jueves, 18 de octubre de 2018 Actualizado a las 09:34

Defensas de los inculpados aprovechan envión del caso Huracán y hablan de montaje

Más pelos que sopa: las incongruencias que rodean la investigación policial en el caso Luchsinger-Mackay

por 1 marzo, 2018

Más pelos que sopa: las incongruencias que rodean la investigación policial en el caso Luchsinger-Mackay
Luego de anularse un juicio y después de cinco años donde no hay otros culpables salvo Celestino Córdova, que se encuentra condenado, las pruebas entregadas por Carabineros –el mismo departamento cuestionado por la Operación Huracán– y por la PDI, generan serias dudas entre los intervinientes: panfletos sin huellas de los imputados, huellas de huida poco claras y un allanamiento presuntamente irregular, dejan más preguntas que certezas en este nuevo juicio que podría extenderse sobre un mes.
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Este lunes partió un nuevo juicio contra los 11 inculpados en el incendio que terminó con la muerte del matrimonio formado por Werner Luchsinger y Vivian Mackay, ocurrido en la zona de Vilcún la noche del 3 de enero de 2013. El procedimiento se inició luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco anulara la sentencia del juicio anterior, a fines de diciembre del año pasado, en el que todos los imputados fueron absueltos.

Uno de los defensores, el abogado Renato González que representa a Francisca Linconao –la machi que según la policía colaboró en el atentado ayudando a organizarlo en su casa–, aseguró que la prueba para inculpar a la mujer es parte de un montaje. "Carabineros de civil y con mochila ingresaron al único lugar donde, supuestamente, encontraron pruebas. Eso es lo único que vincula a la machi", dijo González durante su intervención.

El profesional explicó que "cuando se allana la casa de la machi, no se le permite ingresar al único lugar donde se encuentran especies. Esas personas que ingresaron a ese único lugar, correspondían o pertenecían en ese entonces a la Inteligencia de Carabineros", afirmó.

Tres declaraciones sobre un crimen

En la jornada de juicio de ayer , que se espera se extienda por más de treinta días, los defensores insistieron en las dudas sobre la evidencia que sustenta la acusación de la Fiscalía contra los 11 inculpados. Particularmente contra la machi Francisca Linconao. Pero, además,  reiteraron que la prueba sustancial para pedir una condena de 40 años por delito terrorista sea el testimonio del comunero José Peralino Huinca, que llegó al caso como testigo protegido y ahora está dentro de los acusados.

Su defensor, el abogado Humberto Serri, apuntó a que con el tiempo esta arista del caso Luchsinger se convertirá en pieza de estudio para las policías y el Ministerio Público. "Una pieza de estudio que tendrá por objeto evidenciar los errores que deberán evitar en el futuro a la hora de realizar una investigación”, precisó.

Casi dos años después, José Peralino vuelve a declarar ante dos funcionarios de PDI, Guillermo Vilches y Claudio Leiro. En esa declaración, el 23 de octubre de 2015, el testigo clave reconoce su participación. “Yo estaba afuera y escuché que dentro de la casa disparaban como locos. Luego, estos mismos quemaron la casa con los gringos dentro”, afirmó. Pero la situación tuvo un vuelco cuando Peralino dijo a la Fiscalía, cinco meses después, que esta declaración la había hecho después de ser hostigado por los policías y haber sido supuestamente víctima de apremios, lo que generó una investigación interna. “Me dijeron si no hablai vas a caer preso y tu gente y tu padre van todos para dentro”, aseguró en ese momento y concluyó expresando que “nosotros no fuimos”.

Como ejemplo, Serri dijo a los magistrados que, durante el juicio, se podrá comprobar que “el mal trabajo del sitio del suceso no permitió recabar toda la prueba necesaria para el Ministerio Público y, por el contrario, aparece una prueba bastantes días después que se pretende usar como determinante para corroborar algún tipo de teoría, pero lo cierto es que siembra más dudas respecto a lo que sucedió”, afirmó en los alegatos de apertura.

El abogado alude a los tres testimonios que ha entregado Peralino en el transcurso de la investigación.

El 8 de noviembre de 2013 entregó su primera declaración. “A eso de las 22.00 horas empezó, donde se habló de recuperar el campo del gringo y que ese predio era de ellos, hablando de Werner Luchsinger. La reunión era dirigida principalmente por Sergio Tralcal, que vive en el fundo Santa Margarita. Se hablaba que había que atacar el fundo de forma rápida, que había que rodear la casa, prenderle fuego y luego huir”, dijo, finalizando con que “al otro día supe del incendio porque lo escuché por la radio”.

Pero, según los abogados, durante este testimonio se vulneraron garantías procesales. No estuvo presente ningún defensor. “No hubo lectura de derechos y, existiendo la tecnología, la declaración no fue grabada”, precisó Mario Quezada, en representación de uno de los acusados, Aurelio Catrilaf.

