Pugna entre Gobierno y oposición complica su aprobación
Todo iba bien. En una de las etapas, la iniciativa que contempla incrementar las penas para el cohecho y el soborno, además de nuevas figuras, como la “administración desleal», fue aprobada en forma unánime en el Senado. Sin embargo, ahora corre el peligro de dormir para siempre en el Parlamento.
«No compartimos la decisión del Ministerio Público, ratificada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, dados los argumentos que expusimos en estrados y que mantenemos. Seguimos considerando que, dada su gravedad, esta causa debía ir a juicio y no ser objeto de una suspensión condicional, pero, ciertamente y como siempre, respetamos la decisión de nuestros tribunales”, dijo la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Luppy Aguirre, el miércoles, cuando se conoció la resolución en que el tribunal de alzada confirmó la suspensión condicional del procedimiento acordado entre la Fiscalía y SQM, que era investigada por cohecho, a partir de haber obtenido beneficios irregulares en la tramitación de una modificación a la ley del royalty minero. A cambio de no ir a juicio oral, la empresa se compromete a pagar una multa de $2.550 millones de pesos.
La resolución de la Corte se ajusta perfectamente a la ley vigente. Entre otras cosas, que “el delito formalizado no logra sobrepasar el límite señalado”, consigna el fallo. Es decir, el límite que restringe la posibilidad de llegar a un acuerdo como este: que la pena posible sea no superior a los “tres años de privación de libertad”, dice el escrito.
De esta manera, el problema no está en la voluntad o pericia del Ministerio Público para investigar o acusar, sino en lo que actualmente está permitido por la ley. Para las personas naturales, particularmente los empleados públicos, las penas llegan a un máximo de 540 días, lo que hace posible salidas como esta, aunque a la opinión pública le parezca una expresión de impunidad.
Teniendo en cuenta la realidad de la legislación chilena y con toda la efusividad que despertaron los casos de corrupción en Penta y SQM, los senadores Alberto Espina (RN), Alfonso de Urresti (PS), Pedro Araya (IND), Hernán Larraín (UDI) y Felipe Harboe (PPD), presentaron un proyecto para modificar el Código Penal y subir las penas en los casos en que se comprueben los delitos de soborno y cohecho. En el caso del cohecho, se propone aumentar la pena en hasta cinco años, dependiendo del monto involucrado, para el empleado público que lo cometa.
La iniciativa fue muy bien recibida por todos los sectores políticos. También por el Gobierno, que durante su tramitación incorporó algunas disposiciones que están contenidas en el informe de la Comisión Engel. “El actual proyecto es el resultado de la síntesis de lo mejor de ambas iniciativas y constituye un avance muy significativo en materia de persecución y sanción penal de la corrupción, y una importante contribución para restablecer la confianza en las instituciones públicas y privadas, garantizar el correcto ejercicio de la función pública y mejorar el entorno en que se desarrollan las relaciones comerciales entre los privados, entendiendo que los vínculos entre ambos sectores hoy requieren mayores estándares de probidad, transparencia y fe pública”, consigna una minuta legislativa del Ministerio de Justicia.
En efecto, el proyecto que fue aprobado en primer trámite por unanimidad de la Sala del Senado, en marzo del año pasado, propone que la persona que ejecute un soborno, además del presidio, pague una “multa del duplo al cuádruplo del beneficio ofrecido, prometido, dado o solicitado, e inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en sus grados medio a máximo”.
Dentro de las principales innovaciones y que competen a un caso como el de SQM, se establece la figura de la “administración desleal”, que en parte se entiende como la situación en que se dé lo siguiente: que cuando “el patrimonio encomendado fuere el de una sociedad anónima abierta o especial, el administrador que realizare alguna de las conductas descritas (…), ocasionando perjuicio al patrimonio social será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, además de las penas de inhabilitación especial de tres a cinco años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva, y multa del diez al cien por ciento del perjuicio causado».
Por otra parte, se propone el aumento de las multas para casos como el de SQM, que actualmente van de un mínimo de 200 UTM ($9.413.200) hasta la sanción en su grado máximo de 20 mil UTM ($941.320.000). El proyecto aumenta los montos de multa en todos los tramos, llegando a un máximo de 300 mil UTM ($14.119.800) una multa mucho más onerosa que la que deberá pagar la minera no metálica.
