La aprobación del proyecto de financiamiento de la política, que termina con estos polémicos aportes, no incluyó una indicación presentada para que las donaciones secretas realizadas en los últimos 10 años se desclasifiquen y sean transparentadas. La única forma de reponer la moción en Sala es reunir la firma de 30 parlamentarios y dos jefes de bancada. Tarea titánica en medio de la aguda crisis que enfrenta el Parlamento, gatillada justamente por diversos escándalos en torno al financiamiento de campañas.
Que los aportes reservados entregados desde que empezaron a operar hace 10 años se transparenten y cualquier persona pueda saber qué empresa, por qué monto y a qué candidato beneficiaron, fue la indicación presentada el miércoles de la semana anterior en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en medio de la votación del proyecto de financiamiento de la política, que fue aprobado, y que entre otros puntos termina con este polémico tipo de aportes.
Pero la moción, que permitiría saber en retrospectiva cómo operaron los aportes reservados, no tuvo eco, ya que varias voces se levantaron en contra. Entre ellas la de la diputada Marisol Turres (UDI), que en medio de la discusión señaló que “este es un muerto que debe seguir enterrado”.
Es así como Turres, Cristián Monckeberg (RN), Renzo Trisotti (UDI) y los oficialistas Osvaldo Andrade (PS) y Ricardo Rincón (DC), votaron en contra, mientras que a favor se mostraron los diputados que presentaron la indicación, Hugo Gutiérrez (PC) y René Saffirio (DC), así como el presidente de la Comisión, Leonardo Soto (PS).
Según Hugo Gutiérrez, el término de los aportes reservados “soluciona el problema a futuro, pero tenemos que hacernos cargo del pasado”.
El parlamentario señala que “hemos dado el debate político y jurídico más relevante a mi entender en torno a esta legislación que está en estudio sobre Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, particularmente porque se puso término a los aportes reservados y algunos diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estimamos que era el momento de que todos los gastos reservados realizados en campañas anteriores fuesen objeto de transparencia pasiva, es decir, que cualquier persona que quisiera consultar los aportes que había recibido cualquier parlamentario, en las elecciones anteriores, pudiera acceder a dicha información”.
La única vía para reponer la indicación en Sala, según explica Leonardo Soto, es reunir la firma de 30 parlamentarios y dos jefes de bancada.
Una tarea titánica en medio de la aguda crisis que enfrenta el Parlamento, con varios de sus miembros involucrados en escándalos en torno al financiamiento de campañas políticas, gatillados por los casos Penta-SQM y ahora Corpesca.
