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Instancia parlamentaria dio luz verde a la restricción para que los condenados por estos ilícitos no puedan trabajar en una empresa que tenga contratos con el Estado o con una empresa pública.
La Comisión Mixta aprobó la propuesta del Gobierno que prohíbe a un condenado por cohecho o soborno, trabajar en una empresa que tenga contratos con el Estado o con una empresa pública, incluidas las concesionarias y de utilidad pública.
Según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se trata de un “gran disuasivo para la corrupción” en el marco de este proyecto que –entre otros- aumenta las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y de administración desleal.
Para la próxima sesión, la comisión vera el tema de la delación compensada, otro mecanismo para evitar estos delitos. En tanto, el senador DC Francisco Huenchumilla anunció que ingresará una indicación para establecer la inhabilidad perpetua para altos cargos públicos condenados por cohecho.
En otras aristas, el senador Alfonso de Urresti (PS) solicitó al Ministerio de Justicia incluir en el listado de altas autoridades públicas, al delegado presidencial que representará al Ejecutivo en las regiones y que convivirá con el gobernador regional electo en las urnas, informó La Tercera.
En tanto, el diputado Leonardo Soto (PS) pidió incluir en el listado de aumento de penas, a mandos medios utilizados como testaferros a la hora de cometer ilícitos.
Asimismo, se solicitó aclarar si se van a incluir a autoridades de organismos con autonomía del Ejecutivo como el Servel, fiscales, y la Contraloría General de la República.
