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Andrés Zaldívar, Camilo Escalona, Ricardo Lagos Weber, históricos dirigentes políticos ligados a la centroizquierda, serán convocados para aclarar las dudas de la Fiscalía sobre la forma en que se aprobó, el año 2010, la ley del “royalty” que favoreció a la minera no metálica, controlada por el ex yerno de Pinochet. Al fiscal Pablo Gómez le parece fundamental conocer el papel que jugaron los citados en dicha tramitación, si conocían de la «indicación Longueira» y lo que se negoció en los acuerdos tras bambalinas en el Senado durante ese año inaugural del primer Gobierno de Sebastián Piñera. A estos tres nombres se suman el de la ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, quien deberá explicar cómo se gestionaron los pagos irregulares que sirvieron para financiar al PPD en épocas de vacas flacas, y Francisco Frei Ruiz-Tagle (DC), para justificar otros dineros –también recibidos desde SQM– y que se presume fueron utilizados durante la campaña presidencial que su hermano Eduardo perdió frente a Piñera.
El desfile de testigos, más o menos vinculados con los delitos que son objeto de la acusación en el caso SQM, que entregará su testimonio en el juicio por la denominada arista “royalty”, no se reduce solo al círculo de allegados del ex senador y ex ministro UDI, Pablo Longueira, acusado por delitos tributarios y cohecho, sino que también salpica a figuras ligadas a la centroizquierda. Parlamentarios en servicio activo, poderosos ex dirigentes, líderes de tiendas políticas, todos parte de la elite de lo que fue la Concertación y después la Nueva Mayoría, destacados integrantes de la «cocina política», deberán dar más de una explicación en tribunales y despejar las dudas del Ministerio Público sobre el verdadero papel que jugaron en este episodio.
Una nómina selecta de testigos que la Fiscalía pondrá sobre la mesa en este juicio oral, que deberá empezar en los próximos meses, para intentar dilucidar hasta dónde realmente llegaron los tentáculos de Julio Ponce Lerou, a través de SQM, y cuánto permeó los pasillos de la política nacional.
Una figura emblemática de la «cocina política» es la del ex senador democratacristiano Andrés Zaldívar, quien tras perder su escaño en la Cámara Alta en las elecciones de noviembre y lejos de optar por el retiro, se ubicó como parte del Consejo de Asignaciones Parlamentarias por los próximos 4 años. El «chef» por excelencia de las negociaciones y acuerdos tras las bambalinas del Congreso, deberá declarar como testigo en el juicio, ya que el órganismo persecutor quiere detalles sobre el proceso de aprobación de la Ley 20.469 sobre royalty minero.
En octubre de 2010, Zaldívar era integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, donde se discutió y votó el proyecto de royalty que impulsó la primera administración de Sebastián Piñera para financiar la reconstrucción posterior al terremoto. Inicialmente, el entonces senador DC estuvo entre los que se negaron a apoyar el royalty minero como lo proponía el Gobierno en su primer proyecto de julio y la razón fundamental era, justamente, el régimen de invariabilidad tributaria de ocho años y que no incluía a la minera no metálica de Ponce Lerou.
En la discusión del segundo proyecto, Zaldívar fue uno de los protagonistas del grupo de parlamentarios que negoció con el ministro de Hacienda del momento, Felipe Larraín –quien también deberá declarar como testigo en el juicio–, lo que derivó en la aprobación unánime de la comisión a esta segunda iniciativa, que incluía un artículo que favoreció abiertamente a SQM y que fue gestionado personalmente, en su calidad de senador, por Pablo Longueira.
La Fiscalía intentará, en el juicio, determinar si Zaldívar sabía que dentro del mensaje presidencial que dio origen a la ley existía un articulo transitorio, la llamada “indicación Longueira”, que favorecía especialmente a SQM, o si se enteró durante las negociaciones –muchas de ellas fuera del Parlamento–.
