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Debido a las permanentes emanaciones de gases, los colegios afectados han debido adoptar una serie de medidas que afectan el adecuado desempeño de la actividad educativa de los niños, niñas y adolescentes que concurren a ellos, alterando además a la comunidad educativa en su conjunto.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Atacama presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de la capital de la III Región tras recibir numerosas denuncias de distintos establecimientos educacionales de Copiapó por la emanación de gases.
Debido a las permanentes emanaciones de gases, los colegios afectados han debido adoptar una serie de medidas que afectan el adecuado desempeño de la actividad educativa de los niños, niñas y adolescentes que concurren a ellos, alterando además a la comunidad educativa en su conjunto.
Se han producido suspensiones de clases, términos anticipados de la jornada diaria, implementación de horarios de ingreso y de término de jornada, repartición de colaciones frías, tomas de establecimientos educacionales por parte de alumnos y apoderados, marchas por las calles céntricas de la ciudad, y derivaciones a los servicios de urgencia de distintos centros asistenciales de la comuna.
El INDH citó episodios de emanaciones ocurridos en agosto y septiembre de 2018, los cuales afectaron a siete establecimientos educacionales, dejando alumnos/as y funcionarios/as intoxicados y recibiendo atención médica, además de la suspensión de las clases.
Si bien se desconoce el origen de las emanaciones, aparentemente se habrían iniciado luego del aluvión ocurrido en Copiapó en 2016, proviniendo los gases desde alcantarillados y sistemas de tratamiento de desechos sanitarios. Estos producen olores desagradables y molestias físicas, y amenazan y afectan la calidad de vida de los ciudadanos/as calidad y el funcionamiento de los servicios educativos. La información recogida da cuenta de que las emanaciones de gases corresponderían a ácido sulfhídrico (H2S).
Por esta razón el INDH emplaza en el recurso a la Municipalidad de Copiapó, al Ministerio de Salud y a las superintendencias del Medio Ambiente y de Servicios Sanitarios, solicitándole a la justicia que se ordene a los servicios públicos recurridos adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a las emanaciones de gases, y de esta forma, evitar la ocurrencia de nuevas vulneraciones de derechos como las descritas.
