El nombre del director de la ANI y los cupos en la Corte Suprema y el TC
El Mandatario ha discutido las opciones que tiene sobre la mesa, principalmente con sus dos orejeros principales, el ministro Chadwick y Larroulet. No hay fecha, pero el caso de la Agencia Nacional de Inteligencia es considerado prioridad, mientras que el cupo del Tribunal Constitucional es el segundo en la lista. La vacante del máximo tribunal parece que será una negociación de más largo aliento.
Hace días que las carpetas están en el escritorio del Presidente Sebastián Piñera y que en La Moneda se hallan a la espera de que tome definiciones sobre tres puestos claves: el nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), el cupo que se generó esta semana en el Tribunal Constitucional (TC) y la vacante que hay en la Corte Suprema. Varias veces el Mandatario ha conversado a puertas cerradas del tema con sus dos principales orejeros de Palacio, el ministro del Interior Andrés Chadwick y el jefe del segundo piso, Cristián Larroulet, con quienes ha barajado las opciones y el perfil que necesita en cada una de estas instancias, porque la elección que haga –al menos en dos de estos casos– puede sacar ronchas si el llamado “neteo” que quiere este Gobierno apunta a darles un perfil conservador a dichas instituciones.
Después de varias propuestas que no llegaron a buen puerto, la terna final que elaboró La Moneda con los candidatos para dirigir la ANI lleva más de 10 días en poder de Piñera y casi a diario, cuando le preguntan si ya resolvió, responde “pronto, muy pronto”. La definición no es fácil, porque en Palacio reconocen que no se quieren equivocar como en la primera administración, cuando se jugaron todas las cartas por el abogado Gonzalo Yussef, cuya gestión no fue bien evaluada por el propio Gobierno.
“Necesitamos un buen jefe de la ANI, porque el país está en el suelo en materia de inteligencia”, han recalcado durante semanas en el Ejecutivo.
La propuesta que tiene Piñera en su escritorio –son dos civiles y uno con pasado en las Fuerzas Armadas– fue elaborada sobre la base de los siguientes criterios: personas con cierta cercanía con el Presidente, porque será clave el nivel de confianza que logre establecer con él, de preferencia que venga del mundo civil o que lleve ya varios años alejado de alguna rama uniformada, que sea alguien mayor, maduro, con una trayectoria previa consolidada.
“Lo que se quiere es que el director que se elija para la ANI se transforme en alguien que cumple un servicio para el Presidente, que le entregue información útil a él para la toma de decisiones, por eso debe ser cercano y tenerle confianza”, explicaron en La Moneda.
[cita tipo=»destaque»]El caso del Tribunal Constitucional no es fácil, porque de un tiempo a esta parte dicha institución está en el ojo del huracán porque su composición, muchas veces más política que jurídica, ha sido cuestionada y sus resoluciones en temas emblemáticos o sensibles, puestas en tela de juicio, por distorsionar la forma o el fondo de las decisiones adoptadas en el Congreso, como fue el caso de la objeción de conciencia institucional en el aborto de tres causales y la resolución que permite que en las universidades existan controladores que lucren en otras áreas.[/cita]
La noche del miércoles circuló la información de que Piñera ya había zanjado el asunto y que había nominado al vicealmirante (r) Gustavo Jordán Astaburuaga Este, que dejó la Armada el año 2009 y, entre los años 2004 y 2005, ejerció como director de inteligencia de dicha institución, se caracteriza por su perfil ejecutivo y un fuerte sello académico.
En La Moneda rápidamente desmintieron la nominación. Si bien con dicha divulgación se confirmó que Jordán era uno de los que integran la terna, en la sede del Ejecutivo lamentaron lo sucedido, ya que es una alternativa muy bien mirada por la mayoría de los inquilinos de Palacio y estimaron que lo que se trató de hacer fue querer “quemar” públicamente su nombre para así evitar su elección.
El tema de la ANI no es un ítem que se maneje abiertamente a nivel de comité político, según explicaron en el Gobierno, sino que el Presidente lo ha conversado básicamente con Chadwick, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y Larroulet, razón por la que se conoce poco de los tiempos que se manejan para zanjar la nominación y por qué se ha dilatado tanto, si la terna la tiene Piñera hace semanas.
