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Columnas

11 de noviembre de 2011

El polígono chileno de la inequidad

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Periodista. Presidente de la Corporación para el Desarrollo de Aysén.

Existe en Chile un polígono de 55 km2 donde el sentido común dice que sería imposible instalar una represa. Tampoco una central nuclear ni una termoeléctrica.  Ni una cárcel, una mina a tajo abierto, un relleno sanitario ni ninguna otra obra de infraestructura necesaria para el modelo socioeconómico neoliberal, con una óptica de ilimitada producción y consumo (cuyo puntal es el crecimiento económico mediante la acción privada), instaurado en el país a mediados de los 70.  De ese tipo de construcciones que por estos días nadie quiere cerca.

Aunque esta área cuenta con bastantes lugares que podrían albergar tales infraestructuras, a nadie se le ocurriría destinarlos a tal fin y, si lo hiciera, se enfrentaría a la oposición generalizada de sus habitantes. No de todos, seguramente, pero sí de los influyentes que, a través de los medios de comunicación tradicionales, explicarían a la mayoría nacional la inconveniencia de tal posibilidad.

Líderes de opinión, economistas y centros de estudio podrían argumentar que los terrenos no cuentan con agua suficiente, que son onerosos, frágiles, en pronunciada pendiente o demasiado distantes de los centros de consumo o de los potenciales usuarios.  Incluso que forman parte de una desconocida reserva de vida. Y para dar más fuerza a sus posturas podrían apoyarse en las más prestigiadas universidades, consultoras, estudios jurídicos y lobbystas, algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo para lo contrario, convertir en basurero Ñuble, despensa energética Aysén o reducto de reclusión Alhué.

Parte de la importancia del polígono mencionado es que intersecta las comunas de Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura, en el sector oriente de la región Metropolitana, el más acuadalado del país. Pero lo fundamental es que dentro de sus límites viven 19 de los 22 ministros del gobierno de Sebastián Piñera. Cincuenta y cinco kilómetros cuadrados que incluyen, además, el departamento particular del propio Presidente.

No fue fácil trazar la imaginaria área. Una primera fuente fueron las declaraciones de intereses y patrimonio de los secretarios de Estado.  Como en muchos casos el domicilio personal fue omitido de las webs oficiales, se cruzó la información de los roles de sus propiedades destinadas a habitación con las bases de datos públicas del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, además de la propia guía de teléfonos.  Dato al margen: la herencia de un Chile machista persigue a todos los estratos socioeconómicos y para el caso de las 4 secretarias de Estado fue necesario recurrir a la información de sus esposos e incluso padres.

Un territorio de 55 km2, localizado en las comunas más ricas del país, es reflejo de cómo la institucionalidad chilena está diseñada para que los más privilegiados accedan al poder y tomen las decisiones que afectan a una mayoría con escasas posibilidades formales de incidir en las políticas públicas.

Esta lista representa al 86 % de los ministros del actual gobierno. Excluye sólo al de Salud Jaime Mañalich Muxi (imposible de localizar su vivienda particular, aunque su inscripción electoral da cuenta de que no viviría tan lejos del perímetro: vota en Providencia) en tanto sus colegas de Agricultura, José Antonio Galilea Vidaurre, y Justicia, Teodoro Ribera Neumann, informan domicilios en la región de la Araucanía.

Los secretarios de Estado actuales forman parte de una élite que ha optado por vivir una misma realidad, matricular a sus hijos en similares colegios y, en concreto, compartir la misma visión de sociedad. Una vida de país desarrollado, al ser precisamente las comunas de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura donde se concentra el poder económico nacional (“ABCD, las letras que nos dividen”.  Revista Qué Pasa, noviembre de 2007).

Y en este pequeño grupo, que habita el 0,00007% del territorio nacional, recae el poder para decidir sobre todos los proyectos de inversión de alta intervención socioambiental que se ejecutan en Chile y que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Todo dentro de un esquema muy bien armado, donde el sistema educacional es sólo la primera plataforma del andamiaje con el cual se construye nuestra peculiar sociedad.

Educación para la segregación

En Chile la educación, principal motor de transformación de la sociedad, no cumple su rol, siendo principalmente reproductora de la desigualdad. Lo apunta el Decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Eduardo García Huidobro. El académico explica que “Chile tiene el triste récord de ser el país con la mayor segregación social en sus establecimientos educacionales, entre los 54 países que rindieron la prueba internacional PISA el 2006. Nuestro país exhibe una segregación de 52 puntos contra solo 9 de Finlandia, el país con el menor índice. Otros países latinoamericanos como Colombia  y México anotan 40, Brasil y Argentina 39 y USA 26, la mitad que Chile”.

García Huidobro identifica dos responsables: el sistema de selección y el financiamiento compartido en la educación primaria y secundaria.

