La acción judicial se fundamenta en la información revelada por el diario New York Times sobre la quema de microfilms y archivos relacionados con las actuaciones de los organismos de inteligencia del Ejército, durante la dictadura cívico-militar, y en el informe de sumario firmado por el general Ricardo Martínez quien asumirá como Comandante en Jefe del Ejército en marzo próximo.
Este jueves, Londres 38, espacio de memorias, interpuso una querella ante el Ministro Mario Carroza, en contra de quienes resulten responsables del delito de sustracción y supresión de documentos, así como de encubrimiento de homicidios y secuestros calificados.
La acción judicial se fundamenta en la información revelada por el diario New York Times sobre la quema de microfilms y archivos relacionados con las actuaciones de los organismos de inteligencia del Ejército, durante la dictadura cívico-militar, y en el informe de sumario firmado por el general Ricardo Martínez quien asumirá como Comandante en Jefe del Ejército en marzo próximo.
En el informe Martínez reconoce que hubo destrucción de información archivada durante los años 1980 y 1982, por ello, la querella consigna que “bajo este aspecto, la información destruida pudo corresponder a los años 1973 a 1990, por cuanto se menciona información archivada y no necesariamente de las acciones operativas realizadas esos años. En este sentido, la resolución de la Investigación Sumaria viene a corroborar la información de fuentes públicas existente a la fecha, que señalan que la destrucción de información podría incluir antecedentes de las actividades realizadas por la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA)”.
Según Londres 38, la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales “para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad”, como la desaparición forzada. No obstante, la sola afirmación de la destrucción no debería ser suficiente para dar por acreditada la destrucción de los archivos, en el pasado, en respuesta a la solicitud de información de la Comisión Rettig, los mandos de las fuerzas armadas ya habían afirmado que no existían archivos relacionados puesto que habían sido destruidos, versión que, a la luz del reconocimiento de Martínez se demostraría como falso.
La querella fue presentada por los abogados de Derechos Humanos, Magdalena Garcés y Sebastián Velásquez, quienes junto a representantes de Londres 38 y activistas de Derechos humanos, asistió a Tribunales a presentar el documento.