En La Moneda afirmaron que el jefe de la ANI es prioridad en la lista de nominaciones presidenciales y, por lo mismo, sería inminente, que no debería pasar de los próximos días, contando entremedio que hoy Piñera viaja a Lima por 24 horas para participar en la Cumbre de Las Américas.
Las otras dos definiciones –el cupo del TC y de la Suprema– que debe zanjar el Mandatario corren con tiempos diferentes y están determinadas por criterios más políticos.
El caso del Tribunal Constitucional no es fácil, porque de un tiempo a esta parte dicha institución está en el ojo del huracán porque su composición, muchas veces más política que jurídica, ha sido cuestionada y sus resoluciones en temas emblemáticos o sensibles, puestas en tela de juicio, por distorsionar la forma o el fondo de las decisiones adoptadas en el Congreso, como fue el caso de la objeción de conciencia institucional en el aborto de tres causales y la resolución que permite que en las universidades existan controladores que lucren en otras áreas.
El TC tiene diez miembros y el equilibrio político interno siempre ha sido frágil, con una lógica binominal de la mitad de los integrantes favorables a la derecha y la otra a la centroizquierda, empate que por lo general se resolvía a favor de uno u otro lado, según la inclinación de quien ejercía la presidencia. Este 9 de abril cumplió su ciclo en el tribunal el abogado Carlos Carmona y ese es el cupo que debe resolver el Jefe de Estado, con la posibilidad cierta de poder consolidar una mayoría sólida favorable a la derecha que sea de siete a tres.
En su primer mandato, Piñera hizo dos nominaciones fundamentales al TC: su asesora clave del segundo piso, María Luisa Brahm, y ratificó la permanencia del abogado Iván Aróstica, quien había llegado el año 2010 al tribunal y hoy es el presidente de este.
En la lista presidencial el nuevo integrante del TC es la segunda prioridad. Carmona ya dejó su puesto y, además, la administración de Michelle Bachelet no designó a los dos ministros suplentes que le correspondía, por lo que está funcionado en estos momentos al filo de lo permitido, ya que no hay cómo reemplazar a alguno de los nueve integrantes en caso de que no pueden concurrir. Un dato no menor si se considera que el tribunal no pude sesionar con un cuórum inferior a ocho.
Si bien es parte de la quina a la Corte Suprema, en el Gobierno afirmaron que la abogada Angela Vivanco es la candidata ideal para el TC, que la idea gusta, porque consideran que tiene los pergaminos profesionales necesarios y en la administración piñerista saben que, si la proponen para el máximo tribunal, su nombre podría generar resistencia en el Senado –donde debe ser ratificado– debido al papel que jugó el año 2017 abogando, precisamente ante el TC, por el requerimiento que presentó parte de la derecha para frenar la ley de aborto en tres causales.
En los pasillos de Palacio y públicamente en medios de comunicación, se mencionó el nombre del abogado Sebastián Soto como la carta ideal de La Moneda al TC, con un claro perfil conservador y que goza de una cercanía y confianza privilegiada con Larroulet, quien en este tema también hace de consejero de Piñera, una conversación donde –afirmaron en el Ejecutivo– desde la semana pasada el ministro Chadwick ha tenido un papel más activo.
La semana pasada, Soto fue nombrado para hacerse cargo de los “ajustes acotados” a la Constitución que piensa proponer el Gobierno, por lo que en Palacio creen que quedó fuera de esa carrera.
En la oposición hay bastante preocupación por la conformación que tendrá el TC, y desde la Nueva Mayoría varios senadores han enviado el mensaje al Presidente que esperan que la decisión sea más ecuánime y equilibrada, más aún después de los últimos acontecimientos que tensionaron públicamente por varios días la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial.
