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La declaración que destapó los pagos «privados» a Carabineros por servicio de escoltas bajo el mando de Hermes Soto Mayor Víctor Vega fue llamado a retiro tras denunciar los hechos

La declaración que destapó los pagos «privados» a Carabineros por servicio de escoltas bajo el mando de Hermes Soto

En el año 2006, Vega declaró ante la Fiscalía de Osorno acerca de una trama de pagos a Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier, a la cual llegó en 2003 a reemplazar a Hermes Soto, en su cargo de comisario. El retirado oficial detalla que los policías uniformados recibieron pagos por $26 millones -entre 1999 y 2002- en forma de “viáticos” por escoltar los camiones de la empresa Alchi S.A., que pasaban con sobrecarga por el Puente Loncomilla, el que terminó derrumbándose. En su declaración, Vega no solo explicita que Soto habría tenido conocimiento de los pagos, y sus montos en específico, sino que, además, habría conocido sobre una serie de arreglos que se realizaban en retenes y comisarías de la localidad y que corrían “por parte de Alchi S.A.”.


La crisis que vive Carabineros parece no parar. A pesar de los esfuerzos realizados por el Presidente Sebastián Piñera, al nombrar a Hermes Soto, como general director de la institución y remover a gran parte del alto mando e intentar dejar atrás el millonario fraude en dicha policía, y la fallida «Operación Huracán», a la policía uniformada le sigue lloviendo sobre mojado, ahora bajo el nombre del actual general director.

El mismo día de su nombramiento, se dio a conocer una especie de “prestación de servicios de seguridad” a un prostíbulo por parte del nuevo general director, esto cuando Soto tenía 21 años. La máxima autoridad de Carabineros indicó que solo asistió a dicho lugar, pero que nunca prestó los servicios denunciados.

A esto se sumó otra denuncia, en donde se le vincula a la trama sobre pagos irregulares de particulares a Carabineros, en el denominado caso del Puente Loncomilla en 2004, el cual terminó por los suelos y con una condena al Estado.

Según publicó Ciper, cuando el puente se vino abajo dejando a ocho personas heridas, el escándalo que impactó a la Concertación también salpicó a Carabineros. Se determinó que el paso de camiones con sobrecarga fue una de las principales causas del desplome, camiones que cruzaban el puente escoltados por carabineros, gracias al pago de “viáticos” que recibían de la empresa Alchi S.A.

Según la investigación de dicha época, este era un pago de peaje para burlar la fiscalización a sus camiones con sobrecarga que cruzaron más de 600 veces por el Puente Loncomilla y que habrían incidido en su desplome.

El contrato entre Carabineros y Alchi S.A. se firmó el 29 de enero de 1999 y se extendió hasta febrero de 2003. Durante esos cuatro años, los carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier prestaron el servicio de “escoltas” para los camiones de la empresa. En ese entonces, el actual general director de Carabineros, Hermes Soto, se desempeñaba como comisario de dicha comisaría.

Al respecto, el máximo jefe de la policía uniformada dijo en «Mesa Central», de Canal 13, que en este proceso «no había corrupción». Esto, porque «había un proceso autorizado por el MOP, por la Dirección de Logística de Carabineros, firmado en un convenio especial», reveló. En esa misma línea, Soto explicó que «ese proceso funcionaba con los vehículos de la comisaría que transportaban vigas que eran desde La Serena hasta Puerto Montt, donde se estaba construyendo la Ruta 5. Era un sistema que estaba autorizado por el MOP y por la Dirección General de Carabineros a través de la Dirección de Logística. Por lo tanto, el comisario del lugar bien pocas atribuciones tenía sobre esa materia. Esos dineros, que eran para los viáticos de los carabineros, se entregaban en la Administración de Finanzas de Carabineros, y de ahí se les pagaban los viáticos a los carabineros», detalló.

Esta situación en la que “no había corrupción”, según el general director, se destapó al interior de Carabineros cuando, en enero de 2003, asumió un nuevo jefe, en reemplazo de Soto. Este era el mayor Víctor Vega, quien fue el denunciante -a nivel interno- de estas irregularidades y que terminó siendo desvinculado de la institución, “tras denunciar la situación”, según detalla el propio Vega en una declaración presentada ante la Fiscalía, en el año 2006, en el marco de la investigación por el caso del Puente Loncomilla, declaración a la que tuvo acceso El Mostrador y en la que nombra en dos ocasiones a Hermes Soto.

En lo declarado, Vega no solo explicita que Hermes Soto tenía conocimiento de dichos pagos, y sus montos en específico, sino que, además, conocía de los arreglos que se realizaban en retenes y comisarías de la localidad y que corrían “por parte de Alchi S.A.”.

La declaración en que se nombra a Hermes Soto

En la declaración del ex mayor de Carabineros -que ingresó en 1982 a la institución- se detallan aspectos del acuerdo y ejecución entre Alchi S.A. y carabineros de la Comisaría de San Javier, aunque Víctor Vega destaca que nunca vio el contrato ni conoció el pormenor de su contenido.

El hecho se destapó a nivel interno, luego de que carabineros que habían realizado funciones de escolta para Alchi le hicieran saber que había “pagos no cancelados” por parte de la empresa, tema que debía solucionar en su calidad de nuevo comisario de la institución.

El tema lo denunció en enero de 2003, ante el prefecto de Linares, Jaime Oyanzún -de quien no habría recibido respuesta-, denuncia que replicó ante el mayor de Loncomilla, Fernando Bufadel. Explica que solo recibió evasivas y que debía remitirse a su “coronel a cargo”, que él debía hacerse cargo “en forma personal” de este problema.

