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La presión ciudadana contra el Gobierno se ha evidenciado en una declaración que ya suma más de 2000 adhesiones de personas y organizaciones. Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile, remarcó que “Chile, pese a haber liderado las negociaciones, inexplicablemente no firmó el Acuerdo , cuya relevancia es indiscutible en estos tiempos marcados por conflictos ambientales”, aseguró.
Un llamado al Gobierno de Sebastián Piñera a reconsiderar su decisión de restarse del Acuerdo de Escazú formularon parlamentarios y representantes de la sociedad civil.
“Chile, pese a haber liderado las negociaciones, inexplicablemente no firmó el Acuerdo. Es de esperar que las autoridades del país reconsideren su determinación y accedan prontamente a firmar este tratado, pues su relevancia es indiscutible en estos tiempos marcados por conflictos ambientales”, aseguró Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.
La decisión de postergar la firma del acuerdo fue anunciada este lunes por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, en un giro contradictorio tomando en cuenta que el 7 de junio Chile junto a Costa Rica, como co-presidentes de la negociación del acuerdo, hicieron un llamado al resto de las naciones de la región para una pronta firma del tratado. Ayer, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se desarrolla en Nueva York, 14 países de América Latina y el Caribe ya suscribieron el acuerdo regional.
La presión ciudadana contra el Gobierno se ha evidenciado en una declaración que ya suma más de 2000 adhesiones de personas y organizaciones, como Fundación Terram, ONG FIMA, Codeff, Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional, entre otros. “Mientras más se demore el Gobierno (en suscribir), más adhesiones vamos a tener”, enfatizó Ximena Salinas, presidenta de Codeff.
Desde el mundo político, el senador socialista Alfonso de Urresti también señaló que es “inadmisible” que el Estado de Chile se reste de este tratado en último minuto, ya que el impulso de este acuerdo es fruto de un esfuerzo realizado desde 2012 –durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, seguido por la administración de Bachelet y este año por la nueva administración Piñera. “Creo que Chile no solo pierde una oportunidad, si no que el Estado de Chile y sus instituciones quedan totalmente desacreditadas a nivel internacional y creo que en eso la cancillería tiene que dar una explicación”, dijo el parlamentario.
Para Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, la decisión del Gobierno “nos parece profundamente preocupante, sobre todo frente a la contingencia en la que nos encontramos, donde los conflictos socio-ambientales son una de las preocupaciones principales que debiera tener”.
Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, puso el foco en la contradicción del Gobierno de Chile al manifestar “su convicción de mantener y garantizar los derechos que están en el convenio 169 de la OIT y que, por otro lado, niegue un tratado (Acuerdo de Escazú) que refuerza estos derechos y que igualmente mencione a este tratado internacional de la OIT”.
Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, la crisis ambiental vivida en la Bahía de Quintero durante el último mes demuestra porqué es necesario seguir avanzando en los derechos de acceso que busca garantizar este tratado, ya que “la gente de esa zona hace más de un mes que vive episodios críticos de contaminación y eso es nocivo para sus derechos humanos».
El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es abogar por los derechos de acceso –a la información, participación y la justicia en asuntos ambientales-, garantizando así la Democracia Ambiental en los países de Latinoamérica y el Caribe.
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