Las pruebas que cercan a Conaf en investigación sobre aprobación de HidroAysén - El Mostrador

jueves, 19 de abril de 2018 Actualizado a las 21:56

Las pruebas que cercan a Conaf en investigación sobre aprobación de HidroAysén

por 16 febrero, 2012

Las pruebas que cercan a Conaf en investigación sobre aprobación de HidroAysén
El 15 de noviembre de 2010 el servicio sectorial de Aysén cambió radicalmente su postura frente al proyecto, aprobando su ejecución. Ese día un correo electrónico desde Santiago dio la nueva línea que hizo arder troya en la institución. Las declaraciones de diversos funcionarios coinciden en que hay gato encerrado. Al igual que la PDI, que concluyó que se podría establecer la efectividad de falsificación o uso malicioso de documentos públicos.

"Adjunto propuesta jurídica al proyecto HidroAysén”. Este escueto correo electrónico, al que tuvo acceso El Mostrador, y enviado el 15 de noviembre de 2010 por el Fiscal Nacional de Conaf Fernando Llona fue clave en el vuelco en 180 grados que dio el servicio sectorial con respecto a su evaluación del proyecto HidroAysén.

Así lo determina la investigación iniciada en 2011 por la Fiscalía de Coyhaique y que intenta dilucidar si existió delito de falsificación de documento público. Todo apunta a que fue así.

El mismo día que fue enviado el e-mail, y a través del oficio 344, el director regional de Conaf Aysén, Juan Eduardo Barrientos, dio la conformidad al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del polémico proyecto hidroeléctrico, cambiando radicalmente la postura que hasta ese minuto la institución había mantenido y que consignaba infracciones a la ley ambiental y ausencia de información técnica relevante y esencial para calificarlo.

En la práctica, la propuesta jurídica adjuntada desde Santiago alineaba, en algunos párrafos incluso textualmente, la nueva mirada de la institución, que sin que cambiara ningún criterio técnico o normativo, terminó señalando que la norma que regula la protección de los parques nacionales —la Convención de Washington— no era prohibitiva, sino restrictiva, lo que hacía posible la intervención del Parque Nacional Laguna San Rafael. De esta forma daba una radical voltereta en sus argumentaciones.

Luego de eso ardió troya: el 2 de diciembre el propio sindicato de Trabajadores de Conaf hizo una declaración pública denunciando graves irregularidades en la evaluación de HidroAysén, señalando que el último pronunciamiento de la institución es el resultado “de presiones de la Dirección Ejecutiva y de la Fiscalía y no representan el verdadero trabajo emitido por los trabajadores de la región”.

Conclusión que concuerda con la serie de declaraciones que la investigación del Ministerio Público ha recabado desde el año pasado y que le permitió establecer que diversos profesionales ligados a la evaluación del proyecto energético de Endesa y Colbún “estaban en desacuerdo con la aprobación ambiental del proyecto”.

Según las declaraciones reunidas por la investigación que dirige el fiscal de Aysén Patricio Jory, días antes del 15 de noviembre se realizó una videoconferencia con el nivel central del servicio, en base a lo cual la Fiscalía de Coyhaique logró determinar que en ella se “plantearon las opiniones técnicas recabadas hasta ese momento y los términos del informe que se evacuaría, sin que se llegara a una conclusión determinada. Sin embargo, el mismo 15 de noviembre se recepcionó en el Servicio Regional de Conaf un correo electrónico enviado desde el nivel central (que están en poder de esta Fiscalía) en el cual se remitía la propuesta jurídica en relación al informe de evaluación ambiental, correo cuyo contenido quedó finalmente plasmado en el informe que firmó la Dirección Regional y se subió al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”.

Los testimonios clave

Según declaró el ingeniero forestal a cargo del Departamento de Planificación, Marco Antonio Narváez, la tarde del 12 de noviembre se efectuó una videoconferencia en la oficina del director regional, en la que participaron el director regional, y distintos funcionarios regionales, como el jefe técnico Manuel Henríquez, la abogada Tania Lorca, Juan Carlos Castillo y el propio Narváez. En Santiago participaron dos funcionarios de Áreas Silvestres, Richard Torres y Andrés Meza, el gerente de dicha área, Eduardo Katz, el Fiscal Nacional de Conaf Fernando Llona y el abogado Daniel Correa. Por último, en Puerto Montt participó el director Ejecutivo Nacional Eduardo Vial.

