El Estado desembolsa $724 mil por cada persona en la cárcel
Jaime Rojas señaló que estos recursos son aprobados por el Congreso en las Ley de Presupuestos, y que «nosotros tenemos la obligación de transportar a los tribunales a todas las personas que están imputadas por delitos, en prisión preventiva o condenados. Entonces todo ello tiene un costo alto, estamos hablando de un 20% de gastos en servicios y consumo (…) Así, en total, estamos hablando más del 90% institucional que se va en ese gasto (…) hay que reconocer lo que cuesta mantener el servicio activo».
Luego que La Tercera revelara que el Estado desembolsa $724 mil mensuales para mantener a cada persona privada de libertad en las cárceles del país, se levantó una fuerte polémica al compararlo con los $294 mil que se destina por un niño del Sename y si esa cantidad que está invirtiendo el Estado genera condiciones de dignidad a los internos y se logra la reinserción.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Felipe Harboe (PPD), señaló durante este jornada que «mi percepción es que eso no es así”, de acuerdo la eficacia del gasto que se destina a las personas privadas de libertad.
Es por esto que el Director Nacional de Gendarmería, Jaime Rojas, puso paños fríos a la controversia y explicó que «el sistema penal le garantiza la atención de salud, los programas de educación y reinserción y todos los que corresponde a los programas intersectoriales».
«En este contexto, usted tiene un costo institucional que va explicando el aumento y lo que cuesta mantener una persona privada de libertad», dijo a 24 Horas, donde agregó que «un poco más del 73% del presupuesto institucional de Gendarmería se va en gastos de personal, o sea, sueldos, movilidad de los funcionarios. El resto se distribuye en bienes, servicios de consumo, alimentos, uniformes, traslados, vehículos institucionales y gastos en bencina», explicó.
Asimismo recalcó que estos recursos son aprobados por el Congreso en las Ley de Presupuestos, y que «nosotros tenemos la obligación de transportar a los tribunales a todas las personas que están imputadas por delitos, en prisión preventiva o condenados. Entonces todo ello tiene un costo alto, estamos hablando de un 20% de gastos en servicios y consumo (…) Así, en total, estamos hablando más del 90% institucional que se va en ese gasto».
Finalmente Rojas señaló que «cuando uno divide eso por personas privadas de libertad, claro, nos da una cifra altísima, pero no quiere decir que el costo específico de cada una de las personas al interior de las cárceles tenga sea tan alto. Eso es una cifra absolutamente menor, hay que reconocer lo que cuesta mantener el servicio activo»
