PAÍS
La designación del ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva, como embajador en Estados Unidos, llegó en el momento más oportuno. Llevaba meses en una frontal discusión con el CPLT que le exigía que cumpliera con la ley y se publicaran las reales remuneraciones de los funcionarios del servicio exterior, que están subestimadas hasta en un 500 por ciento. La negativa a romper con el secretismo esconde una álgida pugna al interior del propio servicio, entre los nuevos funcionarios y los más antiguos, en donde se revela que los mejor pagados en su gran mayoría no tienen preparación académica o que han entregado información inexacta para superar el inconveniente de imagen, como es el caso del propio Silva.
La designación del subsecretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Silva Navarro, como embajador en Estados Unidos, puso término a una preocupación que iba en ascenso en materia internacional: la mala imagen que estaba proyectando Chile al no contar con un nombre de peso que tuviera las competencias y las credenciales suficientes para representar al país ante el Gobierno de Donald Trump, en un momento de alta expectación mundial tras anunciarse la guerra comercial con China.
Ese nombramiento como embajador, sin embargo, no terminó solo con una preocupación del Gobierno, sino también con una propia. Trasladarse a Mass Avenue en Washington, le permitió a Silva –quien también es coagente de Chile ante La Haya– sacudirse de un problema que amenazaba con estallarle en la cara y que lo enfrentaba directamente con el Consejo Nacional para la Transparencia (CPLT), en su calidad de subsecretario de la Cancillería.
Una serie de oficios daban cuenta de una tensión en escalada en cuyo destino final no se descarta un enfrentamiento en tribunales.
Por un lado, el CPLT acusa a la Cancillería de no tener la voluntad política de cumplir con la ley y, por su parte la Subsecretaría de la Relaciones Exteriores acusa el Consejo de cambiar discrecionalmente los criterios. ¿El punto en cuestión? Los millonarios sueldos de los diplomáticos del servicio exterior que, de acuerdo al Consejo, el Ministerio de Relaciones Exteriores se niega a transparentar.
[cita tipo=»destaque»]»A nivel de consejeros y ministros consejeros, grados inmediatamente inferiores, uno se encuentra con gente que gana entre USD 10 MIL y USD 15 MIL, sin poder comprobar experticia alguna, salvo la excusa de la generalidad y de pasar papeles de un lugar a otro. Lo que quiero decir es que se trata de gente que ni siquiera se perfeccionó en áreas específicas del conocimiento de las RR.EE., que no tienen mayores manejos negociadores en temas ‘duros’ y que en cualquier posición de mercado ‘equivalente’ en sector privado ganaría la mitad», sostiene un ex funcionario del servicio exterior en Europa.[/cita]
En el oficio N° 1039 del 9 de marzo de 2018, el CPLT solicitó a la Cancillería informar «fundada y detalladamente respecto de las asignaciones especiales de distinta naturaleza que forman parte de la remuneración bruta» de los funcionarios.
La solicitud, según fuentes del Consejo, tenía por propósito que el Ministerio de Relaciones Exteriores se «cuadrara» con el resto de las reparticiones públicas y que informara a cuánto ascienden las remuneraciones totales, sumando las asignaciones especiales. Esto, porque en la práctica las remuneraciones de los escalafones más altos, como embajadores y primeros secretarios, estarían subestimadas, en algunos casos en hasta en un 500 por ciento.
Fuentes que trabajan actualmente en misiones en el exterior, calculan que el embajador que menos gana alcanzaría una remuneración de 15 mil dólares, a lo que se suma US$3 mil trimestral de gastos de representación, más chofer, más asesoras del hogar, más casa que podría llegar hasta (US$8 mil), más celular, más parte del colegio de sus hijos. Como valor de referencia, fuentes de la propia Cancillería relatan que, dentro de las misiones más apetecidas por la remuneración conjunta, están Venezuela (US$23 mil), Argentina (US$ 17.7 mil), Japón (US$ 21 mil), Suiza (US$ 20 mil) y Estados Unidos (US$ 20 mil). En síntesis, un embajador podría ganar hasta 18 millones de pesos mensuales, contando los beneficios, lo que ubica los dentro de las mejores remuneraciones de todo el aparato del Estado.
