«Se trata pues de una reforma legal que permita a toda la ciudadanía conocer el origen de los recursos con los que se financia una encuesta electoral, de manera que las personas informadamente, puedan saber cómo se diseñan y elaboran las encuestas electorales, y si éstas tienen como objeto otorgar mayor información para el acto electoral o bien a apoyar a una determinada candidatura”, dijo el parlamentario.
Un proyecto de ley que busca regular de forma más transparente las encuestas electorales presentó el senador Alfonso De Urresti junto al senador Jaime Quintana.
El parlamentario por Los Ríos recordó que “los últimos cambios introducidos a la Ley 18.700 sobre Votaciones y Escrutinios, incluyeron una norma que redefinió el concepto de campaña electoral, regulando exhaustivamente la propaganda electoral en el espacio público y privado, en radios, y otros canales de comunicación, incluyendo a las encuestas”.
“Esta iniciativa no busca inhibir ni crear cortapisas a las entidades que ejecuten encuestas electorales, ni menos prohibir que las candidaturas o partidos contraten los servicios de una encuestadora, sino que más bien, se busca ahondar en un mayor grado de transparencia, de manera que las encuestadoras, previo al inicio del período de campaña electoral, indiquen en su página web las fuentes de su financiamiento y la metodología usada, de manera que los ciudadanos sepan cómo y quienes las financian, pero además como ellas se construyen. Sin este requisito las encuestadoras no podrán elaborar sus productos durante el período legal de compaña electoral”, dijo.
De Urresti señaló que “por legítimo que sea elaborar un encuesta con fines de propaganda electoral, es necesario someter a las empresas o personas jurídicas que las realizan, al mismo principio que atraviesa y fundamenta todo el nuevo orden normativo electoral en materia de financiamiento, esto es que las personas jurídicas no pueden realizar aportes a campañas electorales, ni directa ni indirectamente”.
El legislador del PS indicó que “las candidaturas podrán contratar los servicios de una empresa para que realice una encuesta, caso en el cual se considerará como gasto electoral. Sin embargo, cuando una encuestadora busque claramente favorecer o resaltar las características o cualidades favorables de una candidatura, se ajustará más bien al concepto de aporte electoral en el marco del financiamiento privado de las campañas políticas, aporte que nunca podrá provenir de una persona jurídica”.
Finalmente De Urresti dijo que “se trata pues de una reforma legal que permita a toda la ciudadanía conocer el origen de los recursos con los que se financia una encuesta electoral, de manera que las personas informadamente, puedan saber cómo se diseñan y elaboran las encuestas electorales, y si éstas tienen como objeto otorgar mayor información para el acto electoral o bien a apoyar a una determinada candidatura”.
