La Defensa de Allamand

La promesa del gobierno de Piñera en el campo de la defensa no se ha cumplido. Quizás aquello se deba a las preocupaciones coyunturales que sus ministros han enfrentado (el terremoto primero y algunos accidentes después). Quizás las prioridades estén puestas en otros sectores. Lo definitivo es que al evaluar los compromisos que el propio Presidente realizó en 2011 y su seguimiento en el 2012, observamos un sector que avanza lento y dando señales confusas.

En 2011 el Presidente prometió que se presentaría un proyecto para eliminar la cotización de 6% que afecta a los pensionados de las FF.AA. Esta promesa fue repetida en forma textual en el más reciente discurso del 21 de mayo. Cero avance.

En 2011 se prometió que se avanzaría en una reforma de la justicia militar. Sin embargo, a la fecha el Ejecutivo no ha presentado ningún proyecto de ley al Congreso y dicho compromiso no recibió ninguna mención este año.

En 2011 se dijo que “también estamos trabajando en una nueva carrera militar, más extendida y con mejores incentivos, de forma de potenciar el recurso humano”. Ninguna mención mereció el avance de este aspecto por parte del Presidente este año.

El 20 de mayo de 2011 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo que reemplaza la llamada “ley del Cobre” y lo reemplaza por un mecanismo de financiamiento plurianual para las Fuerzas Armadas. Este año el Presidente informó al país que “hemos avanzado en la sustitución de la ley reservada del Cobre”. Pero en realidad el proyecto continúa en su primer trámite en la misma Cámara.

La demora no se debe a falta de trabajo legislativo. Muy por el contrario, el proyecto ha provocado bastante debate entre los legisladores por las implicancias que tendría para la Defensa y el país en general. Porque la propuesta del Gobierno establecería un sistema de definición de gastos generales manteniendo un piso mínimo —equivalente al de 1989 ajustado según IPC—; además de un sistema de gasto plurianual para compra de armamentos también con piso mínimo y un fondo estratégico para adquisiciones de materiales bélicos. Es decir, el proyecto del Ejecutivo mantendría la situación privilegiada de las FF.AA. respecto de otros sectores relevantes del país, cuestión que ha sido cuestionada por algunos congresistas.

Pero además el Presidente informó que el Gobierno enviaría a consulta al Senado la primera “Estrategia de Seguridad y Defensa”. Es curiosa esta acción del gobierno por cuanto la idea de desarrollar esta “Estrategia de Seguridad y Defensa” aparece en el proyecto de ley que actualmente está siendo discutida en el Congreso sobre capacidades estratégicas. Es decir, las autoridades del Ejecutivo están anticipando acciones políticas en un proyecto de ley que ni siquiera el Congreso ha sancionado.

Pero además, este año el Gobierno informó de un giro en la Defensa Nacional. Indicó el Presidente que las fuerzas armadas contribuirían a lo que Pinochet en 1992 llamó la ocupación de las fronteras interiores del país. El Presidente Piñera informó que el Ejército apoyaría el rol del Estado en espacios distantes “mediante el despliegue de sus unidades, fortaleciendo la soberanía, contribuyendo al desarrollo y mejorando la calidad de vida de nuestros compatriotas”. Es decir, se nos anunció que las fuerzas armadas se comprometerían activamente en funciones asociadas al desarrollo interno del país.

Por 20 años se buscó avanzar en la profesionalización de los institutos armados. Se realizaron sustantivas reformas a la Constitución y establecieron pautas para su profesionalización. Hoy vemos un gobierno oscilante, que promete profesionalización, pero que se centra en sus funciones de contribuir al desarrollo; que promete eliminación de privilegios (ley del Cobre), pero que los refuerza en su propuesta de ley; y que se comprometen a reformas importantes (ley de Justicia Militar, profesión militar) pero que no muestran resultados. En síntesis, lentitud y confusión describen a este sector.