La movilización de la DGAC convocó a más del 80% de trabajadores de los aeropuertos del país, entre funcionarios que revisan el equipaje, los de tránsito y control aéreo, meteorología, iluminación de pistas, rescate y administrativos. El cese de labores impactó a unos 50 mil pasajeros, debido a que más de 300 vuelos, tanto nacionales como internacionales, fueron cancelados.
Como estaba anunciado, en el Ministerio de Defensa se instaló una premisa clave para enfrentar la movilización y cese de funciones por 24 horas que el martes 15 realizó la Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC): el objetivo era no repetir la seguidilla de errores que cometió el Gobierno, puntualmente el Ministerio del Interior, el 27 de agosto ante el paro de los camioneros.
La movilización de la DGAC convocó a más del 80% de trabajadores de los aeropuertos del país, entre funcionarios que revisan el equipaje, los de tránsito y control aéreo, meteorología, iluminación de pistas, rescate y administrativos. El cese de labores impactó a unos 50 mil pasajeros, debido a que más de 300 vuelos, tanto nacionales como internacionales, fueron cancelados.
El tema recayó en Defensa, porque la DGAC depende de dicho ministerio y la Fuerza Aérea, son civiles dentro de una rama militar, argumento por el cual solicitan ser incorporados a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), con los mismos beneficios que tiene la Fach. Los trabajadores reclamaron que el tema previsional ha sido tratado con varios gobiernos y que después de 14 meses de trabajo conjunto con el Ministerio de Defensa, el proyecto de ley que modificaría su situación aún no ha sido enviado al Congreso.
El fantasma del paro de camioneros rondó en Defensa y con razón, considerando que desde hace semanas que en el Gobierno diversas autoridades, como también parlamentarios de la Nueva Mayoría, reconocen que el mal manejo que se tuvo de la situación representa “el manual de lo que un Gobierno no debe hacer para enfrentar los conflictos y movilizaciones”.
Así, en todo momento se puso el foco en que había un Gobierno que dialoga permanentemente, antes, durante y después de la movilización. De hecho, la ronda de reuniones las llevó adelante el subsecretario de las FF.AA., Gabriel Gaspar, en conjunto con el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, general Maximiliano Larraechea, mientras el ministro José Antonio Gómez monitoreó en todo momento el avance de las conversaciones, incluso por Whatsapp.
En ese contexto, en el Gobierno destacaron también la coordinación que en todo momento han demostrado las autoridades de Defensa, para no repetir las tensiones y fuertes discrepancias que se registraron el 27 de agosto en Interior entre el ministro Jorge Burgos y su subsecretario, Mahmud Aleuy, que terminaron debilitando la relación entre ambos.
Gómez dijo que “este es un problema en una institución pública que tiene sus propias normas y que viene de hace mucho tiempo, no es de ahora. Pero la voluntad es que podamos conversar y no generarle problemas al ciudadano”.
Precisamente, en Defensa –aseguraron en dicha cartera– quisieron evitar que un conflicto sectorial como este se transformara en un problema de dimensiones nacionales, transmitido en directo y en horario prime por los canales de televisión, como sucedió el 27 de agosto con los camioneros.
