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El ministro de Salud, Emilio Santelices, no es el único cliente complejo que ha tenido el jurista y ex subsecretario DC. En 2014, la compañía Celulosa Arauco (Celco), representada jurídicamente por Correa, se vio involucrada en la muerte de peces en el río Cruces en el sector Rucaco, caso por el que mantiene una disputa con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Este jueves, el abogado militante de la Democracia Cristiana, Jorge Burgos, se bajó de la defensa frente a la acusación constitucional que enfrenta el ministro de Salud, Emilio Santelices. «Espero que esta decisión ayude a centrar la discusión donde corresponde, lo insustancial de la acusación, y no en quien asume el patrocinio», expresó a través de una declaración pública en su cuenta de Twitter.
Tras su declinación, la defensa de Santelices será asumida por el también DC Jorge Correa Sutil, abogado que se ha visto involucrado en casos que no han estado exentos de controversia, uno en particular relacionado con la empresa Celulosa Arauco (Celco), ubicada a pocos metros del río Cruces en el sector Rucaco, donde en 2014 lugareños denunciaron la aparición de peces muertos, y por lo cual mantiene una disputa con la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), entidad que multó a la compañía por más de 7,3 millones de dólares tras constatar una serie de incumplimientos en su planta de Valdivia.
En medio de esta disputa, la empresa presentó en mayo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). Es aquí donde Correa Sutil tiene una participación protagónica, pues para emprender esta acción judicial, Celco lo contrató y fue él quien firmó el requerimiento, solicitando que se declare inaplicable el artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece que las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y la policía son secretas para terceros: «Las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento».
Para el militante DC, los antecedentes que se encuentran en poder de la Fiscalía de Mariquina son esenciales para la defensa de Celco. «En conformidad a lo dispuesto en el numeral 6° y en el inciso décimo tercero del artículo 93 de la Carta Fundamental, vengo en interponer requerimiento para que se declare por inconstitucional lo dispuesto en el inciso primero del artículo 182 del Código Procesal Penal (en adelante también CPP), en la causa que sigue ante el Tercer Tribunal Ambiental, con asiento en Valdivia, caratulada «Celulosa Arauco y Constitución S.A con Superintendencia del Medio Ambiente rol 64-2018; de manera que la petición de acompañar copia de los antecedentes que más adelante se individualizan, todos los cuales obran en una investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Local de Mariquina, sea resuelta sin aplicación del precepto impugnado».
En 2004, la compañía representada jurídicamente por Correa, se vio involucrada en un desastre ecológico que produjo la muerte de cisnes de cuello negro, por lo cual tuvo que pagar una multa de $5200 millones.
La acción ante el Tribunal Constitucional se da luego de que Celco recurriera al Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia en contra de la SMA, que en marzo pasado rechazó un recurso interpuesto por la compañía que buscaba la absolución en nueve de los 10 cargos presentados por la Superintendencia en diciembre.
