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El SUC de Piñera: aguas divididas en el oficialismo para dar solución a más de 870 mil deudores CAE

por 6 junio, 2018

El SUC de Piñera: aguas divididas en el oficialismo para dar solución a más de 870 mil deudores CAE
Este jueves el Presidente debería presentar el nuevo Sistema de Crédito Unificado para la educación superior, un caballito de batalla con el cual se borrará el amargo legado de Concertación: el Crédito con Aval del Estado. A pesar de que el Mandatario dijo en la Cuenta Pública que los "morosos" podrán pasar al sistema nuevo, desde la oposición y los estudiantes siguen demandando la condonación de la deuda.
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La creación de un Sistema Único de Crédito (SUC) para la educación superior que elimine de la ecuación de financiamiento a la banca, fue uno de los principales anuncios que hizo el Presidente Sebastián Piñera, en su primera Cuenta Pública ante el Congreso Pleno el 1 de junio.

Una política pública que busca sepultar al Crédito Aval del Estado (CAE), uno de los más cuestionados legados que dejó la Concertación, y seguir, así, con la línea que estableció Piñera en su primer Gobierno, que ha terminado con los abusos del CAE, cuando en el año 2011 llamó a un consenso con la oposición e ingresó un proyecto de ley que lo rebajó de un 6% a un 2%.

El anuncio presidencial del viernes da una solución a una generación completa de estudiantes, compuesta por más de 870 mil endeudados, de los cuales 376 mil 811 ya deberían estar pagando el crédito. Es justamente ante esta crisis por los deudores que vive el sistema –que registra un 40,3% de morosidad– que Piñera sacó un as bajo la manga: anunció que los morosos podrían pasar al nuevo SUC y, con ello, disminuir las críticas que han apuntado a la necesidad de que exista una “condonación de la deuda”, como lo ha solicitado la organización Deuda Educativa y las dirigencias del mundo estudiantil.

Un anuncio que podría beneficiar a más de 151 mil deudores del CAE, de los cuales más del 70% nunca terminaron sus carreras, según la última versión del estudio “Endeudar para Educar”, de Fundación Sol. Esto si hubiera consenso al interior del oficialismo para implementar el beneficio a los morosos, lo que no es así.

El viernes pasado, Piñera dijo que durante esta semana se ingresaría el proyecto de ley del SUC, que será financiado por el Estado, que tendrá un interés del 2%, con una cuota máxima de pago de un 10% de la renta y cuya deuda será condonada tras 15 años.

Hasta ahí ninguna sorpresa, ya que todos esos puntos estaban “más o menos consensuados” al interior del oficialismo, según reconoció un parlamentario del sector, aunque la fecha impuesta los habría “pillado volando bajo”, debido a que restaba aún un mes para que terminara el plazo autoimpuesto por el Ministerio de Educación.

Pero luego el Presidente agregó que “este proyecto también va a beneficiar a los actuales estudiantes morosos, que podrán incorporarse a este sistema con tasa subsidiada y con monto máximo de pago del 10%, agregando la mora que hoy día tengan al final del periodo normal de pago”. Un punto que ni siquiera estaba incluido en la rendición de cuenta sectorial del Mineduc, en donde se supone se dan mayores detalles de las políticas anunciadas.

Una jugada de última hora que no dejó contentos a los parlamentarios oficialistas, es más, ni siquiera en el “equipo técnico del ministerio había acuerdo” respecto a dicha medida, señalaron desde el seno de dicha repartición.

El principal punto en conflicto sería el costo de implementar esta solución para los morosos, ya que los montos podrían ser cuantiosos “si estas deudas aún están en posesión de los bancos y no han sido compradas por el fisco”, explicó un asesor de Gobierno.

El diputado RN y miembro de la Comisión de Educación, Diego Schalper, recalcó que “el tema de los morosos en particular, es uno de los puntos que no tenemos resuelto y, cuando sea el momento, por supuesto que se lo vamos a informar. Estamos trabajando para que tengan una situación mejor que la tienen hoy día y eso yo creo que el proyecto lo va a reflejar”.

