La crisis del modelo y la subsistencia del sistema

Más de alguna conversación con agentes de diversos mercados revela que en Chile, en materia de regulaciones, y otro tanto respecto del rigor fiscalizador de algunos organismos, las cosas parecen haber cambiado. No es misterio que, en algunos círculos se oyen afirmaciones tales como que ha surgido un “neo populismo”  o que, las consideraciones técnicas de antaño han sido sustituidas por apreciaciones políticas de corto plazo, en atención a escenarios de altas demandas ciudadanas.

Hace días, en un seminario organizado por BICE Inversiones, y que contó con la presencia del profesor de NYU, Nouriel Roubini, el economista Sebastián Edwards afirmaba que el gobierno cometió un error al haber reemplazado en el Ministerio de Economía a Juan Andrés Fontaine y haber designado, en su lugar, al actual titular Pablo Longueira. ¿Cuáles son los puntos de relevancia que al parecer caracterizarían este nuevo clima que algunos agentes, y también actores de opinión pública especializada, aprecian?

Intento algunas respuestas, tratando de superar la contingencia. En primer lugar, es indudable que el escenario global de movilizaciones ciudadanas cambió el rostro de la relación persona-Estado, a mi juicio, no necesariamente por un cuestionamiento al sistema de mercado, sino que en razón de asimetrías de los modelos a través de los cuales este sistema puede manifestarse en la realidad.

Los economistas distinguen entre sistemas y modelos, y por tanto, el sistema de mercado permite transitar desde un modelo neoliberal, a uno de orientación keynesiana, hasta llegar a otro que se ha llamado “social de mercado”, por señalar algunas opciones. Es decir, el rasgo distintivo de la aplicación del sistema a través de modelos, se manifiesta en los énfasis y el conjunto de decisiones que la autoridad adopte en relación a ciertos fines, sin que se pretenda afectar el generalizado asentamiento del sistema de mercado como institución.

En segundo lugar, es propio que los modelos —como concreción de sistemas— respondan a un diseño institucional y a una orgánica que contempla agencias regulatorias y unidades fiscalizadoras. La controversia se presentaría en términos de qué forma pueden aumentar, para los agentes del mercado, los costos de relacionarse con estas agencias y, en último término, en cumplir con mas exigencias normativas o administrativas. En concreto, la agencia o el fiscalizador actúan por un mandato legal  y con un fin especifico. Frente a este punto, dos actitudes pueden distorsionar la evaluación del rol de la agencia: una, es considerar que la existencia de más regulaciones y sus respectivas agencias proveerán un óptimo y esperado de bienestar social, casi por el sólo hecho de existir o de manifestarse, lo cual resulta ingenuo; otra, que aprecia el rol regulatorio como una barrera para el desenvolvimiento libre de los mercados, fundada en motivaciones ajenas al  objetivo legal, y que su existencia per se constituye un obstáculo.

Tanto unas como otras opciones parecen estar en permanente tensión, y la labor de la autoridad consistirá en la obtención de ese tan ansiado equilibrio entre bienestar y eficiencia. Finalmente, no hay que olvidar que los intentos por remediar los efectos que generó  la gran crisis financiera de 2008 originada en Estados Unidos, han supuesto una reorientación de modelos hacia un énfasis regulatorio, dentro del propio sistema de mercado, constatando que éste último falló, pero no colapsó.

De este modo, el tránsito, flexibilidad o mutación de ciertos énfasis, a través de diversos modelos dentro del mismo sistema, permite a la autoridad adecuar sus políticas conforme a diversas necesidades y requerimientos. No cabe duda que el escenario actual requiere, tanto para la autoridad política y, enseguida para el regulador, no sólo de conocimientos específicos, sino de destrezas que permitan actuar en un contexto de turbulencias cada vez más frecuentes, aunque al parecer, no estructurales.