Tras la reunión sostenida con Sebastián Piñera, Michelle Bachelet hizo público hincapié en que el 11 de marzo espera “contar con los recursos, instrumentos y personal adecuado” para cumplir sus tareas a la cabeza del gobierno. Detrás de sus dichos se encuentran las versiones de que en distintas reparticiones se aplicarían estrategias para “dejar amarrada” a la gente que llegó bajo la administración Piñera a trabajar al servicio público.
Después de las tres horas que estuvo reunida a puerta cerrada, en La Moneda, con el Presidente Sebastián Piñera, la Mandataria electa, Michelle Bachelet hizo un extenso punto de prensa en el patio de Los Naranjos, respondiendo todos los temas, sin esquivar ninguno. Pero entre respuesta y respuesta, no pasó inadvertido que en dos ocasiones Bachelet hizo público hincapié en que el 11 de marzo espera “contar con los recursos, instrumentos y personal adecuado” para cumplir sus tareas a la cabeza del gobierno.
Incluso, la Presidenta electa dijo que “cuando lleguemos al gobierno vamos a hacer una evaluación de lo que encontremos realmente, en términos financieros, de recursos humanos”.
Las frases de Bachelet sobre este tema no serían casuales ni menos al azar, ya que a dos meses del cambio de mando son diversas las versiones en distintas reparticiones de estrategias para “dejar amarrada” a la gente que llegó bajo la administración Piñera a trabajar al servicio público.
Es comentario que, en el Ministerio del Interior, se estarían modificando los contratos de planta grado 20, pertenecientes a auxiliares y conductores, por otro de contrata en grado 16, lo que en la práctica –explicaron en la propia repartición– permite dejar “libre” un cupo de planta para entregárselo a un profesional que queda con el sueldo del grado 20, pero que “complementa” su ingreso con la “asignación” por título.
Otra medida que se ha tomado es que en más de la mitad de los contratos de honorarios –aseguraron desde el propio gobierno– se les está pagando la remuneración completa correspondiente al 2014, en los primeros 3 meses, o sea, en los pagos de enero, febrero y marzo.
No son las únicas precauciones que se estarían tomando. Se comenta, en estos días, que en otras reparticiones, como el Ministerio de Obras Públicas y el Sernam, se estarían modificando los contratos a honorarios, dificultando las posibilidades de despido o cese de funciones.
Son contratos que van del 1 de enero al 31 de diciembre de este año, en los que se establece que la persona “se reserva el derecho de poner término al convenio, sin expresión de causa, antes de la fecha fijada para su vencimiento, dando aviso por escrito a la parte afectada”. Se establece como causal de despido condiciones fijadas en el estatuto administrativo, como tener problemas con el alcohol o drogas que afecten el desempeño de las funciones, cometer un delito y tener parientes a nivel de jefaturas.
Con eso, cuentan en la administración pública, dejan a las personas con la libertad para irse en cualquier momento y se dificulta al Estado la posibilidad de terminar con la prestación de esos servicios.
