Lucrativa martingala legal que benefició a cientos de civiles y uniformados está bajo sospecha
Desde hace 20 años, personal civil de la institución ha ganado en tribunales el derecho a ser indemnizado con importantes sumas de dinero, gracias a la gestión del abogado Juan Badilla, ex oficial de la policía uniformada y compañero de promoción de Gordon. Precisamente los testimonios de los involucrados en el fraude cuestionan la cantidad y celeridad de pagos efectuados por esta vía durante su mandato, incluidos dineros a su esposa.
“No es efectivo, eso es una mentira, nunca influí en nadie para que se hiciera algo. Esos son malos comentarios. Lo que sucedió es que el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, fue modificado durante algún período, en el cual se procedió a discutir por muchos funcionarios ya retirados el tema de ‘asimilación de grado’, por lo que legítimamente, las personas que se sentían afectadas por ello, podían recurrir a la vía administrativa o judicial. Por ello, es que mi cónyuge –y muchas personas más de diferentes profesiones–, se asesoró y solicitó vía procedimiento judicial, el reconocimiento de este derecho. Un tribunal de la República lo reconoció y se cumplió, pero por ser una resolución judicial de la Corte Suprema”.
Eduardo Gordon, ex general director de Carabineros –entre junio de 2008 y septiembre de 2011–, declaró ante el fiscal Eugenio Campos, el 26 de mayo, a pocas semanas de conocerse el fraude al interior de la policía uniformada, que todavía no se calculaba en los $25 mil millones de la actualidad. Gordon reiteró que nunca tuvo ninguna señal de que hubiera malversación, asegurando que todo el trabajo contable se hacía en la Dirección de Finanzas, a cargo del entonces general Iván Whipple, imputado en el caso. Además, reconoció que luego de tomar el mando de la institución, tras la muerte de José Bernales, decidió mantener a Whipple en el mismo puesto que ocupaba como gesto de confianza. Pero insistió en que nunca supo de un grupo de oficiales concertados para vulnerar los controles financieros.
De lo que sí reconoció estar al tanto, es del mecanismo que describe en su declaración. Mediante un diseño legal, casi 1.500 personas han sido compensadas económicamente por Carabineros, quienes –como explicó Gordon– son funcionarios civiles beneficiados con una “asimilación de grado” respecto del personal uniformado y, a partir de una resolución judicial, la institución les ha pagado legalmente importantes sumas de dinero.
Entre los beneficiados está su esposa, María del Pilar Orduña, quien fue enfermera de Carabineros y dejó su puesto en 2005, cuando Gordon asumió como subdirector.
No fue casualidad que el fiscal Campos abordara este tema con Gordon, consultándole si había influido en alguien para que los pagos, por dicha vía legal, se activaran más rápido.
Semanas antes, en una declaración el 3 de abril de este año, el coronel Rodrigo Orellana Cabello –hoy formalizado en el caso– describió el apuro del general Whipple para que se pagara un cheque asociado a un dictamen judicial de este tipo y mencionó a Gordon:
“En 2011, me llamó el general Whipple a su oficina y me ordenó que girara un cheque a nombre de un abogado que estaba patrocinando a varios funcionarios, no recuerdo si el monto fue 9 o 19 millones. En esos momentos, el general Whipple recibió un llamado telefónico y comenzó a hablar con una persona a la que se refería como ‘Lalito, Usía’, yo asumí que estaba hablando con el general director de la época, el general Gordon. Ahí el general Whipple le dijo que estaba hablando con el mayor que sacaría el cheque, o sea, yo. Entonces el general Whipple me ordenó que girara el cheque con cargo a la cuenta de desahucio, yo le representé que con qué respaldo y él me insistió. En definitiva giré y firmé el cheque, documento que por intermedio del ayudante pasó a la firma del en ese entonces coronel Echeverría, desconozco en definitiva a quién le pasaron el cheque”, aseguró Orellana.