[cita tipo=»destaque»]El senador PPD no solo deberá declarar en el juicio del caso SQM por su participación en ese acuerdo. La Fiscalía quiere saber de primera fuente por qué una minuta con la propuesta de royalty de la entonces oposición llegó desde el mail de Lagos Weber al correo de Longueira, quien en agosto de 2010 se la mandó al entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, también acusado de delitos tributarios y cohecho.[/cita]
El cambio de posición de Zaldívar fue a contrapelo de las críticas abiertas de los diputados de su mismo bloque opositor, la fenecida Concertación, quienes cuestionaban precisamente el régimen de invariabilidad. Es más, durante la votación en Sala, el entonces senador explicó por qué varió su opinión: “De partida, ha permitido al Gobierno y la oposición obtener como resultado un mayor incremento de recursos para el país y para las regiones; una escala de tasas razonable y aceptable dentro de la economía global y la posibilidad de contar con un nuevo estatuto de inversión extranjera que, como acabo de señalar, proteja los intereses de Chile y de los inversionistas”, declaró entre los gritos y abucheos emanados desde las tribunas del Senado, que terminaron siendo desalojadas.
La ley que se aprobó en la Sala del Senado el día 12 de octubre de 2010, incluía la entrega de 100 millones de dólares anuales para las regiones y una comisión que propondría reformas al Decreto Ley 600, sobre inversión extranjera. Públicamente se argumentó que se había llegado a un buen acuerdo, porque se iba a subir la tasa impositiva para las mineras entre un 5% y hasta un 14% y, además, se obtendrían fondos extraordinarios para regiones.
Esos fueron precisamente las razones que dio otro de los participantes en las negociaciones fuera del Congreso, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber, quien en ese momento también enfrentó las críticas de los diputados de su sector, quienes cuestionaron que el acuerdo se aprobara en una «cocina» de la Comisión de Hacienda y al margen de los partidos. «Hoy se recauda mucho más de lo que se está haciendo hace tres meses, hay más plata para las regiones y menor invariabilidad. Yo entiendo que hay que socializar los términos del acuerdo. Estoy confiado en que cuando compartamos con todos los parlamentarios vamos a contar con su respaldo», dijo Lagos Weber en ese momento para tratar de aplacar los cuestionamientos.
Pero el senador PPD no solo deberá declarar en el juicio del caso SQM por su participación en ese acuerdo. La Fiscalía quiere saber de primera fuente por qué una minuta con la propuesta de royalty de la entonces oposición llegó desde el mail de Lagos Weber al correo de Longueira, quien en agosto de 2010 se la mandó al entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, también acusado de delitos tributarios y cohecho.
Al recibir ese correo, Contesse le contestó a Longueira lo siguiente: “Lo que te ofrecen es una burla”, remitiendo una nueva versión del texto, esta vez acorde a los intereses de SQM. En adelante, se intensifican las gestiones del otrora senador UDI, que la Fiscalía califica abiertamente como cohecho.
Al verse mencionado, Lagos Weber reconoció en una declaración pública que entregó el insumo a Longueira como parte del trabajo legislativo habitual y que nunca supo que el texto llegaría al gerente general de SQM.
Durante el juicio, la Fiscalía confrontará los datos que ha logrado recopilar respecto al presunto financiamiento irregular del Partido por la Democracia (PPD) por parte de SQM, con el testimonio de testigos vinculados a dicha colectividad. Es el caso de la ex diputada y ex alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, de quien el Ministerio Público también decidió requerir su versión sobre el origen de los dineros que llegaron al partido en 2010, cuando ella alcanzó la presidencia en las elecciones internas.
Se trata de $57 millones de pesos recibidos mediante 10 facturas ideológicamente falsas, emitidas entre septiembre de 2011 y mayo de 2012, época de vacas flacas para esa colectividad que había pasado a la oposición, y que llegaron desde la Corporación Chile Ambiente, dirigida por el ingeniero Patricio Rodrigo –ya condenado en esta misma causa–, entidad que a su vez recibió el dinero desde SQM. Así lo reconoció el entonces tesorero del partido y uno de los formalizados, Luis Matte Lira.
