Las clínicas jurídicas de la UC son organizadas por la universidad para prestar ayuda jurídica a gente que no tiene los recursos para acudir a otros lugares. Los estudiantes de derecho trabajan guiados por un profesor y, para egresar de la carrera, es requisito hacer dos semestres de práctica.
“¿Por los intereses de quién está realmente velando la universidad? ¿Estamos realmente frente a un rol público cuando se excluyen casos como estos, teniendo los medios para resolverlos?”, preguntaba, en una carta al director en La Tercera, un estudiante de cuarto año de derecho en la Universidad Católica que, haciendo una práctica obligatoria en la clínica jurídica de su casa de estudios, se enteró de que la universidad prohíbe que los futuros abogados realicen trámites de divorcio en estas instancias formativas, por “ir contra el matrimonio indisoluble”.
“Cosas como esta me hacen cuestionar si somos una universidad con verdadera vocación pública”, decía el estudiante el 20 de mayo pasado. Así, la decisión de la universidad pontificia afecta a los sectores más vulnerables del país que no pueden pagar por el servicio de un abogado y, por ende, ven obstaculizada la realización de una diligencia que es ley desde noviembre de 2004.
Tras casi diez años de trámite, en los que la iglesia católica y sus adherentes fueron la mayor piedra de tope, entró en vigencia a fines de 2004 la Nueva Ley de Matrimonio Civil. Conocida como “ley de divorcio”, porque su innovación principal fue la incorporación del divorcio vincular al ordenamiento jurídico –antes existía la figura de un divorcio que no disolvía el vínculo matrimonial–, fue publicada en el diario oficial el 17 de mayo de ese año.
En sus disposiciones generales, la ley establece que el matrimonio termina por la muerte de uno de los cónyuges, por la muerte presunta de acuerdo a los plazos definidos en el mismo articulado, por sentencia firme de nulidad o por sentencia firme de divorcio, y el artículo 54 de la norma indica que el divorcio puede ser demandado con múltiples fundamentos.
Según fuentes del poder judicial, durante 2015 se tramitaron 72.753 divorcios en Chile, de los cuales 40% fueron por causas distintas al común acuerdo. El Boletín Estadístico de la Fiscalía Nacional de 2015 arrojó que el año pasado se registraron 102.517 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales las víctimas fueron mujeres el 77,95% de las veces.
Entre los motivos de divorcio distintos al común acuerdo, señalaba Winter en su carta, se incluyen el maltrato físico o psicológico grave contra el cónyuge o los hijos, los atentados contra la vida del cónyuge o hijos, alcoholismo o drogadicción y tentativa para prostituir al otro cónyuge o los hijos, entre otros. “Estas situaciones son reales y ocurren todos los días, siendo muchas veces la ley el único remedio que tienen para poner fin a esto”, decía el estudiante.
Las clínicas jurídicas de la UC son organizadas por la universidad para prestar ayuda jurídica a gente que no tiene los recursos para acudir a otros lugares. Los estudiantes de derecho trabajan guiados por un profesor y, para egresar de la carrera, es requisito hacer dos semestres de práctica.
Los alumnos pueden inscribirse en el área del derecho que más les interese: penal, familia, instrucción general, microempresas y otros, y postulan a la práctica como si fuera un ramo más de su malla. Finalmente las notas definen en qué tema quedará cada uno.
Las clínicas atienden en su centro principal, DEPAL, en Quito 43-A y en la biblioteca municipal de Peñalolén.
Los estudiantes no pueden comparecer en tribunales, pero hacen todos los trámites previos a ello, ofreciendo orientación, información y consultas jurídicas. Para ello, los practicantes tienen profesores guías que dependen del director de la clínica, Claudio Valdivia, que no son los encargados de definir lineamientos, que son previamente establecidos por la misma Universidad.
Sebastián Winter, el autor de la epístola, asegura que no hubo ningún tipo de repercusión dentro de la comunidad de derecho UC tras su publicación; ningún profesor le hizo comentarios, ninguna autoridad lo increpó, nada. Otros años, asegura, el tema fue tratado al interior de la facultad, pero hace tiempo que “estaba en el olvido”.
La única respuesta institucional provino del director de la clínica, Claudio Valdivia, que dijo a La Tercera en una carta al director el 21 de mayo, que “al igual que cualquier unidad dependiente de la universidad, se alinea con los principios, valores e ideario UC (…) es por ello que nos sorprende el cuestionamiento a la labor que presta la Clínica Jurídica”, y agregó que la unidad atiende a más de 1.800 personas anualmente y en distintas materias y “estimamos que el aporte público, por ser fruto de todos los integrantes de la sociedad, es realizado por cada uno desde su propia identidad y no puede pretenderse que en una sociedad diversa se imponga una sola forma de visión”.
Al ser confesional, los lineamientos de este tipo de iniciativas son definidos por la universidad y, por ende, por la iglesia católica. Iglesia cuyo máximo líder, en agosto del año pasado en plena Audiencia General, dijo que las personas divorciadas vueltas a casar “no están excomulgadas y no deben ser tratadas como tales pues forman parte siempre de la iglesia”.
Negarse a tramitar un divorcio no va contra la ley, ni vulnera derechos consagrados en la Constitución. La universidad, sobre todo porque se debe a la iglesia, puede actuar discrecionalmente de acuerdo a su doctrina. Es un tema supra legal, tal como el aborto, del cual la Universidad Católica se restará como aseguró su rector, Ignacio Sánchez, que aseguró que sus médicos dejarán por escrito su objeción de conciencia y derivarán a las pacientes que busquen interrumpir sus embarazos a otros centros hospitalarios.
¿UC y vocación pública? Al menos, cuestionable.