En respuesta a dicho oficio, el 18 de mayo de 2018, el Minrel informó al CPLT el porcentaje del «costo de vida», sin incluir el monto correspondiente a esta asignación, ya que afirmaron que esos valores no se consideran dentro de la escala de remuneraciones respectiva, por no tratarse de una asignación especial.
Al no encontrar satisfactoria la respuesta del hoy embajador Silva, el CPLT envió un segundo oficio, el Nº 3733 de 20 julio de 2018, en el que le informó al subsecretario de Relaciones Exteriores «que la mera indicación que un funcionario recibe dicho porcentaje no cumple con las obligaciones de transparencia activa consagradas en la ley». En particular, se requirió que la información debería precisar la cantidad exacta de dinero que recibe cada funcionario y que no hacerlo conlleva incumplimiento injustificado de las normas en Transparencia Activa, lo que es sancionado con una multa que va desde 20 a 50 por ciento de la remuneración del infractor. O sea, de Alfonso Silva.
La respuesta del ex subsecretario de Relaciones Exteriores al último oficio –a juicio del consejo– fue nuevamente insatisfactoria, ya que en este caso se esgrimió «razones de seguridad», como argumento para no transparentar las remuneraciones. Y para defender dicha postura, no descartan enfrentarse incluso al CPLT en tribunales.
«La Cancillería está considerando todas las alternativas dentro del marco legal aplicable», informó oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores a El Mostrador.
A tal punto ha llegado la intención de mantener en secreto las millonarias remuneraciones, que hasta el directorio de la asociación de funcionarios del Minrel se «cuadró» ante la negativa e informó a sus asociados que resolvieron presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para impedir que se conocieran públicamente sus remuneraciones.
Fuentes al interior del CPLT avalúan como insólitas las respuestas de Cancillería, puesto que «en nada afecta la seguridad de las personas» que se cumpla la ley. «Nadie está por sobre la ley. Cada institución es libre de evaluar los caminos que prefiera, pero para el CPLT la ley es clara y solo debe cumplirse», sentenciaron desde el organismo.
Aunque esta pelea enfrenta en aspectos formales a la Cancillería con el CPLT por la transparencia de la información, al interior del propio ministerio explican que la razón del secretismo es otra y que apunta a que dicha información revelaría una profunda crisis al interior del servicio exterior, ya que un importante grupo de los escalafones más altos no tendría las competencias curriculares para ganar esos sueldos, que se evidencian al interior como privilegios.
«A nivel de consejeros y ministros consejeros, grados inmediatamente inferiores, uno se encuentra con gente que gana entre USD 10 MIL y USD 15 MIL, sin poder comprobar experticia alguna, salvo la excusa de la generalidad y de pasar papeles de un lugar a otro. Lo que quiero decir es que se trata de gente que ni siquiera se perfeccionó en áreas específicas del conocimiento de las RR.EE., que no tienen mayores manejos negociadores en temas ‘duros’ y que en cualquier posición de mercado ‘equivalente’ en sector privado ganaría la mitad», sostiene un ex funcionario del servicio exterior en Europa.
En relación con la falta de preparación en el servicio del exterior, lo que resulta más evidente es la situación que afecta al sector de los embajadores, quienes no tienen preparación académica trazable, no poseen títulos profesionales ni grados académicos. Algunos de estos ejemplos son: Francisco Berguño Hurtado, Rolando Drago, Alex Geiger, Roberto Ibarra García, Rodrigo Nieto, Rodrigo Pérez, José Manuel Silva, Milenko Skoknic, Eduardo Bonilla, Raúl Fernández Daza, Hernán Mena, Juan Luis Nilo, Konrad Paulsen, Christian Reheren, James Sinclair, Cristian Streeter, y el propio Alfonso Silva.