El peligro radicaría en que, para traspasar estos morosos al nuevo sistema, la banca cobre un mayor porcentaje de sobreprecio, lo que se haría insostenible si todos los estudiantes endeudados con CAE pasaran al nuevo sistema. Allí las dudas apuntan a cuánto le costaría eso al fisco, cuál será el porcentaje del interés de la recompra: ¿un 6%, como originalmente se estableció en 2006, o más de un 25%, como ha sido la tónica en los últimos años?

La apuesta del Mineduc sería más audaz. Este lunes, tras la sesión de la comisión investigadora del CAE, el jefe de la Divesup, Juan Eduardo Vargas, detalló que “la idea es que todos los deudores, estén o no morosos, puedan pasar al nuevo sistema”. Esto significaría que el Sistema Único de Crédito podría iniciar su funcionamiento con más de 870 mil deudores, un dato que genera incomodidad al interior del oficialismo, principalmente por “la sanidad de las arcas fiscales”, recalcaron desde la derecha.

El problema –más allá de ser una salida “de último minuto”, de acuerdo a parlamentarios de Chile Vamos– radica en que el sistema del CAE ya incluye la recompra de los deudores. Todos los años, el Estado compra una parte de las carteras de deudores que les entregó a los distintos bancos, principalmente aquellas más riesgosas. Entre 2006 y 2017, el fisco recompró un 52,2% de los créditos, pagando un “sobreprecio” o interés de 26,1% en promedio por cada uno.

Si el sistema CAE ha entregado $4,7 billones en sus más de diez años de vida, el fisco ha destinado $3,1 billones a recomprar parte de los créditos. Según los especialistas, esto significa que es posible que parte importante de las deudas CAE ya estén en manos del Estado y solo el cobro de la deuda esté siendo administrado por los bancos.

Además, esta fórmula de incorporación de los deudores CAE al nuevo sistema podría significar otra forma de enriquecimiento de la banca a partir del mismo.

El especialista en Educación Superior e investigador del Ciae y Fundación Nodo XXI, Víctor Orellana, recordó que en el año 2006 la banca negoció a última hora con el Gobierno la recompra, allí fijó en virtud de “sus intereses” un mecanismo que “ha sido la válvula que ha mantenido a la banca en el CAE”. “Los bancos son instituciones con fines de lucro, al ver deudores peligrosos rápidamente pidieron una recompra (...). La banca se convirtió, de un día para otro, en uno de los actores más importantes de la educación superior del país”, apuntó.

Por otra parte, Orellana destacó que es necesario que este cambio de sistema incluya “una salida estructurada”, si no “la banca va a seguir jugando al chantaje y vamos a seguir en este esquema insensato”.

El peligro radicaría en que, para traspasar estos morosos al nuevo sistema, la banca cobre un mayor porcentaje de sobreprecio, lo que se haría insostenible si todos los estudiantes endeudados con CAE pasaran al nuevo sistema. Allí las dudas apuntan a cuánto le costaría eso al fisco, cuál será el porcentaje del interés de la recompra: ¿un 6%, como originalmente se estableció en 2006, o más de un 25%, como ha sido la tónica en los últimos años?

Peor que el Fondo Solidario

Otro punto en donde el proyecto quedaría “al debe”, a juicio de la oposición, se da al comparar el Sistema Único de Crédito con el Fondo Solidario Crédito Universitario (FSCU), crédito que aplicaba para las instituciones que pertenecen al Consejo de Rectores.

Desde la organización Deuda Educativa han recalcado que el nuevo crédito empeora las condiciones que mantiene el crédito Fondo Solidario, el cual beneficia a un promedio de 30 mil estudiantes por año, cifra que ha ido descendiendo a medida que se ha implementado la gratuidad.

El FSCU financia a estudiantes pertenecientes al 80% de la población con menores ingresos. Es otorgado por una parte o la totalidad del arancel de referencia anual de la carrera, a través de un préstamo en UTM con un 2% de interés.

