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Castro dijo valorar la «buena voluntad que tuvo el Ministerio, contactando a la diputada Marcela Hernando», quien el próximo 2 de mayo interpelará al ministro Emilio Santelices, pero explicó que, tras un análisis de las propuestas, concluyeron que «no había manera de forzar un acuerdo», por cuanto las posturas eran irreconciliables en cuanto a lo «esencial».
El diputado socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, se refirió al fracaso del espacio de diálogo que abrió el Gobierno con parlamentarios opositores, a propósito del polémico cambio al reglamento de la ley de aborto en tres causales en lo relativo a la objeción de conciencia institucional.
En conversación con Cooperativa, Castro dijo valorar la «buena voluntad que tuvo el Ministerio, contactando a la diputada Marcela Hernando», quien el próximo 2 de mayo interpelará al ministro Emilio Santelices, pero explicó que, tras un análisis de las propuestas, concluyeron que «no había manera de forzar un acuerdo», por cuanto las posturas eran irreconciliables en cuanto a lo «esencial».
«Nuestro principio es: si hay una clínica objetora de conciencia y no quiere hacer interrupción (del embarazo) está en su derecho, pero no tiene derecho a mantener un convenio con el Estado», dijo.
Frente a este resultado, «la interpelación (al ministro) sigue a firme, porque nos parece que a una ley que costó dos años que saliera del Congreso, que es una ley de la República, se le ha buscado la letra chica».
«Eso es lo que nosotros le decimos al Presidente Piñera: que, derechamente, no vamos a permitir que el mandato ciudadano de una ley que costó tanto en nuestro país, y que tuvo un amplio consenso de mayoría, sea disminuida, sea rebajada en su interpretación por la letra chica de un reglamento, que ni siquiera es ley», enfatizó Castro.
En tanto, el parlamentario indicó que pese al fracaso de la negociación –de la que dijo tener «impresión de que era un todo o nada»- existen «dos caminos (de solución) que están en pleno desarrollo».
«El primero es la Contraloría, donde distintos sectores concurrieron a pedir un pronunciamiento; y el segundo es un proyecto de ley interpretativo que yo mismo presenté -con otros parlamentarios- que es muy simple, ya está en trámite y establece en la misma ley de interrupción del embarazo que nunca quede sometido a la interpretación de una autoridad el que cada clínica objetora de conciencia, si se acoge a esa facultad excepcional, pudiera tener convenios con el Estado», dijo.
«Es un proyecto de no más de tres o cuatro líneas que, simplemente, aclara el sentido de la aplicación de esta ley, compatibilizándola con la objeción de conciencia». De este modo, explicó, quedaría expreso que «no puede una clínica privada negarse (a hacer el aborto) sin también, a la vez, negarse a mantener un convenio de dinero que el Estado le proporciona».
