos en el Senado. Todos, “salvo la DC, se opondrán a este negociado”, asevera un diputado oficialista.

Misma línea de rechazo que seguirá la bancada frenteamplista. El diputado Giorgio Jackson (RD) estima que “se puso en duda el hecho mismo de que se llegue a desmunicipalizar, habiendo algunos municipios que se resten del proceso y abriendo la puerta a que esto quede a la mitad del camino el año 2022, lo que me parece que es un atentado a los principios del proyecto”.

El ítem que causó mayor molestia fue la reversión del artículo décimo, sobre la “Postergación del traspaso del servicio educacional”, una opción que –según los parlamentarios– solo beneficia “a los municipios con mayor poder adquisitivo, los más ricos y deja en desventaja a los que cuentan con menos, que son los que concentran a los estudiantes más vulnerables”. En este articulado, el Ejecutivo estableció que “una municipalidad o corporación municipal podrá solicitar al Ministerio de Educación que el servicio educacional de su comuna no sea traspasado al Servicio Local”, siempre y cuando “a lo menos el 60% del total de establecimientos a su cargo presente niveles educativos ordenados como de desempeño alto o medio alto”.

Además, la municipalidad o corporación municipal debe estar “dentro del 30% de mejor desempeño a nivel nacional” y no registrar “obligaciones previsionales impagas respecto de los profesionales de la educación, asistentes de la educación o personal de apoyo y administración educacional de su dependencia”, por un monto superior a las 400 UF dos años antes de que se presente la solicitud.

Por otra parte, la deuda del municipio, ocasionada por la prestación del servicio educacional, no debe superar el 5% de los ingresos anuales por concepto de subvenciones escolares y aportes del Estado para el mismo año de la solicitud. Todos, requisitos que fueron aprobados por la comisión, salvo por los senadores Montes y Quintana.

Según el académico de la Escuela de Educación U. Mayor, David Torruella, “es innecesario que aquellos municipios que brindan garantía se traspasen al nuevo sistema, debido a que logran los propósitos del espíritu de la nueva normativa, ya que cumplen con los requisitos para una buena administración municipal como sostenedores educacionales, lo que se evidencia en la eficacia o efectividad, no solo en alcanzar altos puntajes en pruebas estandarizadas, sino en una verdadera educación integral, tan necesaria para las personas en estos tiempos”.

Por el contrario, Darío Vásquez, vicepresidente del Colegio de Profesores, sostiene que con este cambio “la derecha logró desnaturalizar más el proyecto”. “Estos proyectos deberían tener cierta globalidad, pero lo que importa para el Gobierno son las metas (...). El gremio tendrá que asumir los costos, ya que es un modelo que no da una nueva educación pública”. Para el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, se optó por el “peor de los caminos, porque lo que usted va a tener es un híbrido de educación pública”, a la vez que cree que “los requisitos para no entregar colegios son ambiguos y genéricos”.

“Se van a generar municipios indolentes con sus colegios, porque los van a tener que entregar en unos años y los colegios terminarán en un estado en total desatención, como está ocurriendo en este momento. Es el peor de los mundos. Se optó por un acuerdo con la derecha, que es la desnaturalización de un proyecto que ya no era bueno”, agrega Aguilar.

La misma preocupación que plantea el senador Montes, quien se pregunta qué es lo “que va a pasar con los municipios que no entren en la transición, cómo se va a asegurar a los niños que están recibiendo una buena educación. Hemos pasado años con un sistema que ha perjudicado a los niños más vulnerables y seguiremos así”.

Perpetúa el voucher y desconfía de la comunidad

Otros de los puntos que conflictúan la tramitación del proyecto de Nueva Educación Pública tiene que ver con la participación de los distintos actores de la educación en su formulación. A juicio del dirigente del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, este “es un proyecto inconsulto, en donde no ha habido ninguna voluntad del Gobierno para sentarse a hablar”.

Además, la iniciativa deja afuera la participación vinculante de las comunidades educativas en el proceso de definición de proyecto de los colegios. Inicialmente, la propuesta de ley establecía la “pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos y participación de la comunidad”. Señalaba que “en la formulación y desarrollo de los proyectos educativos de los establecimientos educacionales se deberá garantizar y promover la participación vinculante de las comunidades educativas, asegurando el derecho a la información, organización y expresión de sus opiniones en los asuntos que les afectan, de conformidad a la legislación vigente”. Tras su paso por el proceso legislativo, se eliminó el término “vinculante” y pasó a ser “consultivo”.

Según Retamal, el gran conflicto “es que el proyecto no cree en las comunidades escolares, en las capacidades de sus profesores y sus directores, que en trabajo comunitario y colectivo con los padres y apoderados pueden gestionar con calidad un establecimiento escolar”, lo que quedó en evidencia con el cambio en el articulado.

Además, el proyecto perpetúa la lógica del voucher, del financiamiento en torno a la oferta y demanda de matrícula, pues de esta seguirá dependiendo la cantidad de recursos que reciba cada establecimiento educacional. Según el senador Montes, es posible que el mismo Mineduc deba recurrir a “la Ley de Presupuesto” para financiar el proceso de desmunicipalización.

El diputado Jackson enfatiza que la iniciativa “no incluye al sistema de financiamiento y, por lo tanto, no permite que haya un real fortalecimiento a la Educación Pública”. Por el contrario, sostiene, la reforma solo dejaría un espacio abierto para los establecimientos particulares subvencionados. De esta forma, el proyecto “tendrá un impacto menor en el desangramiento que sufre hoy la Educación Pública, debido y a causa del mercado de la educación particular subvencionada, la gran ganadora con las reformas de Bachelet”, manifiesta el especialista Jaime Retamal.

A juicio de Darío Vásquez, “debe terminarse con el sistema de financiamiento por voucher”, ya que “desata una competencia brutal entre los colegios y ha traído el éxodo de estudiantes del colegios públicos hacia los colegios particulares subvencionados”. Esto ha significado que menos de un 35% de la matrícula se concentre en el sector público, mientras que el 60% está en el sector particular subvencionado. Agrega que no existe un cambio estructural a nivel de administración y financiamiento, puesto que mantiene la figura del sostenedor. “Las reglas del juego no cambian en absoluto”, sentencia.

Aprobación con la oposición

Frente a la inminente posibilidad de que el proyecto pase a Comisión Mixta, ante el eventual rechazo de los diputados oficialistas en algunos articulados, en La Moneda empiezan a contar votos y sacar cuentas para la conformación de este espacio.

De acuerdo a fuentes del Congreso, el oficialismo necesita el apoyo de la oposición, el voto de un senador de la Nueva Mayoría, “que a todas luces podría ser Ignacio Walker”, además del respaldo del representante oficialista de la Cámara para sacar adelante el proyecto en la Comisión Mixta.

El problema estaría en el diputado que forme parte de este espacio, toda vez que “si es un DC, es claro que se cuadrará con lo resuelto en el Senado. Pero si se resuelve llevar a otro diputado de la Comisión de Educación, es posible que el proyecto quede trabado en la mixta”, explica un parlamentario de la Nueva Mayoría.

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