El mecanismo de ingreso que usan algunos establecimientos educacionales convierte el derecho universal a una buena educación en un premio sólo para algunos, que es la máxima que persiguen los denominados liceos de “excelencia”, instituidos por el gobierno para un selecto grupo de estudiantes con mejores calificaciones. Paradójicamente, quienes podrían acceder a tal privilegio serían esencialmente niños y jóvenes de familias con mayores ingresos. Según el estudioUmbrales sociales 2006: Propuesta para la futura política social”, sólo 1 de cada 11 niños del quintil más pobre obtiene un puntaje de “excelencia” en la prueba Simce de cuarto básico en contraste con la demoledora cifra de los que provienen del quintil más pudiente: 1 de cada 2.5 alcanza tal logro. Y claro, los pobres se educan esencialmente en establecimientos públicos municipales, los pudientes en particulares pagados, con escasos mecanismos de integración entre ambos mundos.

Algo similar ocurre con el concepto del financiamiento compartido, donde una parte de los recursos económicos los invierte el Estado y otra las propias familias. Bajo este sistema, la selección a la que se someten los niños y jóvenes para estar con “los de igual conocimiento” –explicitada en el párrafo anterior– se trastoca por la posibilidad de pagar por educarse con “los de igual poder adquisitivo”. Como se ha demostrado, ambas variables están íntimamente ligadas, con lo cual el financiamiento compartido refuerza aún más un sistema desigual y segregacionista.

El poder en las mismas manos

Las masivas movilizaciones estudiantiles de los últimos seis meses exigiendo educación de calidad y gratuita para todos han hecho a Chile despertar de tres décadas de un sueño. El de la meritocracia, ese ideal mediante el cual en una sociedad de mercado sólo los más capaces, los mejores, los “excelentesen palabras del Presidente, ocuparían los cargos de decisión en el Estado.  Algo que se supone ya estaría ocurriendo en el sector privado.

Pero tal anuncio es incumplible. Por lo menos en el Chile actual. El ascenso social por méritos propios anunciado hace tantos años no encaja en un país desigual como el nuestro ni mientras sigamos con el sistema actual de segregación social, económica y educativa.  En este orden el polígono inicial es sólo un síntoma.

Recurro al párrafo de un artículo publicado hace ya 2 años: “A medida que avanzan los pueblos en real igualdad de oportunidades se van produciendo cambios que permiten que los espacios de poder históricamente ocupados por los sectores dominantes sean conquistados por quienes hasta ese momento han vivido a la periferia de la toma de decisiones esenciales de una nación. Un ejemplo recurrente –y majadero– para dar cuenta del camino que aún debe recorrer Chile en su avance hacia ese tipo de sociedad es Alemania: en el país europeo un tercio de la élite intelectual, económica y política proviene del estrato alto, un tercio del medio y un tercio del bajo, en tanto que en Chile el 65 por ciento lo autogenera la propia élite, un 31 por ciento proviene de la clase media y un escaso tres por ciento de los estratos de menor nivel socioeconómico”.

Estas cifras forman parte de las conclusiones del V Informe del PNUD en Chile: “El poder: ¿para qué y para quién?” de 2004.

Decisiones desde la altura

El escenario anterior da cuenta que mientras más recursos económicos mejor educación. Y mientras mejor educación mejores posibilidades de acceder a las altas esferas del poder.  Del poder privado y, leit motiv de este artículo, también público, lo cual no sería problema si el actuar del Estado estuviera permeado por un sistema participativo. Pero no es éste el caso.

En Chile, las resoluciones institucionales sobre la ejecución o no de grande grandes proyectos de inversión son verticales y prácticamente inmunes a la voluntad ciudadana. Nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no cuenta con canales que permitan a quienes serán los usuarios (o afectados) de las determinaciones que se adopten desde el poder incidir de manera efectiva en la decisión final. Existen mecanismos de participación ciudadana, pero éstos son consultivos y no vinculantes. Los afectados pueden hacer todas las observaciones que estimen pertinentes, pero la autoridad no tendrá obligación alguna de hacerse cargo de tales peticiones.

Esta realidad es la que convierte en injusta una institucionalidad pública en que es el Presidente de la República quien dirige, verticalmente, la decisiones de sus ministros, intendentes y secretarios regionales ministeriales. Porque al final del día tanto los cargos de quienes votan regionalmente los proyectos como los de los seis ministros que participan en una especie de segunda instancia, dependen del Primer Mandatario.  Así, es él (o ella) quien, a fin de cuentas, decide sobre iniciativas de inversión de diversa índole que ingresan al SEIA. Puede ser que en un principio un proyecto se evalúe a nivel regional y luego en el nacional, pero en ambos casos ni la opinión de la ciudadanía ni de los servicios públicos son necesariamente vinculantes. No lo son hoy con las Comisiones de Evaluación Ambiental ni lo eran antes con las Comisiones Regionales del Medio Ambiente.

