Cada casa de juego le embolsaba cerca de $25 millones al mes, según detallan las conversaciones de los propios imputados obtenidas a lo largo de las pesquisas.
El Ministerio Público acusó a 36 personas por su presunta vinculación a los casinos clandestinos que funcionaban en distintas sedes en la capital y cuyo líder sería Ashraf Kanaan Kanaan, contra quien la fiscalía propuso una pena de 18 años de cárcel.
De esta manera, el ente persecutor penal llevará a juicio a todos los imputados tras la investigación iniciada por el fiscal Roberto Contreras luego de la querella presentada por el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos (ACCJ).
“La acusación representa la convicción de la fiscalía, que en éste caso concreto se han establecido hechos serios y graves, de diversos ilícitos de crimen organizado, para cuyos líderes piden la pena en total acumulativa de hasta 18 años de presidio, en sus diversas características, según se trate de los delitos de asociación ilícita, delito tributario y otros”, explicó al respecto Manríquez, mencionando que “en principio, las distintas penas por separado, aparecen proporcionadas a los distintos hechos que se han dado por probados”.
Sin embargo, agregó que aún queda discutir la reapertura de la indagatoria solicitada por los querellantes –entre ellos el Servicio de Impuestos Internos y la Intendencia Metropolitana- debido a la existencia de diligencias pendientes, situación que será debatida en la audiencia programada para el próximo 21 de marzo.
“Dentro de otras razones, solicitadas por la Intendencia Metropolitana, por ésta propia parte querellante, queda entendido que, respecto a una de las líneas de trabajo, hay diligencias pendientes. Si eso ocurre, probablemente la audiencia de preparación de juicio oral se diferirá algunos días o meses, en la medida en que esas diligencias se cumplan”, aseveró el abogado.
Por último, enfatizó que no descarta presentar una acusación particular contra los imputados, decisión que será estudiada dentro del plazo legal.
Investigación
La causa, a cargo del fiscal oriente Roberto Contreras, se inició tras la querella presentada en 2014 por la Asociación Chilena de Casinos de Juegos. Posteriormente, en agosto de 2016, dos clientes denunciaron haber sido contactados por Kanaan para participar en las apuestas.
De acuerdo a los antecedentes reunidos desde entonces, Kanaan habría creado una organización jerárquica compuesta por su esposa Valeria Carrasco, Claudio Sandoval, Adolfo Pineda y Miguel Cumsille, quienes tenían a cargo la administración de las diferentes sedes.
Según el Ministerio Público, las ganancias generadas en el inmueble de La Pastora, en la comuna de Las Condes, permitieron la creación de otros dos casinos clandestinos en la comuna de Santiago, y prontamente, de acuerdo a la investigación, la organización pretendía instalar un nuevo local en Vitacura, específicamente en calle Espoz.
Ello, porque en base a las conversaciones de los propios imputados obtenidas a lo largo de las pesquisas, cada casa de juego le embolsaba cerca de $25 millones al mes.
