Un total de 120 millones de pesos fue la cifra final con la que se cerró definitivamente el juicio por la demanda contra el fisco por daño moral que interpuso hace diez años la familia de Juan Ortiz Letelier, ex secretario general del PC en la clandestinidad, que murió y desapareció en diciembre de 1976. Hace dos años el Consejo de Defensa del Estado había optado por llegar a un acuerdo económico con la familia, pero esta posibilidad se dilató debido al rechazo del Ministerio de Hacienda a autorizar los montos. Con esto, los familiares aceptaron renunciar a cualquier acción jurídica que guarde relación con los hechos de la causa.
Un total de 120 millones de pesos. Esa fue la cifra final con la que se cerró definitivamente el juicio por la demanda contra el fisco por daño moral que interpuso hace diez años la familia de la ex directora de la JUNJI, Estela Ortiz, por la desaparición y muerte de su padre en diciembre de 1976, Juan Ortiz Letelier, ex secretario general del PC en la clandestinidad.
Debido a este acuerdo, la Tercera Sala de la Corte Suprema –encabezada por el presidente del máximo tribunal Sergio Muñoz– dejó sin efecto el recurso de casación en el fondo que el Estado había presentado en 2010, argumentando que esta acción civil vulneraba las normas de derecho por encontrarse prescrita.
Hace dos años el Consejo de Defensa del Estado había optado por llegar a un acuerdo económico con la familia Ortiz, pero esta posibilidad se dilató hasta ahora debido al rechazo del Ministerio de Hacienda a autorizar los montos. Es más, fueron las gestiones personales del saliente presidente del CDE, Sergio Urrejola, ante el Mandatario Sebastián Piñera, las que lograron torcer la mano a las autoridades encargadas de las arcas fiscales.
Así, tras un intenso periplo judicial, este lunes 3 de marzo quedó zanjado el acuerdo de transacción entre la familia Ortiz y el Estado de Chile. Los 120 millones de indemnización serán repartidos en 50 millones para María Estela y otros 50 millones para su hermana María Luisa, 10 millones para la pareja de Juan Ortiz al momento de su desaparición, María Luisa Azócar García, y cinco millones para cada uno de sus nietos que fueron parte de la demanda, Manuel Antonio y Sebastián Ortiz Ossandón.
Con el pago de este monto, la familia aceptó renunciar a cualquier acción jurídica que guarde relación con los hechos de la causa.
Pese al férreo rechazo que manifestó siempre el subsecretario de Hacienda Julio Dittborn (UDI), según consta en las actas de la causa, finalmente el pago –cual ironía– fue autorizado por éste en calidad de ministro subrogante el 30 de diciembre del 2013.
Ortiz Letelier es uno de los cuatro detenidos desaparecidos enterrados en el fondo de una mina en la Cuesta Barriga y que, a pesar de que fueron arrojados al mar, los restos de osamentas que quedaron en dicho lugar ayudaron al Servicio Médico Legal para su identificación, la que terminó con certeza en julio del 2012.
