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El fiscal regional a cargo de la investigación del caso SQM tendrá que abandonar, por obligación, su cargo como fiscal tras cumplir 8 años en su puesto, por lo que no podrá estar en el juicio de diciembre, donde se podría ratificar los 6 años de cárcel para Pablo Longueira.
El fiscal del caso SQM Pablo Gómez vive sus últimos días como el responsable del caso, ya que en diciembre tendrá que dejar el cargo, tras ocho años como fiscal regional. Por lo que no podrá estar presente en el juicio en contra de Pablo Longueira y compañía.
Tras dejar su puesto, Gómez viajará a Inglaterra a acompañar a su señora, pero a Longueira no le parece que se vaya. Esto piensa Gómez, en entrevista con el diario La Tercera: «No es que yo decida no quedarme, me tengo que ir».
«Detrás de esta decisión hay un equipo de seis fiscales, la mayoría de mi región, más Carmen Gloria Segura, de la Fiscalía Centro Norte, y entre todos hemos ido tomando decisiones de acuerdo al mérito de los antecedentes. Llegó el momento en que la investigación se encontró agotada y el equipo completo tiene la convicción de que al señor Longueira le cabe participación como autor en un delito de cohecho. Intentar personalizar en mí la persecución penal respecto del señor Longueira o de cualquier persona es un hecho que nos aleja de la ley. No tengo nada en contra del señor Longueira ni de ningún sujeto que me ha tocado acusar en estos 17 años que llevo como fiscal», indicó, precisando que los que sigan en el caso durante diciembre harán bien su trabajo.
Gómez también le responde al mismo Longueira, quien lo acusó de que le había ofrecido una salida alternativa que eliminaba el delito de cohecho: «Las investigaciones penales van pasando por distintas etapas. Y muchas de ellas están vinculadas a la incorporación de nuevos antecedentes. Nosotros, como equipo de fiscales, en algún momento advertimos que, de acuerdo a los correos que el señor Longueira enviaba a la Secretaría General de la Presidencia, nos daba para pensar en una posible imputación vinculada a un delito de tráfico de influencias. En un inicio era posible pensar en que el delito de cohecho o el delito que se había imputado al señor Longueira estaba más bien vinculado a un tráfico de influencias».
El punto clave que hizo cambiar de opinión al grupo de fiscales liderado por Gómez fue una investigación posterior al 2016. Ahí se convenció de que debía ser acusado de cohecho: «Lo que pasó fue que seguimos avanzando en la investigación y levantamos toda la contabilidad de las fundaciones del señor Longueira. Logramos determinar todos los pagos que hizo a Copra S.A. (inmobiliaria fundada por él) con dineros de SQM, que era una deuda que tenía el señor Longueira; logramos establecer que, por ejemplo, los pagos a las fundaciones cesaron y se renovaron por el mismo monto, al mes siguiente, a una sociedad que tenía Longueira con su señora, Cecilia Brinkmann. Todo eso nos permitió darnos cuenta de que estas conductas caían precisamente en la figura del inciso primero, del cohecho propiamente tal».
