PAÍS
Durante décadas, cientos de pobladores vivieron sobre un cerro de tóxicos que enviaba la empresa sueca Boliden a Chile. Entre 1984 y 1985 se internaron 20.901 toneladas de metales, entre los que el plomo y el cadmio tenían gran presencia. En una lucha que lleva años, los pobladores apelarán ahora al fallo de la justicia sueca, que no reconoce la existencia de pruebas suficientes que acrediten el daño en su salud. Aunque los habitantes fueron reubicados y esas casas fueron desocupadas, el sector sigue existiendo: ahora es una toma de migrantes y chilenos que no quieren salir del reducto donde se ubicaron kilos de metales pesados.
Entre 1990 y 1992 se construyeron, en un sitio llamado “Sector F”, en Arica, tres poblaciones que los habitantes compraron vía subsidio. Era un lugar que parecía perfecto para hacer crecer familias y viviendas, sin embargo, ninguno de los nuevos propietarios sabía lo que había bajo ese sueño.
Marisol Maibe llegó a vivir allí en 1997 y, después de juntar por años el pie que le pedía el Estado, recibir una casa fue sinónimo de fiesta.
«Aunque era un cuadrado de ladrillo de 3×5, para nosotros era nuestra primera casa, así que estábamos felices», recuerda Marisol. La pequeña vivienda tenía solo una cocina pequeña y un baño. No contaba con ninguna división. Ni siquiera tenía todas las paredes. En vez de ventanas, estaba cubierta de papeles de diario, pero Marisol tenía tres hijos (de 3, 7 y 11 años) y, como era la primera casa, además de comprar placas de volcanita para levantar las separaciones, se regaló el primer artefacto útil para la nueva casa: una tele de 14 pulgadas en blanco y negro.
Solo a fines de los 90 se enteraría de que la cancha polvorienta en la que jugaban sus niños no era más que un resumen de meses de acarreo tóxico que empezó a enfermarlos: las autoridades de la dictadura nunca informaron que habían autorizado a la empresa chilena Promel a almacenar desechos tóxicos que recibía de la compañía sueca Boliden. Y ese cerro de polimetales era su patio.
«Cuando recién llegamos a vivir a Cerro Chuño era muy común encontrar grillos y de a poco fueron desapareciendo. Era imposible hacer crecer una planta y nuestras mascotas comenzaron a morirse», cuenta Marisol, que en el año 2007 intentó adoptar a un último can. El pastor alemán, al que llamaron Shadwon, solo duró unos meses con vida.
Entre 1984 y 1985 se internaron 20.901 toneladas de tóxicos, y todas ellas se acumularon en el sector F. Los pobladores comenzaron a registrar problemas de salud comunes y recurrentes: además de dolores de cabeza, a los huesos, cáncer y asma. En 1998 –después de ser alertados por una ONG que trabaja con los pobladores– el Servicio de Salud de la entonces Región de Tarapacá tomó 538 muestras de plomo y 620 de arsénico.
La mayoría de las familias que llegaron a soñar a Cerro Chuño en la década del 90, en Arica, hoy está concentrada en olvidar, aunque en estos meses eso pareciera imposible. En marzo la justicia sueca le dio la espalda a la última demanda de casi 800 pobladores que, el año 2013, insistieron ante el Tribunal de Skellefteå con una acción judicial en contra de la minera sueca Boliden; sin embargo, la Corte se inclinó por favorecer a la empresa. Los medios locales informaron que no había pruebas suficientes para aceptar los daños y perjuicios que solicitaban los demandantes, quienes pidieron 10 millones 500 mil pesos por cada uno (795 personas en total).
No era el primer antecedente judicial con que contaban los vecinos de Cerro Chuño, Los Industriales y Sica. En junio del año 2007, casi 400 vecinos de los dos primeros sectores ganaron otra batalla contra el Estado de Chile y Promel. Fueron indemnizados con 8 millones de pesos y se comenzó a hablar de erradicación. Sin embargo, 600 personas quedaron fuera de esa demanda. Los pobladores que obtuvieron compensación, no pudieron participar en esta nueva acción judicial internacional. A pesar de que el tribunal sueco falló en contra de las familias ariqueñas, la arremetida será apelar a la resolución, aunque el camino resulte ser muy difícil, ya que la justicia de ese país les exige mil 200 millones de pesos como condición.
