Chadwick, la UDI y el legado de Pinochet

Uno de las promesas más difíciles de Piñera, de las tantas que hizo, fue aquella de noviembre de 2009 ante enfervorizados pinochetistas en el Círculo Español, donde dijo textualmente que en su gobierno se iba a preocupar por terminar con lo que llamó “procesos eternos que nunca terminan”, refiriéndose a los juicios por violaciones a Derechos Humanos. Una cerrada ovación acompañó sus palabras. Las explicaciones posteriores del entonces candidato y el silencio que ha mantenido sobre esa promesa hecha por un puñado de votos, no han evitado la arremetida sobre sus palabras.

El grupo de prisioneros de Punta Peuco ha hecho todo lo posible para sacar a relucir sus casos y así cobrarle la palabra a Piñera respecto a la salida jurídica a sus largos juicios. Pero la verdad que el Gobierno no tiene fuerza alguna para cumplir las palabras del actual Presidente en el Círculo Español.

No solamente por la vergüenza internacional que tendría, sino porque el pinochetismo no es un asunto popular en la opinión pública. Hubo otros casos en América Latina donde en efecto se intentaron aplicar soluciones de Punto Final, pero fueron ampliamente rechazadas y en los casos argentinos y uruguayos, los tribunales terminaron retrotrayendo dichas leyes. El propio final político del dictador, evadiendo sus responsabilidades amparado en su demencia senil y el escándalo del Banco Riggs, que perpetuó para la historia su alias de Daniel López, hace más impresentable una solución como la que se prometió en el Círculo Español.

El acto de este 10 de junio en el Caupolicán, al igual que el pasado homenaje a Krassnoff en el Club Providencia y otros actos similares que veremos en el futuro, son parte de la estrategia de un grupo cercano a los condenados por violaciones a los derechos humanos que busca hacer presión sobre el Gobierno y los tomadores de decisión para que se dicte una Ley de Punto Final. Y es por ello que tratan de contextualizar todo lo que ha ocurrido, e incluso olímpicamente negar que hubieran violaciones a los derechos humanos como lo hace Juan González, el vocero de esta arremetida pinochetista, en su amplio despliegue por los medios.

Pero llama la atención, salvo alguna que otra bandera que se ve en esos actos, la distancia que los verdaderos herederos del dictador mantienen de estos esfuerzos del grupo que rodea a los presos de Punta Peuco, entre los que abundan integrantes de los aparatos de seguridad del régimen y solo uno que otro civil.

Esto pasa por el mito que se ha construido de que las violaciones a los derechos humanos fueron parte de un cierto grupo que enloqueció, cometió excesos y no de una política de Estado que la incluía como parte integral de ésta. Un mito que es muy funcional a la UDI: los verdaderos defensores de la herencia del general.

Creer que el autoritarismo existe sin violaciones a los derechos humanos es una ficción que desde Nuremberg en adelante se ha ido desmoronando. La imposición a la sociedad de un cierto canon de país como lo hizo el gobierno militar sin pasar por la validación democrática requiere del puño de hierro con que la DINA torturó, eliminó y exilió a los opositores al régimen. Esto es reconocido en las palabras del propio Jaime Guzmán que en un memorando dirigido a la Junta de Gobierno en los primeros días dice que “el éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto”. Como comprobaron miles de chilenos víctimas de violaciones a los derechos humanos, Guzmán tenía razón.

Esa misma lógica llevó a los jueces de Nuremberg a condenar a varios civiles del régimen nazi que se defendieron diciendo que no les correspondía a ellos rol alguno en el Holocausto y en los crímenes del nazismo.

Por eso llama profundamente la atención del arrepentimiento del actual vocero de Gobierno de haber participado en el gobierno militar. Y por cierto, la crítica de Zalaquett por la realización del acto. Claramente forma parte de esa naturaleza que tiene la UDI de sobrevivir a los momentos donde siente amenazada su razón de ser. Y esta discusión sobre el pinochetismo y los violadores a los derechos humanos, le es extremadamente incómoda.

A diferencia de las dictaduras uruguayas y argentinas, el gobierno de Pinochet se propuso hacer transformaciones profundas a la sociedad, y sin duda que lo logró. Parte también de dicho éxito fue lograr que un movimiento político se constituyera como su heredero, sobreviviera a su derrota en el plebiscito, resultara exitoso en la vida política y mantuviera con destreza y habilidad lo esencial de su modelo. No hay en nuestros vecinos sudamericanos un partido similar.

Como bien dice el documental exhibido en el Caupolicán, la sociedad chilena está llena de herencias de Pinochet. La UDI tuvo la habilidad política de saber defender con los dientes cada una de las transformaciones que pensó su régimen para Chile: desde el sistema binominal que les permite tener poder de veto en las decisiones de la sociedad, a un sistema tributario altamente regresivo y una visión decimonónica de los asuntos privados de las personas adultas, hasta un sistema educacional que perpetúa la segregación económica.

Cada uno de los pocos cambios que se la han hecho a dicho modelo ha sido después de largas contiendas políticas. Pese a que los opositores al régimen militar gobernaron durante 20 años no tuvieron en muchos de los casos suficiente fuerza para realizar modificaciones profundas como lo ha reconocido en variadas ocasiones el ex Presidente Lagos.

Curiosamente cuando más se ve amenazado el modelo es en un gobierno de derecha. Piñera, en parte por su debilidad política y en parte también por una sociedad que evolucionó y a la que ya no le vienen ya con las advertencias sobre la aparente fragilidad democrática, ha logrado lo que 20 años de gobiernos concertacionistas no pudieron: hacer tambalear el canon pinochetista. Probablemente tenga el Presidente bien merecidas las rechiflas que los nostálgicos del autoritarismo le propinaron en el Caupolicán.