La máxima autoridad del Ministerio Público envió a persecutores y funcionarios un correo electrónico donde da cuenta de la nueva política de comunicaciones que tendrá la Fiscalía Nacional en el período 2018-2022.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, envió la tarde de ayer un correo electrónico a todos los persecutores y funcionarios del Ministerio Público, donde dio cuenta de la nueva política de comunicaciones del Ministerio Público para el período 2018-2022.
La nueva política limita las expresiones públicas de los persecutores sobre casos de contingencia nacional que, eventualmente, puedan llegar a ser investigados penalmente, consigna hoy La Tercera.
Asimismo, dice que «la filtración o divulgación indebida de información sujeta a reserva es una infracción grave de los deberes funcionarios, lo que para el Ministerio Público constituye un acto de corrupción, sujeto a sanciones administrativas y a las responsabilidades civiles y penales que correspondan».
«Fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales o con ámbitos que anticipen posiciones o juicios en casos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro, a fin de evitar la afectación al principio de objetividad», añade el mensaje el documento.
«Con tal propósito, y resguardando el derecho a la libertad de expresión, tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no», agrega.
Al respecto, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, criticó la nueva política comunicacional definida por Abbott: «Puede entenderse que se está refiriendo efectivamente a las cuentas privadas de los fiscales (redes sociales) y, por lo tanto, es algo que vamos a conversar con el fiscal nacional, porque entendemos que por vía reglamentaria o vía oficio no puede abordar o expandir su autoridad a la vía privada de los actores del Ministerio Público».
«Hay partes complicadas y que atentan contra la libertad de expresión, lucha que el gremio ha dado en forma histórica (…). Yo creo que esta es una especie de ‘ley mordaza’, nos preocupa este oficio», declaró la dirigenta.
La resolución además indica que no se puede entregar «información sensible a terceros sin autorización del Fiscal Nacional o del Fiscal Regional, según corresponda». Y señala cuáles son los canales a través de los cuales los fiscales pueden hablar con los medios de comunicación.
La Fiscalía Nacional defendió su nueva política de comunicaciones asegurando que «la política de comunicaciones en ningún caso puede considerarse una ley mordaza, pues se ajusta estrictamente a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del MP».
Asimismo, explicó que la calificación de «corrupción (por filtraciones) fue incluida a solicitud del Consejo General de Fiscales».