Narváez relata que: “el tema que se discutió en esa reunión a través de videoconferencia fue principalmente el de la inundación del Parque Nacional Laguna San Rafael. La posición jurídica regional era que Conaf, como administradores de un bien público, no podía disponer y aceptar compensaciones, restándole superficie al Parque Nacional y lo que correspondía era que se solicitara una desafectación de la calidad de Parque Nacional de aquella área que sería utilizada. El director Ejecutivo Nacional señaló que este tema deberíamos resolverlo nosotros, y que la desafectación que proponíamos estaba evidentemente fuera de nuestra área de competencia. El fiscal Llona, por su parte, señaló que la Convención de Washington no era prohibitiva sino que restrictiva  y dejaba abierta entonces la posibilidad de intervenir el Parque Nacional. A este respecto, nuestro jefe técnico, Manuel Henríquez, le representó a nuestro director ejecutivo nacional que no era conveniente esa interpretación, porque a su juicio la interpretación que debía darse a la Convención debía ser necesariamente prohibitiva y que cualquier cambio de superficie requería de una desafectación”.

Luego el 15 de noviembre, explica el ingeniero forestal, “a las 16.25 horas me llegó un correo de Aida Baldini, gerente Forestal del nivel central, en el que me enviaba una propuesta jurídica que le había enviado a su vez el fiscal Llona a ella, y que sería nuestro pronunciamiento como servicio a la adenda de la empresa en lo relativo al tema de Parque Nacional Laguna San Rafael (…) era el último día para presentar el informe, por lo que agregué esto al documento y lo subí al sistema para que el director lo firmara”.

El ingeniero forestal Juan Emilio Fica, explicaba que en esta video conferencia: “se acordaron los términos o redacción final del informe que se evacuaría, lo que consta porque cambió el tenor del informe, ya que se informó otra interpretación relativa a la Convención de Washington y porque aprobaron condicionalmente el PAS 102 permiso ambiental sectorial, situación que a mi juicio no correspondía”.

Otro testimonio recogido por la Fiscalía es el del jefe Técnico de Conaf Aysén, Manuel Henríquez, que explica que el último informe emitido por la institución —a diferencia de los anteriores— “consideró que la interpretación que debía darse a la Convención de Washington era restrictiva, no prohibitiva, lo que permitía entonces inundar y utilizar aquella superficie que pretendía la empresa”. Detalló, a su vez, que la postura de los técnicos regionales, a la que él adhería, “era que la interpretación era prohibitiva”.

Por su parte, el jefe del Departamento Forestal Conaf XI Región, Aliro Gascón, declaró que: “nuestra gerencia Forestal en Santiago tiene varios departamentos, en específico uno de ellos fue creado para conocer de las evaluaciones de impacto ambiental, siendo su jefe Juan Carlos Castillo, quien me consta que viajó con gente de la empresa consultora de HidroAysén a nuestra región, lo que debe constar además en correos electrónicos entre él y Marco Narváez”.

Agregando que: “lo más grave a mi juicio, ocurrió días antes de que se emitiera el informe del 15 de noviembre de 2010 y fue que se recibieron llamadas telefónicas de parte del Fiscal Nacional de Conaf, con sede en Santiago, para efectos de cambiar el tenor del informe, especialmente en lo relativo a la imposibilidad de inundar las 18 hectáreas del Parque Nacional. Recuerdo que el día 14 de noviembre al parecer, entró Tania Lorca a mi oficina. Estaba enojada y me dijo que le habían cambiado su trabajo en lo relativo a la imposibilidad de inundar y la incidencia que la Convención de Washington tenía en ello, reduciendo su informe de 5 a 3 hojas”.

Gascón también se refiere a la videoconferencia del 15 de noviembre, en la que señala no estuvo presente, pero asegura que supo del tenor de la misma, “que era acceder a los términos del informe a fin de que pronunciara prohibiendo la inundación de las 18 hectáreas en cuestión. El informe se cambió y se redactó entonces acá en Coyhaique, en base a lo que se expuso desde Santiago”.

En tanto, un informe de La Policía de Investigaciones (PDI), que también está en la carpeta que lleva el Ministerio Público, concluye que: “se podría establecer la efectividad del ilícito denunciado, no obstante existe una interpretación legal diferente entre las partes involucradas y que tiene directa relación con la Convención de Washington en lo relativo que, más que prohibitiva es restrictiva de acuerdo a lo relacionado con cualquier intervención que se haga en el Parque, según lo expuesto por la Conaf”.

Para el abogado Marcelo Castillo, desde la institución “tratan de justificar la decisión como un cambio de criterio, pero para nosotros existe prevaricación. Las leyes se aplican o no: una norma que prohíbe no admite interpretación.

Hace unas semanas, Castillo, en representación de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén junto a varios parlamentarios presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores de fraude al fisco. Ampliando así la acción legal entablada contra Conaf en enero de 20011 por el delito de falsificación ideológica de documento público.

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