Así lo sostiene Enrique Morales, presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, quien realiza pericias para constatar abusos, o derechamente tortura por parte de los agentes del Estado en contra de civiles.
En un relato en primera persona, el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Enrique Morales, relata cómo fue que se se involucró activamente en la defensa de los civiles que recibían abusos o torturas por parte de los agentes del Estado.
«En 2011, uno de mis hijos fue detenido en una marcha. En esos años él era estudiante de música, tenía 23 años y junto a su mujer y otros amigos formaban una comparsa de tambores y baile. Cuando voy a buscarlo a la comisaría, había 100 o 200 detenidos y en la espera, veo salir a varios estudiantes, algunos muy chicos, con ojos morados, golpes y otras lesiones que uno podía ver a simple vista. “¿Qué hacen con estas personas?”- le pregunté a un abogado voluntario que estaba ahí ayudando a la gente- “No se hace nada. No hay dónde recurrir”, me dice. Y ahí se me ocurrió que yo podría hacer constataciones que le sirvieran a los afectados para hacer denuncias», comienza diciendo en un escrito publicado hoy por The Clinic.
«Todo médico está habilitado para emitir una constatación, que es un documento médico legal. Así, en la protesta siguiente, en un local prestado por el sindicato de contratistas del cobre, nos instalamos con Rosa, mi mujer, frente a la Tercera Comisaría. Nuestro objetivo era que las víctimas tuvieran un documento en el que relataran sus lesiones, con fotografías que pudiesen ser usadas como certificados para presentar una denuncia», agrega.
Según el facultativo, «en las marchas, los casos más repetidos eran los golpes cuando los llevaban a los carros policiales, dentro de estos y en la comisaría hay cientos de denuncias de distintos niveles».
«Una de las prácticas recurrentes eran los desnudamientos. Hay un caso, del presidente de un centro de alumno, que es identificado como tal por Carabineros, y estando solo, frente a dos uniformados, es obligado a desnudarse. Pese a que él intenta oponerse, a punta de amenazas y golpes, es forzado no solo a bajarse los pantalones sino que a sacarse toda la ropa, una vez que él se quiebra, lo obligan a estar agachado, con un policía detrás, en una amenaza evidente», declara.
Otro de los casos graves, añade, «es la detención de dos jóvenes de la UTEM, quienes además de ser golpeados durante el trayecto en un vehículo policial, a uno de ellos, estando esposado por la espalda, le pusieron una bolsa plástica en la cabeza, le apagaron la luz del vehículo y lo golpearon, “el minuto feliz”, le decían. Esta técnica de asfixia, es conocida dentro del ámbito de los derechos humanos como submarino seco».
«El tercer testimonio que más me impactó, también en el marco de las protestas, es el de un arquitecto que recibe un impacto de balín pintura y pierde el ojo. Lo impresionante es que esa misma semana, otras seis personas entre 14 y 56 años sufrieron lo mismo, cinco de ellos tuvieron pérdidas definitivas de visión por sobre el cincuenta por ciento. La sociedad de Oftalmología, el Colegio Médico y las movilizaciones de los familiares logramos que desde abril del 2013 no se haya vuelto a usar los balines de pintura», relata Morales.
«Muchas veces, amigos que me ven en una entrevista hablando de este tema, me preguntan si es verdad que en Chile hay tortura. Incluso personas que vivieron proceso de detenciones en la dictadura, cuando les cuento, no lo creen. Pero es así. Hoy, la tortura sí existe en Chile», asegura.
«Y hay algo que me sorprende mucho y es que, por lo general, las víctimas describen que quienes los han agredido son uniformados de veinte años. O sea, son chicos que nacieron después de marzo de 1990, cuando Pinochet ni siquiera estaba en el poder. Entonces no es el momento histórico el detonante de la violencia sino tiene que ver con un concepto que sigue arraigado. Ser agredido por agentes del Estado es un impacto brutal. Porque, qué hace uno si sufre un delito, va a Carabineros o la PDI, pero resulta que los mismos a los que debieras recurrir, son los que te agredieron, entonces quedas indefenso. Desde el 2012, hemos hecho 150 pericias, la mayoría ha sido a estudiantes, pero también hemos visto la situación de los mapuche», concluye.
