Empresa y corrupción ¿cómo andamos por casa?

El escándalo de corrupción de Wallmart en México, acusada de expandir su negocio en ese país acelerando la apertura de tiendas a través del soborno de funcionarios públicos, ya comienza a dejar heridos: un reportaje en el New York Times (el tipo de publicidad que nadie quiere), acciones que bajan, ejecutivos removidos de sus cargos.

Podría pensarse que el caso de México, cuyo índice de percepción de corrupción es uno de los tres peores en América Latina, es muy distinto a lo que ocurre en Chile pues los mismos indicadores acá son bastante bajos. Uno puede estar o no de acuerdo pero lo cierto es que ni un ejecutivo que conozca sus obligaciones legales podría decidir arriesgarse a vivir uno de estos casos en la empresa que administra o dirige.

Por varias razones, primero porque estaría incumpliendo su obligación legal de debida diligencia. Segundo, porque estaría exponiendo a la empresa a incurrir en responsabilidad penal arriesgando incluso la disolución de ésta. En seguida, porque si las sanciones locales le parecen bajas, está la Ley de Prácticas Extranjeras Corruptas de Estados Unidos (FCPA por sus siglas en inglés) que es aplicable en Chile también y cuyas sanciones incluye multas y penas privativas de libertad para los ejecutivos, directivos y empleados que participaron (sea pagando, autorizando, consintiendo o permitiendo) en el acto corrupto.

Para directores y ejecutivos entonces, el riesgo está en no verlo todo. Por lo mismo, deben existir mecanismos formales que permitan mostrar la foto completa y así gestionar el riesgo de que un incidente de estos ocurra. Modelos de gestión objetivos, independientes, interdisciplinario (no sólo legal, no sólo operacional), que permitan ahorrar los costos de un caso de corrupción y salvar las responsabilidades personales.