“Particularmente grave es la omisión de las empresas constituidas en paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas, como la sociedad Bancard Investment, a través de las cuales el ex mandatario invirtió en la empresa pesquera peruana Exalmar», dice el texto.
La sala de la Cámara de Diputados aprobó este jueves, por 42 votos a favor, 34 en contra y una abstención, el informe de la comisión investigadora Exalmar, encargada de analizar las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Valores y Seguros u otros organismos públicos en relación con las inversiones de la firma Bancard, de propiedad del ex presidente Sebastián Piñera, en la empresa peruana Exalmar S.A.
La instancia había sido mandatada para recabar antecedentes sobre eventuales irregularidades en la fiscalización de operaciones financieras que pudieron significar infracciones al mercado de valores; fiscalización de impuestos de empresas chilenas o personas jurídicas extranjeras afectas a tributos en Chile y el tratamiento de la información económica referida al diferendo marítimo entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que pudieron significar una ventaja comercial para las autoridades involucradas, entre los años 2010 y 2014.
El texto, que había sido cuestionado por la derecha por el ‘copy paste’ descubierto en algunos de sus párrafos, califica en uno de sus puntos como un acto altamente reprochable que Piñera tuviese empresas constituidas en paraísos fiscales.
“Particularmente grave es la omisión de las empresas constituidas en paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas, como la sociedad Bancard Investment, a través de las cuales el ex mandatario invirtió en la empresa pesquera peruana Exalmar. Tal omisión impidió conocer otro conflicto de intereses relacionado con la demanda interpuesta por Perú contra Chile en el tribunal de La Haya, que pretendía y consiguió la modificación del límite marítimo”.
Una de las recomendaciones de este documento parlamentario plantea tramitar un proyecto de ley «que amplíe la responsabilidad política hasta por cuatro años, para ex mandatarios, ministros y jefes superiores de servicio que dejan su mandato, estableciendo la obligatoriedad de responder».
