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EDITORIAL

Jorge Abbott y el desorden institucional de Chile

por 17 mayo, 2018

Jorge Abbott y el desorden institucional de Chile
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Un país de instituciones estables es aquel en que ellas no solo existen o funcionan de manera rutinaria, sino en el cual los resultados prácticos de estas ponen una diferencia en la realidad, como corregir o mitigar desigualdades, ampliar y nivelar los accesos a derechos y servicios, obligar al respeto de la ley a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su riqueza, su origen social o barrio en que viven o dónde estudiaron. Y donde la transparencia es el soporte del control y la responsabilidad política ante los ciudadanos.

Los graves casos de financiamiento ilegal de la política sin culpables finales o sin sanciones, el nepotismo, la violencia y discriminación de género, el maltrato infantil, nos hablan de un país enturbiado en sus valores de orientación, y sin instituciones que hagan la diferencia en la realidad. La muletilla nacional de la “solución” mediante la dictación de nuevas leyes que alientan las elites políticas –en ocasiones como pura expresión de populismo legislativo–, carece de imperativos morales reales, y ha transformado la realidad jurídica del país en una maraña judicial anómica y un Estado de Derecho precario. La desconfianza ciudadana y las soluciones al margen de la ley entre partes interesadas, han vaciado la vida social y política del país.

Es en este ambiente en que ocurren las revelaciones de contactos soterrados entre el actual Fiscal Nacional del Ministerio Público y los poderes políticos que participarían en su elección. Además de la extrañeza que causan, debieran ser recibidas como actos de alumbramiento acerca de cómo anormalmente vienen funcionando las cosas en el país, prueba concreta de que hay demasiado arreglín por el lado.

El instrumentalismo político que exhiben todos los partidos y la prácticamente nula conciencia colectiva de que enfrentamos una crisis profunda de carácter político cultural, muy probablemente impedirá actos de efectiva sanación ética e institucional, y de responsabilidad de las elites gobernantes en lo público.

Si se investigara a fondo el proceso de designación del actual Fiscal Nacional, seguramente veríamos que tanto Jorge Abbott como el resto de los candidatos salieron a buscar votos entre los decisores, esto es, desde la Corte Suprema a La Moneda, pasando por el Senado.

Para muchos esto es normal, porque así funcionan las sociedades oligárquicas, y Chile lo es con creces. El besamanos del poder es la promesa implícita del respeto al don, por encima de las obligaciones legales. Para otros, ello es aceptable bajo la condición de que se conozca y se deje constancia transparente de haber existido, como parte de las reglas del juego. Es decir, el talante no escrito de cómo se ejerce el poder y cómo se jerarquiza de manera natural en el gallinero social.

En estricto rigor, en una u otra visión, los hechos resultan inaceptables para una democracia en forma, porque ponen en ejercicio político, de manera subrepticia, poderes que no están convocados a decidir: abogados litigantes, riqueza económica, ideología o compromiso de secta, debilitando el juego de méritos y desméritos. El poder del Senado, por señalar a uno de los actores, es de representación política de la soberanía del pueblo en la conformación de un órgano superior del Estado, en este caso, el Fiscal Nacional, jefe superior del Ministerio Público, y no es un acto regio discrecional sin responsabilidad alguna, que le compete a cada senador por adscripción o atributo personal. Pero difícilmente lo entienden así, y menos están dispuestos a rendir cuenta y dar razones de sus actos.

Así, la ciudadanía parece obligada a creer que los senadores experimentan una incomodidad ante una entrevista de esta naturaleza, como dijo el actual ministro de Justicia Hernán Larraín, ex senador de la República. Algo como una urticaria y no la consideración –derechamente– de ser un acto impropio en una democracia. También la ciudadanía parece obligada a creer que el candidato no lleva una promesa implícita, aunque el anfitrión solo se dedique a escuchar y no pronuncie frase alguna. El mensaje y contenido es la entrevista en sí, no las palabras que se emiten. Reconocer que en ella existió promesa de apoyo o retribución funcionaria, sería reconocer la intención de cometer un delito, y la transparencia no llega a tanto.

Las preguntas que rondan a la opinión pública a estas alturas de las castradas investigaciones por financiamiento ilegal de la política en Chile son: ¿hizo promesas a los senadores o se comprometió a algo con ellos el actual Fiscal Nacional para obtener los votos que le permitieron ser elegido? Y si las hizo, ¿cuáles fueron?

Jorge Abbott

En estos momentos, diputados del Frente Amplio se aprestan a tramitar una petición de destitución del Fiscal Nacional ante la Corte Suprema. El máximo tribunal del país deberá decidir, primero, la admisibilidad de la presentación y, luego, actuar en procedimiento, con periodo de traslado y término probatorio, antes de emitir una sentencia.

Las razones por las cuales el Fiscal Nacional puede ser removido son tres: por incapacidad, por mal comportamiento o por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, según reza el artículo 89 de la Constitución Política. De acuerdo a los antecedentes que se tiene, la negligencia manifiesta parece ser la causal más abordable, tomando en consideración lo obrado por Abbott en los casos de financiamiento ilegal de la política.

El fiscal Abbott al asumir recibió vigorosas y encaminadas investigaciones de su antecesor bajo la aplicación del artículo 18 de la ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público (LOMP), que le permite al Fiscal Nacional “asumir, de oficio y de manera excepcional, la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos respecto de determinados hechos que se estimaren constitutivos de delitos, cuando la investidura de las personas involucradas como imputados o víctimas lo hiciere necesario para garantizar que dichas tareas se cumplirán con absoluta independencia y autonomía”. ¿Y qué hizo Abbott? Apenas asumió les quitó impulso a estas investigaciones y a poco andar las fraccionó y entregó/derivó a instancias inferiores.

Se ha sostenido que las investigaciones que llevan adelante el resto de los fiscales son autónomas y el Fiscal Nacional no puede interferir. En estricto rigor, ello no es efectivo, pues, además del citado artículo 18 de la LOMP, el Fiscal Nacional fija los criterios de actuación del Ministerio Público y, tratándose de los delitos que generan mayor conmoción social, estos criterios deberán referirse “a la aplicación de las salidas alternativas y a las instrucciones generales relativas a las diligencias inmediatas para la investigación de los mismos, pudiendo establecerse orientaciones diferenciadas para su persecución en las diversas Regiones del país”, todo ello solo oyendo previamente al Consejo General.

Puede, además, dictar “instrucciones generales que estime necesarias para el adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación de los hechos punibles, ejercicio de la acción penal y protección de las víctimas y testigos”. Lo único es que no puede “dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares, con la sola excepción de lo establecido en el artículo 18”. Es decir, puede influir, y mucho, en los casos que se investigan. Y todo indica que así ha ocurrido en las causas de financiamiento ilegal de la política.

El instrumentalismo político que exhiben todos los partidos y la prácticamente nula conciencia colectiva de que enfrentamos una crisis profunda de carácter político cultural, muy probablemente impedirá actos de efectiva sanación ética e institucional, y de responsabilidad de las elites gobernantes en lo público.

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Envíada por Enrique Álvarez Jaque | 22 septiembre, 2018

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