CIDH expresó su «profunda preocupación» por decisión de gobierno peruano
A juicio del organismo, «la participación del médico particular del sentenciado en la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta», y que la libertad del ex mandatario «no toma en cuenta los crímenes de lesa humanidad, ni el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares».
Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la decisión del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski de otorgar un indulto humanitario al ex Presidente Alberto Fujimori.
A través de un comunicado la CIDH expresó «su profunda preocupación por la decisión del gobierno peruano» recordando que el ex mandatario fue «condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos».
«El indulto presidencial es una potestad constitucional discrecional del Presidente de la República, pero debe estar regida por principios constitucionales y normas internacionales de derechos humanos», expresaron.
«En este sentido, la Comisión expresa su preocupación porque el indulto a Alberto Fujimori no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica», agrega el escrito.
A juicio de la CIDH, «la participación del médico particular del sentenciado en la junta médica que realizó el informe que aconseja el indulto viola flagrantemente el requisito de independencia y objetividad de esta junta. Asimismo, la existencia de enfermedades no terminales graves demandarían la transferencia del sentenciado a dependencias hospitalarias por el tiempo que su salud lo requiera, medida menos restrictiva al derecho de las víctimas a la justicia, pues el indulto otorga un perdón de la penas, que es algo distinto a la atención medica que pueda requerir y recibir el condenado».
Finalmente el organismo señala que el indulto «no toma en cuenta las particularidades de los crímenes de lesa humanidad, ni el derecho a la justicia de las víctimas y sus familiares».
