Las razones de tal tensión son muchas. Según los entendidos, exceden largamente aquellas vinculadas a la mala perfomance del almirante durante el terremoto del año 2010, y a los problemas institucionales derivados del tsunami, entre otros, la fallida gestión técnica del SHOA en el alerta del maremoto.
Es un secreto a voces la tensa relación existente entre el ministro de Defensa Nacional Andrés Allamand —por estos días levantando su perfil público a raíz del accidente de una avioneta civil en Chiloé— y el Comandante en Jefe de la Armada, almirante Edmundo González. A tal punto que, según fuentes cercanas al ministerio, si el ministro tuviera la oportunidad de pedirle la renuncia sin crearse un problema político que empañe su candidatura presidencial, lo haría sin vacilar.
Las razones de tal tensión son muchas. Según los entendidos, exceden largamente aquellas vinculadas a la mala perfomance del almirante durante el terremoto del año 2010, y a los problemas institucionales derivados del tsunami, entre otros, la fallida gestión técnica del SHOA en el alerta del maremoto.
También existirían razones administrativas y de gestión que, según el Ministerio de Defensa, el almirante no estaría resolviendo bien. Particularmente algunas relacionadas con la investigación judicial conocida como “Caso Fragatas” sobre corrupción, y en la cual el almirante habría reaccionado judicialmente sin autorización del ministro, ante la filtración a la prensa de documentos secretos de la defensa nacional en poder de la Fiscalía.
Estos son parte de la investigación que lleva el Fiscal de la Zona Oriente, Carlos Gajardo, para esclarecer posibles delitos de cohecho, corrupción pública y lavado de dinero, ocurridos en el proceso de adquisición de las fragatas al gobierno de Holanda. En ella, que cubre también los repuestos, municiones y otros equipos necesarios para la operación efectiva de las naves, el Fiscal dispuso la incautación de toda la información contenida en el computador de uno de los investigados, el empresario Guillermo Ibieta.
Entre la información incautada (un “disco duro” con unos 100 mil archivos) hay información referida a “transacciones bancarias, informes de ex marinos chilenos, recomendaciones de lobby para distintos proyectos y un contrato secreto de Asmar que filtró a una empresa holandesa”, según The Clinic, que es el medio que dio a conocer la información. Esta sería, según la publicación, solo una parte de todo lo que contiene el disco duro de Ibieta en poder del Fiscal, y del cual el medio tendría una copia íntegra.
Según fuentes de la Armada, que información clasificada como secreta haya ido a parar a manos de Ibieta, constituye un delito grave cometido eventualmente por funcionarios de la institución, y peor aún si luego queda expuesta por la prensa para que la vea todo el mundo. Por ello se ordenó una investigación interna, para ver responsabilidades, pero cuyos resultados aún no se conocen.
Según fuentes cercanas a la Armada, esos hechos, que son graves, no son lo peor. Peor es que se produzca nuevamente una filtración de información secreta, en la misma causa, y que esta vez solo manejaban la Armada, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía Oriente, todas con obligación legal de secreto.
En la misma causa Caso Fragatas, el Ministro de Fuero Manuel Antonio Valderrama Rebolledo junto con el Fiscal Gajardo, solicitaron información relativa al proceso de adquisición de los buques y materiales conexos. Ello fue respondido por el Comandante en Jefe de la Armada, a través del Ministerio de Defensa, mediante el Oficio Secreto N° 4561/3079 del 25 de Junio de 2012, junto a una carpeta con información clasificada como SECRETO.
En el oficio conductor la Armada solicita tener presente lo señalado en el Código de Justicia Militar, el Código de Procedimiento Penal y el Código Procesal Penal en cuanto al carácter secreto de los documentos para “evitar la divulgación de la información durante la investigación y substanciación del eventual proceso”, precisando que al término de éste, los antecedentes deben ser devueltos a la Armada.
Sin embargo, al poco tiempo, tales documentos también fueron publicados por la prensa, sin que ni el Ministro de Fuero ni el Fiscal de la Zona Oriente, ni menos el ministerio de Defensa Nacional, reaccionaran ante el hecho. La única que habría actuado haciendo presente a la justicia, no el hecho de la publicación sino el delito de filtración de documentos secretos bajo custodia, habría sido la Armada, y ello sin autorización o conocimiento del ministro de Defensa.
Porque ni el ministerio ni la Fiscalía reaccionaron de igual manera es un misterio, pese a que la Ley de Bases de la Administración Pública obliga a cualquier funcionario público a poner en conocimiento de la justicia los antecedentes de un eventual hecho delictivo del cual se tenga conocimiento.
Como resultado de la denuncia hecha por la Armada, nada se ha conocido de los avances de la investigación pertinente. Sí se sabe que ella rebotó negativamente en las relaciones entre el ministro y el Comandante en Jefe. Aquel le habría dado al almirante la orden de “no mover la denuncia”, y quedarse con lo hecho. Según fuentes del sector defensa, tal petición obedecería a que la última filtración de documentos provendría del propio ministerio, en la intención de crearle a González una presión de opinión pública por desorden institucional e incompetencia, que finalmente lo haga renunciar. Y, según esas mismas fuentes, al ministerio menos que a nadie le interesa que tal situación se investigue. Mientras tanto, en la llamada comunidad de defensa ronda la pregunta: ¿y de la seguridad nacional, quién se preocupa?