Casi dos años después, José Peralino vuelve a declarar ante dos funcionarios de PDI, Guillermo Vilches y Claudio Leiro. En esa declaración, el 23 de octubre de 2015, el testigo clave reconoce su participación. “Yo estaba afuera y escuché que dentro de la casa disparaban como locos. Luego, estos mismos quemaron la casa con los gringos dentro”, afirmó. Pero la situación tuvo un vuelco cuando Peralino dijo a la Fiscalía, cinco meses después, que esta declaración la había hecho después de ser hostigado por los policías y haber sido supuestamente víctima de apremios, lo que generó una investigación interna. “Me dijeron si no hablai vas a caer preso y tu gente y tu padre van todos para dentro”, aseguró en ese momento y concluyó expresando que “nosotros no fuimos”.

De acuerdo al defensor regional Renato González, la Corte en su decisión del 29 de diciembre, en la que anuló el juicio, no se refirió a la prueba presentada, sino que cuestionó “que la Fiscalía desestimara el testimonio de Peralino en un primer momento y después lo estimara, pero no cuestionó la prueba”.

Para el fiscal Héctor Leiva, el testimonio de Peralino es válido y la acusación de manipulación es solo para ensuciar la prueba. “Lo que se busca es asociar dos elementos solamente con el fin de enturbiar la prueba que ha presentado la Fiscalía en este caso" y en eso coinciden cercanos a los abogados querellantes del Ministerio del Interior, que no estuvieron disponibles al cierre de esta nota. En estos días, junto al abogado Luis Correa Bluas, se integró al equipo del Gobierno el penalista Luis Hermosilla Osorio.

El fiscal Leiva aseveró que este caso no es comparable a la Operación Huracán. "La Fiscalía, cuando ha observado que alguna prueba no reúne los estándares necesarios, ha tomado la decisión de no perseverar. Este no es el caso. Esta es una investigación seria", recalcó.

El sargento Gaete y los panfletos

Un nombre clave en esta parte de la historia es el del sargento Marco Gaete, que trabaja en la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), la cuestionada repartición a la que también pertenecían el capitán Leonardo Osses y el mayor Patricio Marín, ambos llamados a retiro luego de aparecer como imputados en la investigación por irregularidades en la Operación Huracán.

Marco Gaete, en el allanamiento a Francisca Linconao, apareció vestido de civil con una mochila en la espalda y fue quien entró a la ruca en el predio donde ese día estaban la machi, su hermana, su sobrina y la hija de esta, menor de edad. Luego del allanamiento, Lincoano presentó una queja por el procedimiento hecho en presencia de la menor. La policía, para probar que no le hizo daño a la niña, presentó un video, en el que se aprecia que Gaete “entra a la ruca, cierra la puerta y no deja entrar a la machi”, dice el defensor Renato González.

Luego se encontró una mochila con fierros aparentemente piezas de un arma hechiza, pasamontañas y supuestamente panfletos alusivos a la causa mapuche, que en el video se ven como papeles en blanco. Todo este material, de acuerdo a la defensa, no pertenecía a la machi acusada. “Los panfletos encontrados en el sitio del incendio están escritos a mano, y los incorporados en la cadena de custodia están escritos a máquina”, puntualiza. En este sentido, el abogado Mario Quezada aseguró además que “no se explica que los panfletos tengan huellas, porque todos iban con guantes [según el testimonio de Peralino]. Aún así se encuentran huellas, pero estas no coinciden con los imputados”, afirmó Quezada en su alegato.

Durante el juicio anterior, el Ministerio Público, sobre la base de los datos entregados por Marco Gaete, señaló que había encontrado las huellas de la huida de los inculpados directamente en la casa de la machi Linconao. Pero en la misma instancia el oficial de la PDI Reinaldo Villegas, según consignó El Desconcierto, afirmó que las últimas huellas de huida llegaban hasta el cerro Rahue, a un kilómetro de la casa de la machi.

Según el defensor Humberto Serri, hay “sesgo en la interpretación en las huellas de huida, en donde no hay coincidencia respecto de las personas que habrían huido, con la frecuencia y cantidad de huellas encontradas. Arbitrariedad en cuanto a la interpretación de donde se pierde el rastro de las huellas”, planteó en su alegato de ayer.

Para Serri, existen aristas que Carabineros no ha investigado adecuadamente, como el testimonio de Juana Trangol, una mujer que el día del incendio, buscando un animal, llegó al cerro Rahue y vio a un grupo de 11 personas, entre ellos el machi Celestino Córdova, herido durante el incidente, y “escuchó palabras como 'hay que ir a quemar, todo va a salir bien'”, recordó el abogado. Tampoco se ha investigado, a juicio del profesional, lo que dice Juan Ortiz, cuñado de Córdova, quien meses después del atentado “se jactaba de que el día de los hechos estuvo bebiendo alcohol y en la madrugada el machi le pide que le ayude con un traslado a un lugar que él desconoce, junto a tres personas más, en una camioneta blanca”, sostuvo el abogado. La misma camioneta fue vista por testigos en el lugar de los hechos.

El Defensor Regional Renato González, representante de la machi Linconao, asegura que “los carabineros que investigaron este caso trabajaron en la misma oficina de inteligencia cuestionada por la Operación Huracán, lo que nos permite dudar”, añade.

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