Los abogados del rector Ignacio Sánchez presentaron un recurso de inaplicabilidad con el fin de evitar perder contratos con el Estado por más de 60 mil millones de pesos, esto como consecuencia de la sentencia por prácticas antisindicales contra el sindicado de trabajadores de la Facultad de Medicina de la UC.
Lo asesores legales de la Pontificia Universidad Católica presentaron estos últimos días un requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar las consecuencias económicas emanadas de la sentencia por prácticas antisindicales, comunicada a la casa de estudios el pasado 4 de mayo.
Los abogados del rector Ignacio Sánchez presentaron un recurso de inaplicabilidad con el fin de evitar perder contratos con el Estado por más de 60 mil millones de pesos.
La preocupación se funda en que las prácticas antisindicales se encuentran entre los estándares de vulneración a derechos fundamentales, y es por esto que una de las sanciones a las que se arriesga la Universidad Católica es la prohibición de celebrar contratos con el Estado y el ingreso de recursos durante dos años.
El sindicato de trabajadores de la Facultad de Medicina de la UC acusa que la universidad constantemente ha tenido este tipo de conductas que persiguen disminuir, despotenciar y anular a esta organización sindical en particular.
No es la primera vez que se presenta una denuncia contra la casa de estudios por prácticas antisindicales. En dos oportunidades el sindicato ya se había enfrentado a la PUC, pero no se había llegado a una sentencia judicial.
Desde la organización de trabajadores revelan que la universidad, entre sus prácticas antisindicales, pagaba más a los trabajadores no sindicalizados o promovía la desafiliación sindical con incentivos económicos.
