Grupo El Mostrador: | El Mostrador | El Mostrador TV | El Mostrador Mercados | Avisos Legales

Búsqueda
  • Jueves, 23 de octubre de 2014
  • Actualizado a las 05:01

Columnas

21 de mayo de 2012

Chile y las drogas: un debate que requiere mayor coherencia

avatar
Director de Asuntos del Sur

En este último tiempo ha tomado lugar en Chile un sano y necesario debate en torno a las drogas. Poco a poco vemos argumentos más sólidos y basados en la evidencia, discusiones que dejan de lado tabúes y trabas morales, presentaciones de posturas transversales y la participación de una diversidad de actores que incluyen ex jefes de Estado, parlamentarios, académicos, expertos, consumidores y representantes de la sociedad civil. Logramos llegar a cierto consenso de que la guerra frontal promovida por los modelos actuales fracasó. Sin embargo con este consenso no basta: es momento de mejorar la calidad del debate.

Existen tres grandes corrientes que monopolizan este debate: [1] Las posturas economicistas que fundamentan la legalización en una reducida matriz costo/beneficio (En parte los argumentos de Ricardo Lagos y principalmente la tesis de Covarrubias y Fisher en El Mercurio); [2] Los fieles que siguen defendiendo el actual enfoque del prohibicionismo como solución a la reducción de la demanda y el consumo (SENDA del Gobierno de Chile y sectores más conservadores); y [3] Los activistas que buscan lograr el respeto de sus derechos para poder consumir en paz (Movimientos ciudadanos, liberales, etc.). Sin embargo, tal como la guerra contra las drogas ha sido un fracaso, el dialogo actual, al seguir dirigido y reducido por las grandes tendencias e ideologías, corre el riesgo de fracasar en lograr un cambio más allá de la retórica.

Vamos por parte. Primero, los argumentos economicistas basados en una matriz costo/beneficio si bien entregan luz respecto a los altos costos de la guerra contra las drogas y el prohibicionismo, no son suficientes para justificar una eventual legalización. No cabe duda que quitarle el negocio a los narcos reducirá su poder de financiar el terror, que el regular la calidad permitirá velar por la salud, que el gasto en detener y encarcelar a millones de personas puede ser usado de mejor manera al focalizar donde hay mayor retorno (educación, prevención y rehabilitación) y que la regulación permitiría la recaudación de impuestos. Es que los costos asociados (no solo monetarios) a las políticas prohibicionistas son altísimos. En resumen, más de 50 mil personas han perdido la vida en México en 5 años, las cárceles están hacinadas por quienes pagan penas desproporcionadas, y sin duda, la inversión militar en destruir cultivos y perseguir a bandas de tráfico no ha dado frutos. Quienes basan sus argumentos en los costos de esta guerra tienen en gran parte la razón, pero sus argumentos quedan cortos para entender un problema que requiere de soluciones y miradas mucho más amplias, innovadoras e interdisciplinarias, pero por sobre todo de preguntas.

Las elites ya tienen claro que la ley 20.000 es absurda, la opinión la comparten políticos, fiscales, jueces, policías y académicos. Lo que no tienen claro es como avanzar sin que esto continúe siendo un diálogo de sordos

En segundo lugar se encuentran los defensores del prohibicionismo, la utopía de impedir el acceso a las drogas ilegales para que el ser humano deje de hacerse daño. Aquí es donde Francisca Florenzano (SENDA) argumenta en carta abierta a El Mercurio y como respuesta a la columna de Covarrubias y Fisher, que esto requiere de una mirada integral ya que “el problema no es la droga, sino el impacto que esta causa en las personas”. Lo que olvida, o decide omitir, es que la lógica implementada por el Estado durante estos últimos años ha sido un fracaso que se ha fundamentado en principios prohibicionistas que no se enfocan necesariamente en el bien de la persona. Durante el 2011 tomaron lugar 77 mil detenciones por infracción a la ley 20.000, siendo el 66,5% de estas por posesión y 11,9% por consumo. Ya que solo el 17,3% fueron por tráfico: vemos como el Estado persigue a consumidores y no a los narcos. Los datos de años anteriores son igual de alarmantes y de proporciones similares. Es más, para decorar este fracaso, no nos podemos olvidar que Chile sigue siendo el segundo consumidor de cocaína en la región. ¿No es irracional entonces que un gobierno con una mano ofrezca ayuda, prevención y rehabilitación, pero al mismo tiempo con la otra mano aplique la lógica del garrote criminalizando y estigmatizando a consumidores? Las metas del gobierno por reducir el consumo y el narcotráfico de manera significativa no se han cumplido y el interés por el bienestar de la persona, al menos en la práctica, queda solo en la retorica. Mientras más reprime el Estado a quienes consumen, el consumidor más se mueve hacia las sombras, la desinformación aumenta y los traficantes siguen haciéndose millonarios al monopolizar el mercado. Los dichos del Diputado Ward en reacción a los argumentos entregados por el ex Presidente Lagos sobre la despenalización también dejan en evidencia lo ciegas y desinformadas que pueden llegar a ser las explicaciones para seguir defendiendo el prohibicionismo. Mientras el SENDA y los escuderos del prohibicionismo sigan replicando los modelos que ya han demostrado ser fallidos en otros tantos países y se amparen en el conservadurismo, los únicos que van a seguir ganando son los narcos.