Luego, en una entrevista con el general de zona de entonces -general Valderrama- le manifestó su nerviosismo debido a las consultas que había realizado. Fue dicho general de zona quien le avisó que se estaban levantando acciones en su contra, las que finalmente habrían terminado con su salida de la institución. Además, Valderrama le habría solicitado antecedentes, deudas y viáticos cancelados con Alchi S.A., ante lo que el ex mayor le habría contestado que “sí”, y remitido los antecedentes. Tras esto, y durante un periodo de licencia médica, se habría ordenado instruir un sumario en su contra, según detalla Víctor Vega.

Tras la tramitación del sumario en su contra, Vega tomó conocimiento de que la propia empresa Alchi S.A. había reconocido la deuda. Asimismo, destaca que conoció los contratos al momento en que se le ordenó ir hasta la empresa para solicitar la firma, a fin de dar “por finiquitado el convenio”. Recalca que le llamó la atención el pago de viáticos, ya que no “es normal (…) no conocía este tipo de convenios entre terceros y Carabineros”.

En dicho momento, el comandante Merino lo habría presionado para que agilizara el fin del contrato con Alchi y detalla que quería que “se realizara lo más rápido posible y sin objeciones (…), ordenándome cumplir su orden, sin discusión y exigiéndome dar cumplimiento rápidamente”.

Respecto al dinero involucrado, el ex funcionario de Carabineros destaca que, entre 1999 y 2002, se recibieron pagos por $26 millones, basado en documentación que habría obtenido de Alchi S.A. Es justamente en el punto de entrega de dinero cuando se detiene en el rol que jugó el actual general director de Carabineros, Hermes Soto.

Según la declaración, el entonces “Mayor Soto Isla, solicitó a la Prefectura de Linares, una relación de depósitos de la empresa ‘Alchi S.A.’ y se le informó por el Prefecto (Oyarzún) que había inversiones por $26 millones, y fracción y luego entre otros documentos se habla de otros 26 millones de pesos de gastos realizados por Carabineros”.

Monto que salió a luz debido al cambio en el sistema de pagos que hacía Alchi S.A. De acuerdo a lo detallado en la declaración de Vega, fueron 60 carabineros los que le solicitaron interceder debido al retraso de dichos pagos, los que ahora pasaban por la Sección de Contabilidad y Finanzas de la Prefectura de Linares. Antes, los pagos habrían ido directamente en forma de “viático” al bolsillo de los carabineros-escoltas.

“Lo que se decía respecto al viático a los funcionarios es que se les debía cancelar la suma aproximada de $ 40.000 a $ 45.000 por día de escolta a cada funcionario. Nunca supe si efectivamente esta era la suma que se les pagó, pues en mi mando nunca hubo un carabinero al cual se le hubiera pagado”, destaca el mayor en retiro.

Arreglos por cuenta de Alchi

Otro de los sucesos especiales, destacados por Víctor Vega en su declaración ante la Fiscalía en 2006, es el hecho de que se le habría exigido respaldar la existencia de un “vehículo en comodato a Carabineros, pero que nunca fue observado por mí en la Comisaría a pesar de que el documento decía que estaba destinado para prestar servicios en la Quinta Comisaría, nunca estuvo físicamente en mi unidad”.

Sumado a esto, está una serie de “trabajos por cuenta de Alchi” en las dependencias del cuartel del lugar, y en diferentes retenes, entre ellos, el Retén Santa Ana de Lobos. Eran arreglos a la infraestructura, como, por ejemplo, en los baños, los cuales -como le habría señalado un suboficial- corrían “por cuenta de la empresa Alchi S.A.”.

Víctor Vega reconoce que no se preocupó de “averiguar si todo estaba en orden respecto a estos arreglos”, principalmente teniendo en cuenta que el entonces general Cienfuegos “había prohibido estas ayudas de terceros”, pero supuso que estaban “correctamente y debidamente autorizados”.

En este punto de su relato, el ex mayor Vega vuelve a nombrar al actual general director de Carabineros. En tal sentido, recuerda una escena que daría cuenta del trato preferencial, por parte de Alchi S.A., que se recibía en dicha comisaría. Explica que en una ocasión “el ex Comisario Mayor (Hermes) Soto, molesto, me dijo que el Capitán Bufadel, de Contabilidad de la Prefectura, había concurrido hasta la empresa a solicitar unos dineros a fin de arreglar su oficina, en la Prefectura de Linares, haciéndole ver a mi Mayor, que dónde se encontraba ese documento, pues me dijo que lo había dicho por escrito esta situación al Prefecto, pero que esto se silenció muy rápido, no existiendo respuesta alguna”.

Finalmente, Vega agrega que “respecto, a otras prestaciones de la empresa Alchi S.A., a Carabineros, sabía que enviaban vales de bencina, pero en el período que yo ejercí esto ya no existía. No tengo conocimiento de que la empresa cancelara los peajes de los vehículos policiales en sus traslados fuera de la jurisdicción”.

El ex mayor Vega explica que durante toda su carrera no tuvo sanciones, que permaneció constantemente en la lista de “calificación uno”, y tampoco “calificaciones que indicaran días de arresto en mi carrera institucional”. También destaca que tenía conocimiento sobre procesos y sumarios internos, ya que realizó sumarios administrativos e investigó causas oficiales.

Asegura que, tras su expulsión, se sintió “triste” y “profundamente dolido”. Además, señala estar convencido de que su expulsión se debe directamente a la denuncia de este tema, que Carabineros tenía “completamente cerrado”.

El Mostrador intentó contactar al mayor en retiro Víctor Vega, pero no fue posible comunicarse con él.

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