Su vinculación con el caso SQM le estalló a Tohá en la cara cuando aún era alcaldesa de Santiago y en pleno despliegue por intentar una reelección, que finalmente no consiguió. Las razones de su derrota fueron varias, pero inevitablemente le afectaron los cuestionamientos públicos que recibió por verse salpicada con el escándalo del financiamiento ilegal por parte del ex yerno de Pinochet, en circunstancias que es hija del asesinado y emblemático ministro del Interior y de Defensa la Unidad Popular, José Tohá.
Otro de los pagos controvertidos sobre los cuales deberá dar explicaciones Tohá en el juicio, tiene que ver con los que recibió el periodista Claudio Canales, que prestó servicios a la ex jefa comunal durante su campaña para encabezar el partido y que declaró que uno de los pagos por 2.5 millones de pesos fue con cargo a una glosa de SQM, sin que su empresa haya prestado servicio alguno a la minera no metálica.
En la misma situación controvertida que la Fiscalía busca aclarar con el testimonio de Tohá, se encuentran los pagos de SQM por $22 millones a la sociedad Kybalion, ligada al dirigente PPD Alejandro Bahamondes, que se vio obligado a renunciar como embajador de Chile en Paraguay a raíz de su vinculación en este caso.
El ente persecutor además quiere la versión de la ex ministra y ex alcaldesa sobre la donación de $30 millones a la colectividad que llegó a través de Coyanco, una firma de energía ligada al empresario Juan Claro González.
Otro de los políticos emblemáticos que deberá concurrir a prestar testimonio como testigo es el ex senador e histórico dirigente PS, Camilo Escalona, quien –al igual que Zaldívar– integra el monolítico “partido del orden”. La citación a Escalona se da en el contexto de su participación, en calidad de integrante de la Comisión de Hacienda, del acuerdo que se «cocinó» en el Senado, que permitió aprobar la Ley del Royalty, que eximió a SQM.
Escalona en ese momento era senador por la X Región y uno de los mayores poderes fácticos del PS. En la votación en Sala ese 12 de octubre del 2010 y ante los insultos que le llegaron desde las tribunas, se justificó así: “Quisiera decirles a los dirigentes sindicales que nos insultaron al comienzo de la sesión que, gracias a la iniciativa, el Estado obtendrá anualmente, desde el año 2018 en adelante, 500 millones de dólares más de tributación de parte de la gran minería del cobre, por encima de sus obligaciones normales, que son el impuesto a la renta y el impuesto por remesa de utilidades. Es decir, se recibirán 500 millones de dólares más por el efecto del impuesto específico a la minería (…)”.
Cuando declare en el juicio, el ex timonel del PS deberá explicar si estaba enterado o no, en aquel momento, de las gestiones de Longueira para asegurar el artículo que favoreció finalmente a SQM.
Fuera del ámbito legislativo, la Fiscalía también incluyó en su nómina de testigos a Francisco Frei Ruiz-Tagle, integrante del directorio de TVN, el hermano empresario del ex Mandatario Eduardo Frei y que cumplió las funciones de «recaudador» de la fallida campaña presidencial del 2010. Precisamente, ese año dos empresas ligadas a él, Inversiones San Nicolás y Servicios de Envasado y Bodegaje Limitada, recibieron un total de $58 millones por parte de SQM.
El año pasado, antes de esta etapa procesal, ad portas del juicio oral, el ex Presidente Frei negó en forma tajante que estos pagos tuvieron relación con dineros para su campaña. «Son prácticamente ocho años que llevamos con lo mismo. Mi hermano tiene una empresa y ha declarado y ha entregado todos los antecedentes. No tuvo relación con mi candidatura. Después de ocho años ya qué más quieren que les diga. Si no han podido encontrar nada en ocho años, parece que es seguir empatando con otros candidatos», dijo Frei.
