Gasto en Defensa… ¿y por qué no en Educación?

Imagine Ud. al ministro de Educación realizando la siguiente propuesta a los estudiantes: “Muchachos, muchachas, pensamos que la educación es tan importante para el país que como gobierno decidimos que el presupuesto de Educación tendrá un piso mínimo. Escucharon bien. Por norma de carácter constitucional no podremos asignar menos de lo que se gastaba en 1989 reajustado según el IPC”. Muy razonable sería asegurar un presupuesto, responderían los incrédulos estudiantes.

“Pero es más —continuaría el ministro. Crearemos un presupuesto plurianual para inversiones y equipamiento. Este fondo lo aprobaremos previa opinión de las comisiones del Congreso y de ustedes mismos. Será un fondo que pensará esta inversión a doce años plazo, y se aprobará cada cuatro años”. ¿Cada cuatro? Suena mejor, indicarán algunos todavía incrédulos muchachos.

“Pero no es todo—insistiría el ministro. También este fondo tendrá un piso mínimo, que será equivalente al 70% de lo gastado en material bélico por Chile entre el año 2006 y 2010. ¿Qué les parece, chiquillos?” ¡Bravo!, dirá más de alguno.

“Pero además—indicará este ministro. Tendremos un fondo de contingencia por si las moscas. Es decir, por si aparece alguna ‘oportunidad’ en el mercado internacional para comprar lápices, útiles escolares y materiales docentes”. Algunos estudiantes saltarían en sus asientos.

Pues bien, esto es lo que aprobó en primer trámite constitucional la Cámara de Diputados, pero no para la educación, sino que para establecer un nuevo mecanismo de financiamiento de la Defensa. El proyecto busca eliminar la famosa “Ley del Cobre”, pero establece un nuevo mecanismo de financiamiento de la Defensa con varias excepciones en relación a otros sectores de la administración pública: pisos mínimos para gastos operacionales, fondo de inversión plurianual y con piso mínimo, y un fondo de contingencia para oportunidades para compra de armas. Lo que en la Ley del Cobre era excepcionalísimo, se confirma parcialmente con esta legislación.

Podríamos discutir si la Defensa es un sector que merece esta excepcionalidad. Pero por el momento convendría advertir algunas cosas. Primero, no parece racional que se mantenga y además se establezcan pisos mínimos antes que ni siquiera las autoridades discutan las necesidades estratégicas del país. Así, estos pisos parecen ser más un “seguro” en contra de eventuales reducciones del gasto, que un análisis ponderado de las reales necesidades de armamento y gasto en Defensa. ¿Qué pasaría si concluimos que las necesidades de armas del país son menores que lo establecido en la planificación estratégica que se pretende hacer?

Segundo, el proyecto lo que hace es limitar el rol del Congreso Nacional en la definición del gasto. Se lo limita al establecer estos pisos. Se lo limita al indicar en el proyecto que el Ministerio de Defensa elaborará las necesidades de inversión “escuchando la opinión” tanto de la Junta de Comandantes en Jefe como de las Comisiones de Defensa y Hacienda del Congreso. El Ejecutivo los escuchará, pero muy bien sabemos que escuchar es eso, “escuchar”.

El Gobierno decidió discutir el proyecto en forma inmediata. Le corresponderá al Senado intentar perfeccionar la norma en muy pocos días. Tendrá que discutir, por ejemplo, el rol del Congreso, la necesidad de esta excepcionalidad y el establecimiento de pisos que no parecen guiarse por criterios técnicos. Todo lo anterior deberá hacerlo en un contexto político marcado por ministros sectoriales que buscan destacar en la carrera presidencial. No cabe duda que se trata de un proyecto emblemático y, por lo mismo, no cabe duda que merecería al menos un debate importante y de fondo sobre mantener (o no) la excepcionalidad del sector Defensa.

De otro modo, los estudiantes ya tendrán lema para la próxima protesta: “Si para Defensa la plurianualidad es una definición, ¿Por qué no en educación?”.