Lo que no se dijo del Indulto Bicentenario

El eje del debate sobre indulto bicentenario ha estado en su procedencia respecto de quienes violaron derechos humanos, sin abordar los temas de rehabilitación y reinserción -en cuya importancia coinciden las  Iglesias Católica y Evangélicas- en tanto se trata de un problema de seguridad ciudadana que atañe a toda la sociedad.

En Chile cada año más de 20 mil personas egresan de las cárceles, pero en las condiciones de hacinamiento en que funcionan actualmente, los reclusos y reclusas –en su enorme mayoría pertenecientes a estratos de gran vulnerabilidad social- salen en situación de enorme precariedad. Y lo cierto es que, una vez que cumplen sus condenas, la gran mayoría retorna a su comunidad de origen sin haber pasado por un adecuado programa de reinserción.

La oferta pública de reinserción y asistencia post penitenciaria adolece de serias limitaciones programáticas,  presupuestarias y de cobertura, por lo que muchas veces los egresados recurren a organismos no gubernamentales -entre ellos las Iglesias Católica y Evangélicas- en búsqueda de apoyo. Sin embargo, la suma de esfuerzos públicos y privados ni siquiera logra acercarse a la solución del problema (Martínez, 2008). Además, las iniciativas y programas existentes no comparten un concepto único, técnico y estratégico de lo que significa la reinserción. Y como consecuencia, encontramos que cualquier práctica es llamada “rehabilitadora”, sin un verdadero sentido y utilidad en el contexto de la política criminal.

En tales condiciones, es claro que la política penitenciaria no incluye, como eje fundamental, una política integral de reinserción.

Estudios comparados señalan que más que una serie de iniciativas dispersas y bien intencionadas, una política pública de reinserción requiere “un proceso sistemático de acciones que se inician desde el ingreso de una persona a la cárcel y continúan con posterioridad a su retorno a la vida libre, con el propósito de incidir en la mayor cantidad de factores individuales y sociales que puedan haber colaborado en el involucramiento de esa persona en actividades delictivas”. Este proceso incluye a los reclusos y sus familias, pero también necesita soporte público y privado, a nivel central y local, siendo su  objetivo favorecer la integración del ex recluso a la sociedad y disminuir la reincidencia delictiva, contribuyendo a su vez a mejorar la seguridad pública (Villagra, 2008). Asimismo, este proceso debe comprender las áreas que han demostrado ser críticas para la reinserción: Educación formal (incluyendo capacitación en habilidades y oficios, para  facilitar la inserción laboral), empleo, salud física y mental (acceso a los servicios de salud), omisión y eliminación de antecedentes penales, familia, adquisición de vivienda y mejores condiciones de habitabilidad e integración comunitaria.

Esta discusión se ha dado en muchos países con diversos resultados. Ante el fenómeno de la delincuencia, algunos han privilegiado la respuesta punitiva y carcelaria. ¿Pero qué nos enseñan las buenas prácticas y la evidencia comparada? En primer lugar, que el costo económico y social del encarcelamiento no se corresponde con su efectividad. Segundo, que para el logro de la seguridad pública, una buena estrategia es reorientar parte de los recursos punitivos a políticas sociales que prevengan el delito, como ha sido el caso de Estados Unidos -uno de los países con la mayor tasa de prisionización en el mundo- que el año 2007 aprobó la Ley de la Segunda Oportunidad, (uno de cuyos objetivos era, precisamente, reorientar el gasto) y de Inglaterra, que ha logrado buenos resultados en reducción de reincidencia, al fomentar la inclusión social. Y tercero, que este es un problema país, que requiere una política de Estado con el más amplio apoyo.

La complejidad del tema hace perentorio que cualquier iniciativa sobre la población penitenciaria, incorpore estrategias de reinserción social para los potenciales beneficiarios. Uno de los grandes riesgos que se corre al liberar personas que han estado encarceladas en muy malas condiciones y que vuelven a sus comunidades con los mismos o peores problemas -desempleo, uso de drogas, extrema vulnerabilidad social- es que al corto plazo reincidan y vuelvan a prisión. O bien, que debido a su edad o condición de salud, no encuentren en sus comunidades el apoyo necesario.

En definitiva, si se considera a la reinserción como uno de los aspectos centrales en el año del bicentenario, se requiere implementarla a través de una política rigurosa y estratégica, a fin de garantizar la seguridad pública.