Para los funcionarios más jóvenes, que se encuentran en el servicio exterior chileno, esta situación solo refleja la baja calidad del mismo.»El servicio exterior de Chile se caracteriza por tres anomalías: inamovilidad de sus funcionarios antiguos, falta de escrutinio público a la función diplomática, falta de preparación», sostiene un diplomático en servicio en el extranjero, que prefiere reservar su identidad.
«Lo que me parece más grave es que se cuestionen y fiscalicen los recursos a los parlamentarios, por ejemplo, que ganan 6 o 7 millones, y no se cuestiones ni fiscalice a los embajadores que ganan hasta 18 millones de pesos», se pregunta la misma fuente. Según él, hay personas, «los llamados diplomáticos de carrera, que ganan más de 10 millones de pesos, nadie los conoce, nadie conoce sus nombres, nadie sabe qué hacen y no dan cuenta de sus gestiones ante la Comisión de Relaciones Exteriores».
Esa es la verdadera razón, plantean las fuentes en el exterior: por qué no quieren transparentar sus sueldos. «Hay personas que llevan 50 años en el servicio, no tienen títulos, no hablan idiomas y algunos de ellos ni siquiera hicieron la carrera como todos. Un ejemplo de esto es el propio Alfonso Silva, que, saltándose incluso la carrera funcionaria, ejerció como primer secretario de la embajada de Estados en 1976. Pinochet lo puso ahí pocos meses después que la DINA asesinara a Letelier. Además no tiene título y atentó contra la fe pública al mentir en su curriculo».
El 29 de marzo, la Cancillería informó que el extracto curricular que figuraba en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores del entonces subsecretario Silva y hoy embajador Estados Unidos, contenía un error. Que por «una confusión» se sostenía que el diplomático de carrera era abogado de la Universidad Católica de Valparaíso con posgrados en el extranjero, en circunstancias que eso no era cierto.
Registrarse como abogado resultaba acorde a las altas competencias que Silva debía lucir en Holanda en su calidad de coagente en el Tribunal Internacional de La Haya, donde se tramita la demanda que interpuso Bolivia para obligar a Chile a negociar un acceso con soberanía al océano Pacífico.
Para evitar que este «error» –en los primeros días de instalación del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera– fuera interpretado como falta de transparencia y que afectara la credibilidad del equipo jurídico en La Haya, en el Minrel corrigieron la información destacando que se trataba de una confusión puntual. Silva –admitieron– no era abogado ni había estudiado en la Universidad Católica de Valparaíso, sino que era «egresado» de Derecho de la Universidad de Chile. Para no restarle méritos se insistió en que tenía el grado de licenciado.
Al ser considerado el hombre fuerte de Cancillería, que daría el necesario contrapeso a la inexperiencia del canciller Roberto Ampuero, el tema curricular fue relegado, aun cuando la Universidad de Chile informó posteriormente que Silva tampoco era licenciado, que no tenía grado académico alguno y que la única licencia real que podía demostrar, era la de Enseñanza Media.
Al restarle importancia a la información falsa –observaron fuentes del Consejo de la Transparencia–, se logró ocultar que en el caso de Silva su información curricular ha mostrado reiteradas inconsistencias, como se desprende de la comunicación que le envió el ex canciller Heraldo Muñoz a la Presidenta Michelle Bachelet, cuando designó a Silva como embajador en Canadá. En esa comunicación se destaca que tenía estudios de posgrado en la universidades de John Hopkins y Georgetown, en Washington D.C., una calidad académica al menos «dudosa» –observan–, ya que para tener posgrados el paso previo es haber alcanzado exitosamente el pregrado. «Claramente la transparencia no es la virtud de Silva», apuntan.