Actualmente, los créditos son manejados por las universidades y muchas de ellas utilizan a empresas de cobranza para la administración de las deudas. La deuda del crédito Fondo Solidario se absuelve después de los 12 años o 15 años –si el monto es superior a 20 millones– y el valor de la cuota se calcula sobre la base de la renta que obtiene el estudiante, que no puede superar el 5% de la renta mensual del endeudado.

Uno de los principales problemas de este crédito, en opinión de los rectores del Cruch, es que existe una baja devolución de los recursos, por lo tanto, el “Fondo Solidario” que debería financiar a las nuevas generaciones de estudiantes se ha ido quedando sin recursos.

El SUC del Presidente Piñera aún no aclara cómo evitará la fuga de pagos, sin la banca de intermediaria. Pero, establece que la deuda será absuelta después de 15 años de pago y aumenta a un 10% del sueldo mensual la cuota del crédito, el doble de lo que establece el Crédito Fondo Solidario, lo que ha sido flanco de críticas por parte de distintos actores de la educación.

La senadora Yasna Provoste (DC), señaló que está en desacuerdo con la eliminación del CFSU, ya que “duplica la contingencia en el ingreso, que hoy en día tienen los deudores. Genera condiciones mucho más adversas para los estudiantes tradicionales, favoreciendo a las privadas”.

Un nudo que no ha sido resuelto, por las escuetas intervenciones que han tenido las autoridades del Ministerio de Educación, es el costo que podría significarle al fisco la implementación del nuevo sistema de créditos. Tampoco se ha aclarado quién va a administrar el sistema, ni quiÉn será el encargado de cobrar los créditos. Asumiendo que el nuevo sistema ya contaría con más de 300 mil deudores.

Desde Deuda Educativa han hecho hincapié en la forma “abusiva” del cobro del CAE por parte de la banca, lo que ha significado, al menos, 20 casos con embargo de bienes inmuebles, según detallaron en sesión de Comisión Investigadora CAE. Pero también han criticado la fórmula de retención de la devolución de impuestos, que ha operado los últimos años con el cobro del Fondo Solidario y del CAE

Es por esta razón que la fórmula de cobranza está siendo seguida de cerca por parlamentarios de oposición y especialistas en el tema, pues el Estado podría recurrir a empresas de cobranza privadas para administrar el proceso de cobro de créditos, un punto que debería ser transparentado durante “los próximos días”, señaló Juan Eduardo Vargas, jefe de la Divesup.

Problemas de Fondo

“La coexistencia de la gratuidad con un sistema de créditos es innegable”, con esta frase el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, consolidó la mirada del Gobierno en cuanto a la forma de financiamiento que debe tener la Educación Superior en Chile. Además, la misma autoridad recalcó que este nuevo sistema de créditos debe ser eficiente y eficaz, “que los recursos que el fisco destina efectivamente, ese gasto, sea lo más eficiente posible”.

La diputada Camila Rojas dijo que “implícitamente el subsecretario indica que la gratuidad no llegaría al 100% y no se perfila todavía un financiamiento a las instituciones de libre disposición. Es decir, seguimos la lógica del subsidio a la demanda”.

Razón por la que este cambio de crédito, a pesar de sacar a la banca, no apuntaría al problema de fondo que ha traído consigo el CAE: el endeudamiento y la falta de visión para la sostenibilidad económica del sistema de educación superior.

Para Orellana, detrás de este cambio está pendiente “una discusión de rediseño de la economía política (...) todas estas políticas se agotan en los montos del voucher, finalmente esta discusión te obliga a discutir en qué te gastarás los recursos entregados por el Estado”. Añadió que le parece “preocupante” el hecho de que el Mineduc siga trabajando bajo la hipótesis de los años 2011 y 2012, siendo que los deudores CAE se han más que duplicado: “Me da la impresión de que el Gobierno está jugando al avestruz, porque tiene un conflicto mucho mayor del que se piensa”.

El proyecto de ley debería ser presentado este jueves, una fecha que parece compleja, puesto que recién hoy en la mañana se terminarían de zanjar los puntos conflictivos al interior del oficialismo, los que deben estar amarrados para asegurar su tramitación en el Congreso.

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