Además, el proyecto propone que los bienes obtenidos como ganancia irregular puedan ser decomisados.
[cita tipo=»destaque»]El futuro ministro de Defensa explicó que “la razón (del retraso) es muy simple. La Cámara de Diputados le hizo dos o tres cambios que a mí me parecían inadecuados. Hay una rebaja de penas que no estoy dispuesto a aceptar. Entonces, esto era la última semana de enero, había una sobrecarga y yo preferí que se votara en la primera o segunda sesión. Y basta con que la comisión mixta lo apruebe, se va a la Sala y se despacha en un día”.[/cita]
“El producto del delito y demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dineros o valores del mismo serán decomisados. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor. Asimismo, en todos los casos, se decomisarán los activos patrimoniales cuyo valor correspondiere a la cuantía de las ganancias obtenidas a través de la perpetración del delito. Dichas ganancias comprenden los frutos obtenidos y las utilidades que se hubieren originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica”, dice la propuesta aprobada en segundo trámite.
Hasta aquí todo bien. El proyecto avanzó hasta llegar a su tercer trámite constitucional, es decir, de vuelta al Senado. Pero el 17 de diciembre del año pasado, la Comisión de Constitución resolvió someterlo a una comisión mixta.
Hernán Larraín explicó la razón: “Esta moción llegó a la Cámara Baja y allá había otro proyecto y se incorporaron las normas de su proyecto así como otras indicaciones, por lo mismo, queremos motivar la formación de una comisión mixta para compatibilizar las diferencias y el Gobierno ha manifestado que es necesario ponerse de acuerdo en un texto común que permita un mayor estándar. Sin embargo, muchos de los cambios que se introdujeron en la Cámara agregaron delitos que no incluimos en el proyecto, por lo tanto, sin que signifique un rechazo, la comisión mixta nos permite tener tiempo para investigar qué tipo de delitos se incorporaron y ahí podremos resolver los temas, pues todos compartimos que no se debe jugar con la fe pública”, aseguró.
De esta forma, a mediados de enero, el proyecto debía ser votado en la comisión mixta, todos –según testigos de la tramitación– estaban por aprobar las correcciones a las enmiendas que rechazó el Senado. Pero teniendo en cuenta el “frenesí legislativo” de los últimos días del actual Gobierno, el senador Alberto Espina, uno de los gestores de la iniciativa, propuso que la votación quedara para marzo, lo que fue aceptado por el presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe. Las mismas fuentes indican que esta postergación implica la desidia por aprobar dicho proyecto, el que cambiaría por completo el escenario en materia penal para este tipo de delitos. Espina, sin embargo, desmiente que su intención sea retrasar la aprobación de la iniciativa.
«Sería bastante torpe que yo, que soy autor de la ley, que la hice en conjunto con el Ministerio Público, quisiera retrasar su aprobación. Al contrario, oficié varias veces al Gobierno para que le pusiera urgencia y quiero señalar que solo a la hora undécima le puso urgencia. Nada más ridículo o absurdo sería sostener que el autor de un proyecto de esta envergadura quisiera demorarlo, en circunstancias que yo incluso dejo de ser senador”, afirmó.
El futuro ministro de Defensa explicó que “la razón (del retraso) es muy simple. La Cámara de Diputados le hizo dos o tres cambios que a mí me parecían inadecuados. Hay una rebaja de penas que no estoy dispuesto a aceptar. Entonces esto era la última semana de enero, había una sobrecarga y yo preferí que se votara en la primera o segunda sesión. Y basta con que la comisión mixta lo apruebe, se va a la sala y se despacha en un día”.
El parlamentario culpó al Ejecutivo del retraso y señaló que “yo soy partidario de penas más duras. Si usted lee los cambios de la Cámara de Diputados, en algunos casos tiene cambios que debilitan el proyecto, algunas rebajas de penas. Entonces, entre que se votara en la comisión mixta y se aprobara un proyecto que, a mi juicio, tiene debilidades, lo que nosotros hicimos fue decir ‘votémoslo la primera semana de marzo para que sea ley en marzo’. Que el Gobierno no venga a inventar cosas que son falsas, porque no le dio urgencia. El ministro Eyzaguirre dijo que no le iba a dar urgencia y solo lo hizo en un momento en que el Senado estaba atochado de trabajo”, aseguró.