El abogado al que alude el coronel es Juan Badilla Drago. El 31 de agosto del año pasado, en representación de nueve personas, Badilla pidió a Bruno Villalobos, general director de Carabineros, a través de un recurso de protección, que se reconozcan a nueve funcionarios civiles de la institución los mismos beneficios económicos del personal uniformado que tiene grados equivalentes. Badilla fundamentó su petición en 73 sentencias anteriores, que desde hace 20 años han favorecido a 1.423 personas en la misma situación. A través de este diseño judicial, los beneficiados han recibido entre 30 y 40 millones de pesos cada uno. Esto, según cálculos extraoficiales al interior de la policía uniformada.
En el recurso, Badilla se queja de que el general Villalobos ha omitido responder a una carta en la que, semanas antes, le recordó que estos beneficios para el personal civil están dispuestos en el artículo 6 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y ha sido precisamente esta disposición, con efecto retroactivo, la que ha permitido, en la práctica, ganar la gran mayoría de los recursos, que –de acuerdo a este diseño legal–se presentan en bloque para luego repartir el dinero conseguido.
Badilla Drago sabe de lo que habla. Desde que la Corte Suprema aceptó el criterio de equivalencia entre civiles y uniformados de Carabineros, el 3 de diciembre de 1996, su diseño para obtener el pago desde la policía uniformada ha sido exitoso. Antes de ser abogado, Badilla fue carabinero y egresó en la misma promoción que Gordon.
Según las cifras que se calculan al interior de la institución, Badilla a lo largo de estos años ha recibido en honorarios ocho mil millones de pesos. A sus clientes les exige el 30% de lo ganado.
El general Flavio Echeverría, señalado como uno de los participantes más activos del fraude, se refirió a estos pagos durante el mandato de Gordon en su declaración ante los fiscales Miguel Ángel Orellana y Patricio Macaya:
«Desde mi punto de vista había dos situaciones irregulares. La primera tiene que ver con los altos montos pagados a los abogados por parte del departamento III Tesorería y remuneraciones, quienes defendían en tribunales a ex funcionarios de Carabineros que presentaban disconformidad con sus remuneraciones percibidas durante los años de servicio, en comparación a otros de su mismo grado y de otros escalafones (Artículo 6). El criterio de pago lo aplicó la Dirección Nacional de Personal y fue para ciertos grupos con prescripción de cinco años y para otros grupos sin prescripción. Los antecedentes se encuentran en la contabilidad de esos años”, manifestó Echeverría.
[cita tipo=»destaque»]El abogado al que alude el coronel es Juan Badilla Drago. El 31 de agosto del año pasado, en representación de nueve personas, Badilla pidió a Bruno Villalobos, general director de Carabineros, a través de un recurso de protección, que se reconozcan a nueve funcionarios civiles de la institución los mismos beneficios económicos del personal uniformado que tiene grados equivalentes. Badilla fundamentó su petición en 73 sentencias anteriores, que desde hace 20 años han favorecido a 1.423 personas en la misma situación. A través de este diseño judicial, los beneficiados han recibido entre 30 y 40 millones de pesos cada uno. Esto, según cálculos extraoficiales al interior de la policía uniformada.[/cita]
Un testimonio clave en relación con este asunto es el de Nelson Valenzuela, mayor de Carabineros que implementó el software de pagos en la institución y que posteriormente participó del fraude. Valenzuela aseguró a los fiscales que, en su llamado a retiro de la institución, influyó el hecho de que cuestionara los pagos mediante el diseño del abogado Badilla:
«Un grupo de 50 personas demandó a Carabineros por el reconocimiento de este artículo 6. A mí se me dio la orden de pagar todo retroactivo, pero yo era de la opinión contraria, de que solo se debían pagar los últimos cinco años. Eso nunca fue entendido, lo que me desgastó mucho, sosteniendo reuniones en las que traté de convencer al mando, entre ellos al general Gordon, que eso no era lo debido, me daba rabia que se pagara todo, ahí debía aplicar la prescripción civil de este beneficio, pero no se entendía. Me daba pena que se estaba botando plata con este artículo 6”, declaró Valenzuela a los fiscales.
Valenzuela, que conocía a la perfección el sistema informático, admitió además que en un momento estos pagos fueron duplicados por error y el dinero debió ser restituido.