Por último están quienes luchan por su derecho a consumir (y plantar) en paz y por la legalización. La lucha es por una causa justa. Sin embargo, tienden a olvidar que este no puede ser un debate solo centrado en las libertades individuales sino que en conceptos de bienestar social. Hay que ser sensibles a diversas realidades: ¿Cómo le explicas a alguien de una población en riesgo que quieres legalizar las drogas que han destruido y matado a sus seres queridos? La pasta base por ejemplo. Esta es una arista que los activistas de la legalización y despenalización deben abordar con mayor estrategia y responsabilidad. Mientras para algunos el despenalizar o legalizar es una opción de vivir en paz, para otros la legalización es legitimar el terror. Ya que muchas veces las imágenes valen más que mil palabras, el activismo debe evolucionar en su forma más que en el fondo y asumir que muchas veces las imágenes que generan manifestaciones y marchas no ayudan para lograr que los sectores más conservadores o tal vez muchos ciudadanos promedio, se hagan más sensibles a debatir y pensar un tema que va mucho mas allá de las libertades individuales. El mensaje debe ser más amplio que el metro cuadrado, traspasando los intereses individuales de quienes consumen y llegando a un enfoque comunitario.

Es momento de incluir a estas corrientes y a ellas sumarles los aportes de la ciencia, la reducción de daños, la evidencia que entregan un gran número de experiencias internacionales que han logrado ser exitosas y por sobre todo las estrategias político comunicacionales que han dado frutos en abrir y consolidar debates serios. Los ataques cruzados entre estos actores siguen anulando un debate amplio y sincero, y provocan una infinidad de consecuencias no intencionadas que al final del día son negativas. Las elites ya tienen claro que la ley 20.000 es absurda, la opinión la comparten políticos, fiscales, jueces, policías y académicos. Lo que no tienen claro es como avanzar sin que esto continúe siendo un diálogo de sordos.

Debemos entonces partir por hacernos algunas preguntas: ¿Nos interesa cambiar el enfoque de la política actual? Si buscamos que la política de drogas sea un tema de salud pública, ¿No sería bueno que SENDA dependiera del Ministerio de Salud y no de Interior? ¿Qué dice la evidencia sobre el consumo de marihuana? Si los costos asociados con las detenciones son tan absurdos como grandes, ¿No sería bueno entonces despenalizar el consumo? Pero si hay sectores de la sociedad que temen legalizar lo que muchas veces les aterra, ¿No sería bueno por ahora enfocarnos en educar a la ciudadanía sobre lo nefasto de los modelos actuales antes de abordar posibles soluciones? Si las marchas y activismo no logran influir positivamente a la opinión pública y generan una caricaturización, ¿No será bueno cambiar la forma?

Estamos grandes, es momento de debatir con seriedad ciertas cosas, pero por sobre todo no temer a hacer preguntas.

  • Términos & Condiciones

  • Ver Comentarios

Las opiniones vertidas en esta sección comentarios son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial de El Mostrador.


Quienes entran a revisar y leer estos comentarios deben tener presente que, no obstante el esfuerzo permanente que realiza El Mostrador para que no ocurra, pueden encontrar expresiones ofensivas o groseras, proferidas por personas que no han respetado el ambiente de respeto y tolerancia que es consustancial a la línea editorial de El Mostrador.