Rodrigo Pino, antropólogo, quien conoce en terreno lo que han vivido los pobladores a quienes acompaña hace 12 años, viajó a Suecia como testigo y señala que para la apelación lo que les interesa es llegar a la verdad, “cuestión muy improbable, debido a la cantidad de falsedades que la compañía declaró durante el juicio, como, por ejemplo, que la gente se contaminó comiendo pescado, cochayuyo o por elevados niveles de arsénico del agua en Arica”, dice Pino.
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Después del primer muestreo masivo de salud realizado el año 1998, las mismas autoridades completaron un segundo test dos años después y los resultados demostraron que había 131 personas afectadas, 11 adultos y 120 niños. Entonces, de los seis metales presentes (cadmio, zinc, mercurio, cobre, arsénico y plomo), el único medido por las autoridades fue el último, que tiene efectos sobre el aprendizaje, el crecimiento y causa problemas conductuales.
–Hoy es un peregrinar por hospitales y clínicas. No sé en qué nos afecta más, si en la salud o la rabia que tenemos –comenta Marisol.
Desde Suecia, el director de comunicaciones de Boliden, Klas Nilsson, defiende lo que ha determinado el tribunal que, en resumen, declaraba que la exportación de Suecia a Chile a mediados de los años 80 “seguía todas las reglamentaciones vigentes en ese momento y que Boliden asumía una responsabilidad considerable con respecto a la participación de las autoridades, evaluaciones técnicas del Instalación de Promel, etc.”.
“El Tribunal concluyó que falta la causalidad entre el material enviado desde Suecia a Chile y la situación en Arica”, asegura Nilsson vía correo electrónico, quien refuerza la tesis de la justicia sueca: que los informes científicos y testigos sugieren otras fuentes como causantes del nivel de arsénico en el área. “Debido a la dirección del viento, las áreas al este y al noreste de la planta de Promel podrían haberse visto afectadas por el material. Los eventos que ocurren mucho después de la exportación (Promel abandonando la planta y el inicio de la construcción de casas en estas áreas) era completamente imprevisible, no es responsabilidad de Boliden. Se establece claramente que no había casas en estas áreas en el momento de las inspecciones y exportaciones”, afirma Nilsson.
A pesar de la felicidad de los habitantes por comenzar a construir un nuevo hogar –para la mayoría de ellos, el primero– lo mejor para las autoridades fue erradicar a las familias que vivían en el sector contaminado, un proceso que comenzó el año 2009, cuando el Gobierno confirmó niveles elevados de contaminación. Cerca de 2 mil familias fueron reubicadas en nuevos departamentos, aunque algunas se quedaron esperando que apareciera una casa. Una segunda oleada de erradicación terminó en 2015.
Sin embargo, las poblaciones como la de Cerro Chuño siguen siendo habitadas, ahora, por algunas familias que se quedaron, otros chilenos que se tomaron las casas y decenas de inmigrantes que escogieron este lugar para levantar su precaria vida en Chile.
El año pasado, todas las viviendas iban a ser demolidas, en total 397 y que eran habitadas por 1.600 personas; sin embargo, un recurso de protección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentado en último momento, detuvo el proceso y tiene todo en espera. Aunque la acción fue interpuesta para que el desalojo se produjera sin transgredir los Derechos Humanos, es decir, sin usar la fuerza ni generando un hecho traumático.
El jefe regional del INDH, David Bahamondes, describió en el recurso que en el lugar se encontraban “niños, adolescentes, mujeres, ancianos, personas con deterioro en su condición de salud, capacidades disminuidas y migrantes, muchos con escasos niveles de educación y la mayoría en condiciones socioeconómicas por debajo de la línea de pobreza”.
Rodrigo Pino cuenta que hoy en el lugar viven tanto dueños como personas que se las tomaron, en la espera de ser erradicados. “La autoridad ha tenido un manejo incompetente en la erradicación, porque se ha demorado desde el año 2009 en sacar a toda la gente expuesta a los tóxicos”.
Marisol Maibe cree que el efecto de aquellos acopios que entraron al país a mediados de los años 80 aún sigue significando desechos mortales para cientos de familias:
“Es difícil perdonar. Ha sido un daño tremendo a las personas, y creo que nada lo podrá remediar”.