Durante el cónclave de la UDI en Punta de Tralca, el fin de semana pasado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que «si miran y analizan la estructura de los jueces se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda. ¿Y por qué? Porque en los últimos años, cuatro años hemos tenido Gobierno de derecha y 24 años de gobiernos de izquierda. Y como los ministros de Justicia son los que nombran a los jueces, el resultado es dos más dos». Fue en esa intervención que Larraín aplicó el termino “netear”, que sin duda se va a instalar permanentemente en el quehacer del Gobierno y del que no todos entendieron lo mismo, ya que en la oposición temen que subliminalmente implique una aplanadora conservadora en las nominaciones.
Si bien no tiene relación directa con la nominación al TC, el episodio inevitablemente se cruzó en esta definición, ya que precisamente amarra a La Moneda y a Piñera a no cometer el mismo error que su ministro de Justicia criticó, de privilegiar la posición política antes que las credenciales profesionales. Una figura excesivamente conservadora, vinculada a la derecha más dura o al gremialismo, por ejemplo, inevitablemente generará ruido político y podría transformarse en una factura contra el Mandatario.
No es gratuito que en La Moneda todas sus autoridades esta semana trataran, en público y en privado, de bajarle el perfil a las consecuencias del lapsus de Larraín, mientras que el ministro el miércoles protagonizó un difundido apretón de manos con el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, para dar vuelta la página y limar las asperezas.
La Moneda no tiene plazo para resolver la vacante que dejó en enero el juez Patricio Valdés, que se jubiló por cumplir el límite de los 75 años de edad, pero en el horizonte tiene un elemento que puede marcar la impronta de las definiciones en esta materia. En junio se producirán dos cupos más en la Corte, porque también jubilarán dos de los magistrados más emblemáticos, Milton Juica y Carlos Cerda.
En esferas gubernamentales comentaron que la idea de La Moneda sería precisamente aprovechar este escenario para establecer una negociación en paquete en el Senado para zanjar los tres cupos. Eso, considerando que el Senado juega un rol clave, ya que la nominación presidencial debe ser aprobada por las 3/5 partes de la Cámara Alta, lo que significa que Piñera necesitará de 26 votos para sacarla adelante y su coalición, Chile Vamos, solo cuenta con 19 escaños. Tendrá que negociar sí o sí.
El presidente del Senado, Carlos Montes, dijo a El Mostrador que “siempre todo esto se conversa. Cómo se va a hacer, hay que verlo. Como supone acuerdo del Senado (…) lo peor es rechazar a un ministro, lo ideal es buscar a personas que conciten acuerdo”. Al respecto, consideró que como en estos cuatro años de administración piñerista serán al menos siete los supremos que deberán ser reemplazados, lo ideal es que el Gobierno no maneje cada caso aisladamente, “sino que tenga una perspectiva de conjunto de los siete casos, una visión amplia”.
Agregó que en la oposición esperan que el episodio de Larraín y su crítica a los jueces de izquierda haya sido solo un desliz, que las nominaciones que se hagan sean sobre la base de la calidad profesional, con diversidad de historia, trayectoria y sensibilidad. “Si buscan netear, como se dijo, o sea, que principalmente los jueces tengan carácter de derecha, eso sería muy malo para el desarrollo de la Corte Suprema, que por mucho tiempo estuvo integrada por gente de derecha, muy de derecha”.
La quina que el lunes el máximo tribunal mandó a Piñera está integrada por Jorge Baraona, Leonor Etcheberry, Angela Vivanco, Emilio Pfeffer y Gastón Salinas.
De todos, es Baraona quien gozaría de las preferencias tanto en la Corte como en La Moneda. Es visto como un posible candidato de consenso, porque, si bien se le ubica en la derecha, a su favor juega el papel que desempeñó como abogado integrante de la primera sala del máximo tribunal que en abril del 2013 falló contra Cencosud por aplicar cobros excesivos y cláusulas abusivas a los clientes de las tarjetas Jumbo Más.
No solo fue un fallo emblemático en materia de derechos del consumidor, sino que además tuvo ribetes políticos, porque el episodio minó la carrera presidencial del entonces carta segura de la derecha, Laurence Golborne.
Este antecedente sería clave, explicaron, para allanar a la oposición, reducir sus suspicacias y demostrar la imparcialidad profesional de Baraona.