“Dentro de ese mismo tema, recuerdo que en un momento se pagó dos veces, pero también reconocer que se produjo el reintegro”, afirmó.
Este episodio del pago duplicado lo menciona también otro de los imputados, el ex coronel Arnoldo Rivero, quien reconoció haber sustraído unos 300 millones desde 2004, cuando Valenzuela les propuso abultarse los sueldos a través de las planillas a las que el policía con conocimientos de informática tenía acceso.
Rivero detalló a los fiscales cómo fue que se generó el pago duplicado a los funcionarios civiles, ocurrido a mediados de 2010:
“En una oportunidad se dispuso que había que pagar unos reintegros de dineros a médicos, enfermeros, oficiales de secretaría, etc. A esto se le denominaba el pago del artículo 6to, a raíz de un fallo legal que dispuso esos pagos. Entonces el mayor Valenzuela ideó el pago por intermedio del nuevo sistema que él había diseñado. Yo autoricé este pago y de esa forma entonces, luego y por algunos reclamos, me percaté que muchas personas recibieron el pago duplicado. Entonces le dije al mayor Valenzuela que había quedado la escoba, y que reuniera a las personas que habían recibido pagos de más, para explicarles que tenían que reintegrar los dineros, me reuní con ellos y luego de explicarles comenzaron a reintegrar, los dineros comenzaron a ingresar a la cuenta de reintegros, producto de esto el general Whipple me trasladó y llegó el coronel Luis Torres Rebeco. A mí me relegaron a una oficina en la que prácticamente no hacía nada”, reconoció Rivero.
También en el año 2010 ocurrió el episodio que obligó a Gordon a declarar nuevamente ante la Fiscalía, el 17 de julio. Se trata de la fiesta de Navidad para ese año, que dejó un saldo de poco más de 21 millones que fueron objetados por la Contraloría. El general Jorge Serrano, encargado entonces de Asuntos Públicos, pidió un préstamo a la propia institución por el total de ese monto y lo reintegró antes de que comenzaran procedimientos administrativos en su contra, en junio de 2011. El 21 de ese mes, el general Eduardo Gordon le dio un cheque que Serrano depositó de su cuenta personal, por un total de $21.703.000, según publicó The Clinic. Gordon, como trascendió de su declaración, le señaló a la Fiscalía que restituyó el dinero a Serrano porque “encontraba injusto” que asumiera la deuda.
Ambos oficiales, Gordon y Serrano, se conocen desde que fueron parte del staff académico de la Escuela de Carabineros, donde el primero fue director. Durante el período de José Bernales a cargo de la dirección de Inteligencia, en 2003, Serrano trabajó bajo su mando en la sección de Asuntos Internos, encargada de detectar a los Carabineros que comenten delitos. Gordon, en tanto, era el general a cargo de la zona policial en la Región de Valparaíso.
Una vez que el coronel Arnaldo Rivero fuera removido después del episodio del pago duplicado a los funcionarios civiles, asume como director de Finanzas y Contabilidad el coronel Luis Torres Rebeco.
El retraso en el pago a los clientes de Badilla, en la práctica la ejecución del dictamen judicial, también le significó a Torres ser removido a otro puesto.
En su declaración del 26 de mayo, el oficial, actualmente en retiro, detalla lo siguiente:
“En el mes de marzo o abril, no recuerdo muy bien la fecha, llegó un dictamen judicial, el cual disponía el pago de remuneraciones no percibidas por personal civil que cumplía y cumplió funciones dentro de Carabineros, por lo cual fui citado por el general Whipple a su oficina, el cual me preguntó cuándo se haría efectivo dicho pago, para lo cual consulté al mayor [Nelson] Valenzuela, quien estaba a cargo de realizar los cálculos respectivos para dicho proceso, el cual me indicó que estaría en condiciones de ejecutarlo a fines del mes de mayo, eso fue lo que le informé al general Whipple”, afirmó Torres.
