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La entidad advirtió de los riesgos que -a su juicio- representa la acusación, señalando que vulnera la “independencia judicial” y puede generar la “consecuente inestabilidad de las instituciones estatales”.
La Asociación Nacional de Magistrados de Chile cerró filas con los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, Carlos Kunsemüller y Manuel Valderrama, ante la acusación constitucional presentada en su contra por diputados de la oposición a raíz de las libertades concedidas a condenados por delitos de lesa humanidad.
A través de una declaración, la entidad señala que “el juicio político, denominado acusación constitucional, aparece como una coacción indebida, al pretender sancionar a jueces por decisiones jurisdiccionales adoptadas dentro del marco de sus atribuciones, sólo por no compartirla, atentando, también, contra la separación de poderes, base sustancial de un Estado Democrático de Derecho”.
Alineándose con la tesis de la «mayoría ocasional» que ha desplegado el Gobierno para rechazar este libelo acusatorio, la asociación añade que “entender lo contrario, podría llevarnos, en un futuro no lejano, a que cada vez que no se comparta lo resuelto por un tribunal superior, los jueces sean acusados, dependiendo el resultado de ese juicio de la mayoría política del Congreso, causando la consecuente inestabilidad de las instituciones estatales”.
Señalan asimismo que “la única causal prevista para esta acusación política, esto es, “notable abandono de deberes” resulta ser una fórmula elástica, que, además, afecta el principio de tipicidad y valor de seguridad jurídica, agravada por sus perniciosas consecuencias”.
En su comunicado, los magistrados defienden la “independencia judicial” que “incluye la obligación de las autoridades públicas de abstenerse de realizar injerencias indebidas tanto respecto del juez considerado individualmente como del propio Poder Judicial, como institución”.
En este sentido, señalan que esta independencia judicial significa que los jueces “en ningún caso, reciba órdenes o instrucciones de otros poderes del Estado ni de los superiores judiciales sobre por cómo ha de interpretar y aplicar el derecho, asegurando de esa forma la función de un juez independiente tanto externa como internamente, principio básico que se defiende mundialmente, con el fin de conservar la democracia y paz social”.
Finalmente, destacan la “pronta” defensa que la Corte Suprema “ha hecho de esta garantía ciudadana, como presupuesto indispensable de la labor que ejerce todo juez, cualquiera sea su posición en la jerarquía judicial y confiamos en que esta sea parte de un compromiso irrenunciable y permanente en defensa de la independencia judicial frente a toda amenaza o atentado, ya sea que provenga de agentes externos o desde el interior de la organización judicial”.
