TC-Isapres: una oportunidad perdida

Cuando Corporación Humanas solicitó en mayo pasado al Tribunal Constitucional (TC) que declarara inconstitucional la tabla de factores de riesgo que aplican las isapres. El país estaba frente a una inmejorable oportunidad de corregir una discriminación contra las mujeres en el área de la salud. Dos meses más tarde, esta oportunidad se diluye, pues el TC decide mantener la aplicación  de los factores de  riesgo por sexo y edad.

Si bien resta conocer el texto del fallo, ya se puede avizorar que el TC optó por intervenir sólo en la forma en que las isapres hacen el cálculo de los planes de salud. A la luz de esta decisión, cabría preguntarse qué hizo cambiar de opinión a quienes, analizando casos particulares, habían concordado en declarar inconstitucional esta tabla.

A pesar de haber dedicado tres días de audiencias públicas a escuchar los argumentos de organizaciones de la sociedad civil, abogados constitucionalistas, organizaciones políticas y a las propias isapres, finalmente el TC ha optado por traspasar la tarea al Ejecutivo. Lo anterior contradice no sólo la garantía constitucional de igualdad y no discriminación, sino que además lo dispuesto por diversos tratados internacionales ratificados por Chile. Nos referimos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de las Mujeres y al Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

La alternativa elegida parece haber hecho eco a las presiones de la poderosa industria de las isapres, en orden a que los planes de los afiliados jóvenes subirían un 100% y al discurso catastrofista, que sostenía que se produciría  incertidumbre para la/os afiliadas/os, un éxodo masivo a Fonasa e incluso la quiebra del sistema.

Ahora, el Ministro de Salud, que en mayo reconocía falta de solidaridad entre jóvenes y adultos mayores y castigo por sobreprecio para las mujeres, anuncia el envío al Parlamento de la  “Ley Corta de Isapres” y espera llegar a acuerdo legislativo con las isapres.

Ya que el actual Superintendente de Salud y ex ejecutivo de isapres está inhabilitado por ley de probidad para tomar acciones a este respecto, será el Ejecutivo quien deberá garantizar en la referida ley la igualdad y no discriminación para las mujeres.

Vale recordar que los mayores costos de los planes de salud  recaen sobre las mujeres en edad fértil, en un primer tramo, y luego se encarecen aún más al entrar éstas a la vejez. Esta realidad es inconstitucional y atenta contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El acceso a la salud, la salud digna, la igualdad y no discriminación deben transitar desde la mera declaración legal hacia su concreción real.

El Estado debe velar porque el costo de la reproducción deje de recaer sólo en las mujeres y promover la corresponsabilidad social en este tema tan vital para nuestro país.