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Columnas

20 de diciembre de 2011

Test laborales: no apto

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Profesor de Derecho Laboral Universidad Diego Portales

¿Qué tiene que ver la situación afectiva –el hecho de tener pareja- para evaluar la capacidad de un postulante a un trabajo?

Nada, diríamos todos. ¿Y su situación financiera? ¿Y su condición religiosa?

Nada volveremos a repetir.

Pero si todo esto no tiene nada que ver, entonces, la cuestión es obvia: porque aceptamos con naturalidad que toda entrevista de trabajo en Chile pueda entrometerse en esos y muchos otros asuntos –la situación económica, la orientación sexual, el peso, la condición social, etc-.

Y ahí está lo interesante: hay prácticas que, de tanto verlas, nos parecen simplemente correctas. Como las preguntas voyeristas e invasivas de las entrevistas y de los test pre-ocupacionales.

Hay muchas cuestiones que objetar a estas entrevistas y exámenes, pero no nos detendremos en detalles. No hablaremos del ambiente comúnmente de secretismo en que suelen desarrollarse. Ni tampoco que el postulante nunca sabe qué “perfil sicológico” busca la empresa, ni menos bajo que criterios serán evaluados su supuesta capacidad para desarrollar un cargo y que todos los resultados son completamente ocultos para el examinado.

¿Por qué socialmente deberíamos seguir permitiendo que test y exámenes sicológicos con dudosa –por no decir nula- capacidad predictiva sigan practicándose con un alto costo en términos de respecto de la dignidad y privacidad de nuestros trabajadores?

Eso es lo de menos por ahora. Más bien, nos referiremos a  la descarada intromisión en la vida privada que dichos exámenes, test y entrevistas suelen suponer, con preguntas que, sin medias tintas, buscan indagar aspectos de la vida íntima de las personas.

¿En que se vincula técnicamente la aptitud laboral con que la candidata al puesto tenga o no pololo o esté pensando en casarse? ¿O para que sirve saber si el postulante vive en tal o cual comuna de la ciudad o si vive con sus padres?

La respuesta en todos estos casos es obvia: en nada. Ninguna de esas preguntas tiene conexión lógica, ni razonable con la idoneidad o capacidad laboral del postulante.

El problema es que esas impertinentes e invasivas preguntas que poblan estos exámenes y entrevistas tiene un alto costo para la sociedad en términos de respeto de los derechos de las personas, especialmente para la privacidad de los candidatos.

¿Por qué socialmente deberíamos seguir permitiendo que test y exámenes sicológicos con dudosa –por no decir nula- capacidad predictiva sigan practicándose con un alto costo en términos de respecto de la dignidad y privacidad de nuestros trabajadores?

La supuesta utilidad –hasta ahora nunca acreditada atendido el curioso secretismo en que se mueven las consultoras que los aplican- no compensa en absoluto la afectación obvia – y muy acreditada-  de la esfera privada de quienes deben soportar estos exámenes y entrevistas.

Justificar la grosera vulneración de la privacidad de los trabajadores en un eventual detección de candidatos especialmente “disfuncionales”, es demasiado pobre y exiguo como compensación para que la sociedad acepte dichas practicas pre-ocupacionales.

En rigor, todo parece indicar que en buena parte de estos casos se trata de la búsqueda bastante burda de criterios de discriminación: las preguntas sobre la relaciones de pareja (discriminación por maternidad), las de la comuna donde se vive (discriminación por condición social), las sobre las creencias de fe (discriminación por religión) y así una larga lista de huellas para poder discriminar con exactitud.

¿Sería razonable establecer una protección legal a los postulantes, prohibiendo que los exámenes y test pre-ocupacionales contemplen preguntas referidas a cuestiones relacionadas con la privacidad de los candidatos?

Por supuesto. De hecho, esto lo han entendido bien en otras sociedades, más sensibles con los derechos fundamentales de sus trabajadores. En Canadá, la ley prohíbe preguntas e indagaciones en formularios de empleo o en entrevistas en contextos de solicitud de trabajo, referidas a cualquier asunto vinculado al estado civil, la raza –lo que incluye el aspecto físico-, la orientación sexual, la obesidad, la religión, la condición social –lo que incluye el lugar donde se vive- y otras circunstancias análogas (art. 18.1 de la Carta de Derechos y Libertades de la Personas, Quebec).

A su turno, la jurisprudencia norteamericana ha sostenida en reiteradas ocasiones que los test sicológicos son ilegales en aquella parte que invadan la privacidad de los trabajadores, salvo que el empresario acredite un interés apremiante (Soroka v. Dayton Hudson, Corte de Apelaciones de California, 1991). Como es obvio, no existe tal interés en cuestiones de la sexualidad, de creencias religiosas o de situación de estado civil. Especialmente ilegales son aquellas test que encubren una evaluación médica (Karraker vs. Rent-a-center, Corte de Apelaciones del Circuito Séptimo, 2005)  con preguntas que tengan por objeto determinar discapacidades físicas o mentales.

Hasta ahora, en todo caso, nadie en Chile ha prestado atención a este problema. Como si la normalidad –todos lo hacen- ha terminado siendo la medida de su justificación –debe ser correcto-.

Mientras tanto mucho talento se debe estar perdiendo en medio de tanta discriminación antes siquiera de llegar al puesto de trabajo. Sólo por un segundo, me imagino a Nicanor Parra respondiendo una de esas entrevistas.

De seguro el examen saldría “malo”. Por raro y disfuncional. No sería apto.

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