Esta realidad representa una gran deuda en Chile con el espíritu democrático y colectivo al que debe apuntar toda nación. A la luz de la segregación educacional, el restrictivo acceso al poder y nuestra vertical institucionalidad, particularmente ambiental, hoy en la práctica es un pequeño grupo, una élite que vive en un territorio de 55 km2, el que tiene la exclusiva potestad de decisión sobre qué proyectos de alto impacto se ejecutan y qué territorios y comunidades del otro Chile, del Chile que está fuera de los muros de ese privilegiado espacio, se pueden intervenir.

Es así que hoy se hace imperioso que los procesos de participación ciudadana se profundicen, ya que de otra forma persiste la sensación de que son unos pocos los que deciden sobre muchos. Esto explica las palabras de algunos actores políticos, quienes han cuestionado pasar de una democracia representativa (malamente representativa en nuestro caso gracias al sistema binominal y otros amarres de la dictadura) a una más participativa, toda vez que producto de la escasa movilidad social algunos ciudadanos parecieran tener grabada desde el nacimiento en su ADN la reserva de un asiento en los salones del poder, sea éste político, judicial, religioso o empresarial.

Y mientras tanto fuera del polígono…

Alhué queda a unos 150 kilómetros de Santiago, dentro de la región Metropolitana. En mapudungun significa alma de muerto, fantasma. Sus habitantes, unos 4.500, estuvieron durante meses en pie de guerra porque el gobierno, a través del anterior ministro de Justicia, Felipe Bulnes, impulsó en el lugar la instalación de una nueva cárcel para 2.400 reos. Producto de la inexistencia de un proceso institucionalizado y vinculante de participación ciudadana para este tipo de decisones, los vecinos se vieron obligados a movilizarse de distintas formas para que la autoridad modificara su resolución.

Algo similar ocurrió con la paralización, una vez aprobada, de la termoeléctrica Barrancones, por determinación presidencial.  Un proyecto autorizado por una institucionalidad ambiental que ha tenido serios yerros en sus decisiones como el caso de la central hidroeléctrica San Pedro, de Colbún, en la región de Los Ríos, cuya resolución de calificación ambiental favorable obtuviera en 2008 pero que, según informara recientemente la empresa, se someterá nuevamente a evaluación por problemas geológicos no considerados originalmente.

En la región de Aysén, en la Patagonia chilena, HidroAysén, de la sociedad entre Endesa y Colbún, pretende construir cinco represas inundando 5.910 hectáreas con un tendido de 2.000 kilómetros de torres de alta tensión, mediante una inversión que se alza ya por los U$ 10.000 millones. A pesar de las masivas protestas, no hay indicios de que el gobierno pretenda echar pie atrás.

Y así ocurre también con la central termoeléctrica Castilla, con una inversión de U$ 2.500 millones en Copiapó, la carbonera Mina Invierno en Isla Riesco en la austral región de Magallanes, y un largo etcétera en que a pesar de la participación en el marco de la intitucionalidad y la movilización ciudadana y el amplio rechazo, ha sido imposible revertir las resoluciones de quienes no vivirán los impactos y efectos directos de sus decisiones.

Es así que la pregunta de fondo es si una democracia real, de la que debe propender a que las determinaciones en lo público se adopten colectivamente buscando el interés común, resiste un sistema que permite una educación segregacionista y elitista, la exclusión en el acceso al poder y un proceso de toma de decisiones impermeable a la participación ciudadana institucional.  Con un componente cultural que queda demostrado en el “aislamiento habitacional” planteado en un inicio.  Son tales temas los que están presentes en las movilizaciones de los últimos meses con relación a HidroAysén, primero, y la educación, después, y que tuvo como simbólico corolario la toma del ex Congreso nacional en Santiago.

La génesis de este artículo fue comprobar una tesis que resultó ser cierta. Que gran parte de los máximos representantes del Poder Ejecutivo forman parte de un grupo que es posible ubicar dentro de un espacio geográficamente pequeño y definido por el poder adquisitivo (y cultural, educacional, etc). “Las labores en la capital del Reyno así lo requieren” podría ser respuesta lógica.

Estaba claro, también, que entre Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes se concentra el poder en Chile (no sólo político, también económico), según han demostrado diversos estudios.  Es ésta una realidad en la que no han hecho mella alguna las políticas públicas sociales redistributivas al tener nuestro país el coeficiente de Gini (que mide la desigualdad) más alto de los países de la OCDE, quizás porque en Chile no se consideran negativos los guetos de élite, pensando que, a fin de cuentas, es sólo una cuestión de opción y mercado.

Este artículo no sorprenderá probablemente a la mayoría de los chilenos y chilenas. El polígono aquí descrito sólo fue el pretexto para mostrar una realidad que sabemos existe y que da cuenta gráfica de lo que ya todos conocemos.  Chile es un país enormemente desigual, irresponsablemente injusto y falto de democracia en las decisiones del Estado.  Y algo debemos hacer al respecto.

*Con aportes de Colombina Schaeffer, socióloga y estudiante de doctorado en Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sidney, Australia. (schaeffer.colombina@gmail.com)


 

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