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Columnas

17 de mayo de 2012

El regalito al empresariado en el proyecto Multirut

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Columnista de El Quinto Poder.cl

Que la agenda laboral es siempre polémica no merece duda alguna. Que los fuertes intereses que en ella convergen exploran las maneras más sublimes de resguardar sus posiciones tampoco es algo que deba sorprendernos.

Por ello, cada tema, cada discusión, cada proyecto de ley que busque modificar la normativa laboral consulta una serie de dimensiones complejas que se combinan de manera que es posible ganar perdiendo o perder ganando, según sea el caso.

En pocos días más asistiremos a un debate en que se puede apreciar esta dinámica a la perfección, al acelerarse el tramo final de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que pretende terminar con la práctica de la subdivisión fraudulenta de las empresas en múltiples razones sociales, destinadas a debilitar la acción sindical (Multirut).

Discusión en cuyo centro ha estado la fórmula que permita definir con claridad una idea de empresa (por definición o por omisión del concepto), que escape a la mera formalidad de un RUT y que se reconozca de forma más fiel en la realidad.  La idea es que si Ripley es una sola empresa en todo el país, no se divida artificialmente en razones sociales distintas para evitar que sus trabajadores negocien conjuntamente. La idea declarada es que la realidad laboral se imponga sobre la ficción formal administrativa del rut y en busca de fórmulas para ello se encuentra el mundillo parlamentario, alimentado con el aporte de los sumos sacerdotes del derecho laboral local.

La idea es la siguiente. Como la discusión se centra en evitar que el empleador real se esconda tras múltiples rut a la hora de negociar colectivamente, la discusión práctica en cada caso será discernir si los trabajadores están negociando con su empleador real o no. Alguien tiene que decir, “Ojo, este rut no corresponde a una empresa real, el verdadero empleador es este otro señor”.

Sin embargo, como ya vimos en la discusión de la Ley de Subcontratación, no basta con ganar la letra de la norma, sino que también hay que contar con alguien que la aplique y ese alguien es, por antonomasia la Dirección del Trabajo y, en caso de litigio posterior, el Tribunal Laboral.

En el caso de la Ley de Subcontratación, la derecha económica (que no política, porque tiene fervorosos seguidores en la Alianza que hoy Gobierna, pero también expansivos adeptos en la Concertación o lo que queda de ella) encontró la solución para matar lo que más les dolía de la Ley, el castigo a la simulación (contratar a un trabajador mediante un “palo blanco” para eludir derechos laborales y evitar que se sindicalice con los “propios”). Y lo hizo cercenando la facultad de la Dirección del Trabajo para calificar la simulación.

Para ello, CODELCO y las huestes encabezadas por el Ministro de Hacienda recurrieron de protección contra la DT en un sonado proceso judicial que terminó con la capacidad de la Dirección para calificar la simulación y dejó esa parte de la ley convertida en letra muerta.

En la actualidad, como los triunfos alientan la osadía y estrategia ganadora repite, la misma derecha económica esta vez se hace verbo en la moción que el Gobierno presentó al Congreso como su alternativa para la Ley del Multirut. Con la cómplice mirada de sus expansivos aliados de siempre, buscan “ir por más”, como dice la U. de los Andes.

La idea es la siguiente. Como la discusión se centra en evitar que el empleador real se esconda tras múltiples rut a la hora de negociar colectivamente, la discusión práctica en cada caso será discernir si los trabajadores están negociando con su empleador real o no. Alguien tiene que decir, “Ojo, este rut no corresponde a una empresa real, el verdadero empleador es este otro señor”.

En la actualidad, estas controversias sobre formas y sobre las partes en una negociación, las resuelve la Dirección del Trabajo, mediante un trámite contenido en el art. 331 del Código del Trabajo y que se conoce como Objeción de Legalidad. Es un procedimiento rápido y expedito que permite resolver la controversia dentro de los ajustados plazos de una negociación colectiva. Por supuesto que si alguna de las partes no está de acuerdo con lo resuelto por la DT, puede recurrir al tribunal, pero en la práctica gran parte de las controversias se zanjan allí.

Pues bien, los creativos de siempre, algunos allá y otros acullá, lograron incorporar en la moción del gobierno una fórmula que han buscado desde siempre. Eliminar la facultad de decidir de la DT en estos casos y transferirle la competencia a un “Comité de Expertos”. ¿Es qué acaso la gente de la DT no son expertos abogados laboralistas?, dirá usted… “Claro, pero queremos otro tipo de expertos”, responderán los chicos emprendedores, veamos quienes son.

Reza el art. 502 Bis B del proyecto “Tres profesionales con conocimiento en materia de organización  industrial, gestión y administración de empresas… que acrediten un título de de una carrera profesional de al menos diez semestres”, a los que se deben sumar “Dos abogados con conocimientos en materias de organización industrial, gestión y administración de empresas…”

¿Pero no queríamos que se impusiese la realidad laboral por sobre la estructura formal? Parece que no, porque le quitamos la competencia a la Dirección del Trabajo, organismo con más de 85 años de experiencia en materias laborales y se la entregamos a unos “expertos” que nadie sabe mucho cómo llegan al puesto y que expresamente no tienen que ver con el ámbito laboral.

Y para colmo, el nuevo proyecto establece que los jueces laborales podrán resolver las controversias sobre multirut sólo con un informe previo de estos “expertos”. Es decir, no cuentan con informe de la DT y deben además soportar una pauta previa de personas que no tienen vinculación alguna con el Derecho Laboral.

Para ser justos con la propiedad intelectual, los primeros movimientos para crear un Comité de Expertos que le quite a la DT su capacidad de interpretar la ley fue del ex ministro Cortázar, a inicios de los ’90, pero los renovados bríos de la iniciativa son más recientes.

O sea, le damos el “tiro de gracia” a una Dirección del Trabajo que siempre ha sido molesta para los intereses empresariales y que ha debido soportar en el último tiempo la mencionada embestida judicial de CODELCO y Hacienda bajo la gestión pasada; los despidos, reducciones salariales y contratos por seis meses a los que la administración Piñera ha sometido a sus funcionarios y una intervención nunca antes vista de parte de la actual Ministra del Trabajo en sus atribuciones y funciones.

Así que cuando en unas semanas más veamos a los parlamentarios  celebrar con las manos en alto la promulgación de la Ley que termina con el Multirut, fíjese bien y mire a la parte baja de la foto, no vaya a ser que esté el cadáver de la Dirección del Trabajo tirado en el piso.

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