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Columnas

13 de marzo de 2009

Ser abogado en tres años

Por Ángela Cattan*

Que la carrera de Derecho se imparta en tres años es aberrante. Este es el debate del que hemos leído últimamente en los medios de comunicación. ¿El tiempo importa? Sí. Un claro ejemplo de que los años de preparación no son al azar es recordar la gran cantidad de conocimientos que se deben proporcionar al alumno para que cuente con una enseñanza integral. El Derecho es una carrera que requiere meditación, que implica aprender, captar los antecedentes que se enseñan, madurarlos, analizarlos y aplicarlos. ¿Todo ese proceso se puede alcanzar plenamente en tres años?

El alumno al estar sometido a tan pocos años de preparación se convierte en receptor de información y sólo le resta memorizar como si fuera una computadora. Si un joven estudia Derecho en poco tiempo y tiene una enorme cantidad de cátedras, me atrevería a decir que debiera ser superdotado. ¿Cómo asimila, entonces, todas las materias? Estamos hablando de profesionales que tienen en sus manos los destinos de un ciudadano que confía en sus capacidades, en su conocimiento, en su ética y en su idoneidad.

¿Cuáles son las alternativas para enfrentar el tema y conseguir que los estudiantes estén tranquilos, sabiendo que la formación que reciben es similar y que dependiendo de la Facultad en que están matriculados, están o no en desventaja? Los alumnos deben pasar por un proceso de selección y tienen que contar con un mínimo de condiciones. En los primeros años de aprendizaje debieran fijarse los “cortes” para que los estudiantes que no tienen condiciones se retiren de la carrera, Algunos decanos de universidades tradicionales son partidarios de fijar un examen nacional voluntario para los egresados.

No comparto esa propuesta, porque considero que no es válido esperar que un alumno llegue al último año, dé el examen de grado, realice su práctica y, al final de todo ese proceso, se le someta a un examen que mida sus conocimientos y competencias. Es demasiado el tiempo que ha invertido y, con esta nefasta estrategia, daríamos pie a una sociedad de abogados frustrados, porque tal vez varios terminarían reprobando el examen. Es imprescindible que la evaluación se haga en los primeros años, pues ¡cuándo un árbol crece torcido no tiene remedio! Parte del problema que enfrenta la carrera es que para algunos planteles se trata de un negocio. Sin embargo, quienes piensan así olvidan que es responsabilidad de quienes ejercemos la docencia el formar a los alumnos. Estamos entregando las herramientas para hacer justicia, no para hacer negocios. Pienso que estos problemas se resolverían si fuera obligatoria la acreditación de la carrera y se cerraran las facultades que no aprueban este proceso, porque no dan garantías de su calidad. El Ministerio de Educación, y específicamente la División de Educación Superior debiera tener mayor injerencia en cómo se dicta la carrera y su intervención podría ser mediante las agencias de acreditación.

Otro aspecto importante es que las Escuelas de Derecho se preocupen por la ética profesional y que las asignaturas se enfoquen bajo este principio. Si formamos abogados con falta de ética, dejaremos a la sociedad en peligro, porque del abogado dependerá la familia, la dignidad, e incluso la vida de una persona. Algunos alumnos ingresan a la carrera por estatus o por fines económicos. Quien estudia esta profesión debe amar profundamente la justicia y tener como único norte el imperio del Derecho. Como profesora de Derecho Romano no puedo dejar de mencionar al jurista romano Ulpiano, quien habló de tres preceptos fundamentales en el hombre de Derecho: vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no dañar a otro. Las Facultades de Derecho debieran promover estos preceptos.

*Ángela Cattan Atala es Decana (i) Facultad de Derecho de la Universidad Central.

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