Y continúa detallando el enojo de Whipple por el atraso en el pago:
“Posteriormente, a una semana de que se cumpliera el plazo para realizar el pago respectivo, solicitándose la información faltante a los estamentos involucrados, determinándose como nueva fecha de pago el mes de junio. De lo anterior fui personalmente a poner en conocimiento al general Whipple, el cual se ofuscó y me llamó la atención, aduciendo que la primera información ya la había entregado a la jefatura superior, desconociendo los motivos de su reacción (…) el pago definitivo se realizó entre los meses de junio y julio de ese año. A posterior de esta situación me comentan que el general Whipple manifestó que me trasladaría del Departamento de Finanzas, por no haber dado el ancho como jefe de repartición, estamos hablando del mes de junio, es decir, no llevaba ni seis meses y ya sabía que sería trasladado”, reconoció Torres en su declaración.
Otro de los interrogados, el coronel Renato Sarabia, habla de los pagos a partir del artículo 6º y los describe como un proceso especialmente rápido, en el que involucra al funcionario de la Dipres Hugo Zúñiga, que ha declarado –tanto en la investigación penal, en condición de imputado, como en la comisión investigadora de la Cámara– que efectuaba “asesorías” en materia de presupuesto a algunas ramas de la Defensa, incluyendo Carabineros.
Esto fue lo que dijo el coronel Sarabia, el 26 de mayo:
“Respecto del artículo 6, esas platas para pagar: nunca existió un atraso entre Dipres e Intendencia de Carabineros para pagar. Es decir, salía el dictamen de la Corte, cuando salía la resolución, al par de días llegaban los dineros. Yo asumo que esto salía con esta celeridad por los honorarios pagados por Carabineros a Hugo Zúñiga. Con Hugo Zúñiga se trabajaba contra boletas de honorarios, los cheques eran por el total de la boleta”, aseguró Sarabia, que desde junio cumple prisión preventiva.
«Nunca vi a Hugo Zúñiga haciendo algún curso, o alguna acción laboral en Carabineros, él solo llegaba a cobrar sus honorarios», declaró Sarabia ante los fiscales Orellana y Macaya.
La Fiscalía también incluyó en el expediente de la investigación un testimonio donde se menciona a Eduardo Gordon, pero sobre la base de una versión «de oídas», en que el mayor Diego Valdés Bustamante contó, con varios vasos de whisky en el cuerpo, que le había entregado un maletín con dinero al ex general director, por orden de Iván Whipple, en ese momento director de Finanzas de la institución.
Esto fue lo que dijo a los fiscales el 24 de abril, el mayor Fabián Cárdenas, también involucrado en el fraude, sobre la versión que escuchó de Bustamante durante una reunión social en el departamento de otro carabinero:
“En algún momento mi general Whipple me dio la misión de entregar personalmente un maletín a quien llamaba ‘Lalito’, que era el general director Eduardo Gordon, en cuyo interior, suponía, iban muchos millones en dinero efectivo, ya que se encontraba cerrado con llave, no teniendo oportunidad de abrirlo, debió seguir las instrucciones de subirse al vehículo fiscal del general director, quien lo recibió directamente de sus manos en el estacionamiento ubicado atrás de calle Alameda Libertador Bernardo O’Higgins nº 1196. Una vez entregado el maletín, a poco andar el vehículo –una cuadra– se bajó del vehículo sin el maletín. Cabe hacer presente que quien conducía era uno de los conductores asignados al citado general”.
Fuentes allegadas al proceso afirman que la Fiscalía investiga si hubo irregularidades en los pagos gestionados por el abogado Badilla a los funcionarios civiles que representó en esta serie de recursos de protección. En ese contexto, y también para dilucidar un eventual mal uso de gastos reservados, es que el Ministerio Público pidió levantar el secreto bancario de los generales que componen el alto mando de Carabineros. Sin embargo, la petición fue rechazada hace algunos días, con el argumento de que puede vulnerar garantías constitucionales.
Luego de enviar un cuestionario a Carabineros sobre los pagos derivados de esta “asimilación de grado”, la institución no se refirió al tema. Tampoco lo hizo el abogado Juan Badilla.
